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@AlmaCoLatino
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) es un organismo público internacional, buy de carácter intergubernamental. Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, viagra mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la elaboración de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.
Durante la celebración del foro Iberoamericano de Gestión a la Calidad, Diario Co Latino conversó en exclusiva con Gregorio Montero, Secretario General del CLAD, quien expresó que dicho organismo espera haya continuidad y apoyo por parte de las nuevas autoridades en la modernización del Estado.
– Cuál es el objetivo, y de qué tratará este foro?
El CLAD es un organismo internacional e intergubernamental creado por recomendación de la XXVI Asamblea de las Naciones Unidas en 1971. Durante todo el año, el CLAD despliega una cantidad de actividades por los 21 países miembros, una de esas actividades está dirigida a implementar los documentos estratégicos y doctrinales del CLAD, que son documentos aprobados a través de las distintas instancias.
Seis años después nos volvemos a reunir en El Salvador 17 países miembros del CLAD para analizar los contenidos de la carta, y compartir sus experiencias en relación a lo que ha significado para cada nación la aplicación del contenido de la carta.
Otro de los propósitos es sacar conclusiones que permitan hacer los correctivos necesarios, ya que el objetivo de la carta es orientar a los gobiernos para que adopten modelos de gestión de calidad, a partir de determinados elementos propuestos. Uno de los aspectos es el análisis y replantamiento de los procesos administrativos, pensando en los ciudadanos.
La carta también propone la adopción de lo que se denomina cartas-compromisos ciudadanos, que es un instrumento a través del cual la administración pública se compromete con los ciudadanos a entregarles de manera oportuna servicios de calidad, es una forma del ciudadano de controlar la administración pública.
– ¿Esta carta compromiso es adoptada por todos los países del CLAD?
Hay algunos países que le dan prioridad, por ejemplo aquí en El Salvador, dentro de los modelos adoptados para el establecimiento de su gestión de calidad está el tema de las cartas compromisos, como el análisis y rediseño de los procesos, como también la planificación estratégica, el relevamiento de los recursos que están al servicio del Estado.
Lo más importante en el proceso de administración pública es la gente, es el recurso humano, por eso es que el Gobierno de El Salvador en los últimos años ha estado impulsando una Ley de Función Pública para establecer un sistema de mérito para los trabajadores del Estado.
Un sistema de carrera administrativa pensada en los ciudadanos, donde se le respete la estabilidad a los ciudadanos, donde se reconozca el rol que juegan los sindicatos y que éstos entiendan cual es su responsabilidad con el Estado y con los ciudadanos.
El Salvador aparece como uno de los países donde más impulso ha tenido la modernización de la administración pública desde una perspectiva de gestión de calidad.
– ¿En qué influye, que El Salvador muestre este avance?
Es una voluntad política que se ha puesto de manifiesto a partir del Gobierno del Presidente Funes, también es una interpretación adecuada que ha hecho el Secretario para Asuntos Estratégicos, Francis Hato Hasbún y que ha sido acompañado por un equipo encabezado por el Subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales Carbonell.
Los ciudadanos del siglo XXI le están exigiendo al Estado y a la administración pública eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad de las autoridades de los Gobiernos, eso solo es posible lograrlo si se implementan estos modelos de gestión que se están desarrollando en El Salvador, que el CLAD está impulsando en toda la región.
En El Salvador, los esfuerzos en esta materia son autóctonos, nada es traído de afuera, nada más las experiencias y el Gobierno es el que decide que tomar de referencia y cuáles no le conviene.
Hay que construir el Estado del siglo XXI, que es un Estado de participación ciudadana, transparente, eficiente, transformador y pensado en ciudadanos.
Pensamos que esto es lo que ha movida al Gobierno de El Salvador, y esperamos que haya continuidad a partir de la instalación de las nuevas autoridades gubernamentales, porque al final ahí es donde está el desafío de que se pueda dar continuidad al proceso de transformación del Estado y al desarrollo de los planes y de las políticas públicas.
Este fenómeno que se vive de integración regional permite compartir y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, ver como otros han mejorado la administración pública, satisfacer mejor a los ciudadanos y en función de eso construir en cada país lo que se necesita de acuerdo a las propias realidades que se tienen.
– ¿Cómo califica usted, el hecho que haya enviado a la OIT el anteproyecto de la Función Pública, para que este organismo emitiera sus comentarios y sugerencias?
Esa es una señal incuestionable de querer hacer estos procesos de la mejor manera posible.
Nosotros hemos participado desde el CLAD y hemos dado apoyo a todo el proceso de modernización del Gobierno salvadoreño, pero de una forma muy especial a la aprobación y luego aplicación de la Función Pública.
Esa es una señal de muy buena voluntad, es una señal que se está escuchando a todos los sectores, y ahí radica el éxito de estos procesos de reforma y modernización.
Tenemos que escuchar a todo el mundo, y esa propuesta es perfectible, lo que hoy se tiene como anteproyecto de Ley de la Función Pública, dista mucho de los borradores que se habían preparado antes, porque ese proceso de diálogo y discusión que se creó alrededor de él.
Como había ciertas aprehensiones en algunos sectores sindicales que múltiples motivos no están de acuerdo con la propuesta de Ley, tal vez por falta de conocimiento y otros porque se pudieron llegar a acomodarse con el desorden existente.
Esta opinión de la OIT viene a calmar y probablemente a hacer entender a algunos sectores sindicales, ya que la OIT jamás va apoyar una pieza legislativa en ningún país del mundo que atente contra la estabilidad sindical y contra los derechos laborales.
Fue un gran paso del Gobierno remitir esta propuesta a la OIT como un organismo garantista de la organización sindical en todo el mundo y también de los derechos laborales.
La OIT señala que la Ley se ciñe a los principios que enarbola este principio internacional y que hace parte de los principios de la administración pública.
El CLAD felicita al Gobierno por tomar esta iniciativa, y esperamos que algunos de los sindicatos que se han estado oponiendo y cuestionando algunos contenidos de la Ley, que ahora vean la opinión técnica de la OIT, a fin de que modifiquen su opinión y se integren a la discusión.
Esperamos que la Ley sometida lo más pronto posible a la Asamblea Legislativa para que inicie el proceso de discusión y análisis, ya que esto requiere un proceso de maduración porque esto es una decisión política y los responsables son los poderes del Estado, no los técnicos de la administración pública.
– El informe de la OIT dice que es un anteproyecto de Ley muy completo, positiva y que se apega a las normas y convenios internacionales del trabajo, ¿qué opinión le merece?
Desde el CLAD evaluamos esta propuesta de Ley, dimos nuestra valoración e hicimos algunas observaciones, las cuales fueron incorporadas.
Esta ley de la función pública es una elaboración de la sociedad salvadoreña representada en sus distintos sectores. Esta propuesta de Ley se ciñe a los principios de la carta Iberoamericana de la Función Pública, todo en función del mérito.
Por otro lado, se plantea la capacitación de los empleados públicos, El Salvador es uno de los pocos países en la región que no tiene un instituto o escuela para formar a los funcionarios públicos, sino tenemos una escuela, no hay desarrollo sustentable del país.
El tema del ascenso en la carrera administrativa es un derecho legítimo de todo trabajador público verse en cinco o diez años en una posición de jerarquía. Pero está también la evaluación del desempeño del empleado público, quien debe ser evaluado periódicamente y eso debe determinar su permanencia o no en el ejercicio de los cargos públicos.
A veces no se evalúa a los empleados para no tener que revisar el tema de la política salarial, no puede ser que los salarios en la administración pública se sigan asignando en función de criterios clientelarios y criterios personales, a cada quien hay que pagarle en función de lo que aporta.
La OIT dice que este es un proyecto moderno, innovador, que recoge las últimas corrientes del pensamiento administrativo y se orienta en la experiencia de otros países.
Sin personas capaces y honestas desempeñando cargos públicos no vamos a alcanzar el desarrollo que tanto deseamos y nos merecemos. Esta propuesta de ley está desarrollada sobre bases científicas, técnicas y jurídicas solidas en respeto al Estado de derecho, al Estado social y al Estado democrático.
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