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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hemos acusado a Guillermo García en diferentes casos de graves de violaciones a derechos humanos como un criminal de guerra y un criminal de lesa humanidad. Y, a 7 años de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, lo que tenemos son tribunales tímidos y una Fiscalía que se niega a investigar la cadena de mando hacia arriba”, dijo David Morales, abogado de CRISTOSAL.
“Nuestras acusaciones, querellas y denuncias en casos de guerra, que estamos demandando son en nombre de las víctimas, porque se aplique justicia. Estamos pidiendo para las víctimas -lo que ellos- (militares) no les dieron un juicio justo, porque los condenaron a muerte, a la tortura y la desaparición”, expresó Morales.
Las organizaciones: CRISTOSAL, Fundación Comunicándonos, ASDEHU, Pro Búsqueda y COPPES realizaron un conversatorio sobre casos emblemáticos de graves abusos a los derechos humanos en la década de los años ochenta. El general Guillermo García y el aparato de poder militar que tuvo a cargo lo implican en crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
Sobre el perfil del militar, Irene Gómez, abogada de CRISTOSAL, manifestó que José Guillermo García ingresó a la Escuela Militar en 1953, que perteneció a la Tanda (grupo militar también conococida como La Tandonana) de 1956 de la Fuerza Armada de El Salvador, reconocida como la más “sanguinaria” según la historia del país.
“Fue ascendido a coronel el 31 de diciembre de 1977, Ministro de la Defensa (1979 -1983) y luego ascendido como general en 1981, posterior a la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Y durante el período que ejerció su cargo como ministro de la Defensa y Seguridad Púbica, se logró documentar un aproximado de 41 masacres perpetradas por la Fuerza Armada bajo su cargo”, señaló.
“De esas masacres y desapariciones forzadas están: La masacre de El Mozote y lugares aledaños; masacre de El Calabozo y lugares aledaños; la emboscada a los 4 periodistas holandeses; y la masacre de la Guinda de Mayo, según el peritaje de la doctora Terry Lynn Karl, sobre documentos desclasificados de los Estados Unidos”, afirmó Gómez.
Sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños, reiteró Gómez, el exministro de la Defensa Guillermo García ejercía un “papel de autoridad y control sobre la Junta Revolucionaria de Gobierno”, lo que permitió tener el total dominio sobre los asuntos militares.
En cuanto a la “cadena de mando”, David Morales agregó que ese “liderazgo y jefatura” de la Fuerza Armada, en esa época, le permitió al genral García contar con “un aparato de poder criminal”, es decir, una fuerte estructura institucional que abarcaba todo el territorio nacional.
“La estructura institucional es muy poderosa, con recursos grandes de fondos públicos y en ese momento con ayuda militar (extranjera) fue utilizada por Guillermo García y su Alto Mando, con fines de perpetrar violencia política extrema, como masacres, desapariciones forzadas, política generalizada de torturas, ejecuciones extralegales, funcionamiento a nivel nacional y Escuadrones de la Muerte”, explicó.
“Guillermo García, como ministro de la Defensa, y su Alto Mando, tomaban todas las decisiones relacionadas a las actividades militares y la Junta de Gobierno no tenía la capacidad de tomar ningún tipo de decisión en asuntos militares. De esta manera García se erigía de facto de comandante general de las Fuerzas Armadas, apoyado por un viceministro, Adolfo Castillo, y el Jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, ambos acusados por la Masacre de El Mozote, que por retardarse tanto la justicia estos ya fallecieron, sin ser enjuiciados”, reafirmó Morales.
Mientras, en el caso de los cuatro periodistas holandeses asesinados en 1982, Pedro Cruz, abogado de ISDEHU, señaló que este caso es “paradigmático”, sobre la modalidad en que ejercían la “ilegalidad delictiva”, en donde el aparato de Estado, totalmente organizado neutralizaba o perseguía a quienes consideraban sus enemigos.
“Se ha explicado muy ampliamente como trabaja ese aparato, y que en los primeros años de la guerra hubo el control férreo que tenían, según los informes de la estructura de mando. Y si bien, el caso de los periodistas holandeses no se encuentra dentro de la modalidad -tierra arrasada- o de exterminio de comunidades, este caso se encuentra en la modalidad de neutralizar información que pudiera afectar intereses políticos del gobierno de la época”, reseñó Cruz.
“Aquí adquiere relevancia el liderazgo de García y el Alto Mando, con los periodistas holandeses que ya habían hecho un reportaje muy interesante en donde expusieron con claridad al mundo entero la existencia de presos políticos capturados de manera arbitraria, injusta y torturados, y no porque hubieran cometido delitos, sino por acallar las voces disidentes del gobierno de la época”, acotó.
El conflicto de García en el caso de los 4 periodistas holandeses, se dio cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno, que presentaba informes sobre sus esfuerzos de respeto de derechos humanos, que no había presos políticos y que iban apartar malos elementos del ejército, se vio expuesta que era una falsedad, lo que influyó a nivel internacional en la imagen de país para la cooperación.
Igualmente, Helí Hernández, abogado de Asociación Pro Búsqueda, señaló el caso de las desapariciones forzadas de la niñez salvadoreña, en la Guinda de Mayo, que tuvo su caso emblemático con las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, cuya condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el año 2005, el Estado salvadoreño, aún está en deuda.
La demora de la investigación de los casos, la aplicación de justicia y el cumplimiento de deberes y responsabilidades constitucionales e internacionales sobre instrumentos y leyes de derechos humanos, convierten la impunidad en una estructura de protección de los perpetradores de estos hechos graves a los derechos de la población.
“Durante el conflicto armado la niñez desaparecida fue en la masacre de El Mozote y sitios aledaños 16 niñas y 8 niños (24 casos); de la Guinda de Mayo, son 27 niñas y 27 niños (56 casos) de la masacre de El Calabozo y lugares aledaños 6 niñas y 6 niños (12 casos)”, detalló Hernández.
Y sobre el caso de capturas y torturas de presos políticos, Oscar Garza de COPPES, señaló, que luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, (CSJ) pudieron presentar 12 demandas sobre estos abusos de sus compañeros.
“Como sobreviviente de la tortura responsabilizamos al exministro de la defensa, cuando estuvimos capturados fue Guillermo García, responsable directo sobre innumerables crímenes cometidos durante el período 1980 1983”, afirmó.
“Junto a él, gente como Vides Casanova que era director de la Guardia Nacional y Francisco Morán, director de la Policía de Hacienda y López Nuila que ahora es director de una universidad privada. Son 11 compañeros , entre ellos Héctor Recinos que también desaparecieron a su esposa e hija de 13 años. También Rolando Ernesto Morales, Rafael Martínez Segura y yo, quienes hemos presentado demandas ante la Fiscalía por crímenes de guerra y torturas”, puntualizó.
