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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estos son síntomas de una democracia que está siendo debilitada y de instituciones que no están trabajando de manera autónoma e independiente”, dijo Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista (SSPAS), al referirse a las más de 6 mil 400 víctimas ocurridas en el marco del régirmen de excepción, que ha suspendido derechos fundamentales de la población.
“Desde el SSPAS podemos compartir, y otras organizaciones también, estos signos de violación a los derechos humanos, de políticas altamente represivas que priorizan el castigo y la detención masiva de personas, antes que la prevención de la violencia”, afirmó Reyna.
“Un Estado que no necesariamente da atención a las víctimas y mucho menos la rehabilitación de personas que han cometido delitos; estas son características de Estados autoritarios, que buscan controlar y abordar los problemas desde un ejercicio abusivo del poder, y que generan violencia”, reiteró Reyna.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos: IDHUCA, SSPAS, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AZO, CRISTOSAL, AMATE Y FESPAD, presentaron el informe “Actualización de Casos de Violaciones a Derechos Humanos en el marco de Régimen de Excepción”, que destacan la recepción de 6 mil 426 denuncias interpuestas por familiares o personas afectadas directamente.
“La mayoría de las personas vulneradas son jóvenes entre los 19 y 30 años representando el 52.2%. También reportaron tres casos alarmantes
correspondientes a niños entre cero y 12 años”, señaló.
La mayor parte de las víctimas sufrió detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso (6,054), allanamiento de morada (1,823), tratos crueles o inhumanos (876), amenazas (584), desaparición forzada (356) u hostigamiento (305), agregó Reyna.
27 meses de Estado de Excepción
La directora del SSPAS comentó que en la actualización del registro de denuncias de las organizaciones de derechos humanos, pudieron constatar que la Policía Nacional Civil (PNC) es ahora quien “comete más hechos de desplazamiento forzados internos”, lo que antes fue una característica de las pandillas, quienes generaban esa violencia bajo amenazas contra la población.
“En el marco del Estado de excepción la policía se ha convertido en uno de los principales agresores. Esos son síntomas de democracias que están siendo debilitadas y de instituciones que no están trabajando de manera autónoma e independiente”, afirmó.
“Este supuesto modelo de seguridad que se quiere vender hacia afuera e internacionalmente como un -modelo exitoso-, que ha logrado desmontar la violencia de las pandillas, pero realmente está fundamentado en la concentración absoluta del poder, la falta de controles por parte del Estado y la violación sistemática de derechos humanos”, argumentó Reyna
Reyna lamentó que otros países como: Ecuador, Argentina y Honduras, quieran replicar en sus políticas de seguridad ciudadana elementos del “modelo Bukele”, que descalificó de inmediato por ser agresivos e impunes con la población inocente.
“Nosotros advertimos como organizaciones de derechos humanos nacionales y otras internacionales que este “modelo Bukele” más que exitoso, lo que busca es un mecanismo cuya estrategia es desmontar la democracia, concentrar el poder y el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado”, alegó Reyna.
Y que igualmente, se suma a un “panaorama complicado”, que fue denunciado por las organizaciones en abril pasado, cuando presentaron su Informe a 2 años del régimen de excepción. Establecimiento que se utiliza el régimen de excepción no para la persecución y encarcelamiento de la “supuesta guerra contra las pandillas”, indicó Reyna.
El Régimen también se utiliza como “herramienta de amenaza”, que ha llegado a la criminalización de otros sectores que defienden derechos humanos, agregó.
“Se persigue al movimiento sindical, vendedores informales con locales en el centro de San Salvador y personas que fueron despojadas de sus tierras por grandes inversiones extranjeras con proyectos económicos, que requieren de esas tierras, y se les amenaza con el régimen de excepción”, expresó.
“El régimen de excepción es el mecanismo que les permite cumplir con sus objetivos, pero violentando los derechos de la población desde otra visión más allá del combate a la delincuencia. Esto nos preocupa porque creemos que son signos de autoritarismo. Pero seguiremos denunciando cómo este régimen de excepción busca ir más allá del combate a las pandillas y ser un instrumento de amenaza y criminalización”, reafirmó Reyna.
Jóvenes y adultos los más violentados con el régimen
Natalie Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, informó que jóvenes y adultos (19 a 59 años), representan el 87% , respecto al total de personas vulneradas en los 27 meses de vigencia del régimen de excepción. Entre ellos se han reportado 128 víctimas entre niñez y adolescencia (0-18 años) que alcanza un porcentaje del 3.39%
“Asimismo, en los allanamientos estos representan el 28.4%, y los tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas representan el 13.6% total de las víctimas”, acotó.
“Y ¿Quiénes son los perpetradores de estos hechos violatorios?, en primer lugar, con un 75%, lo ha cometido la Policía Nacional Civil, y un 15% lo representa tanto la PNC como las Fuerzas Armadas, un 15% FAES, 7%, PNC y otros agentes el 0.1%”. Y un 13% personal de las fuerzas armadas”, añadió Paz.
Dentro de este orden de información, mencionó que CRISTOSAL reportó un total de 265 personas que perdieron la vida bajo la tutela del Estado salvadoreño. De estas muertes se encuentran 3 niñas recién nacidas y 1 niño en gestación. Sobre estos casos 13 eran estudiantes, (93% hombres) y 7% (mujeres), y que el 40% de las víctimas tenían una edad entre los 18 a 35 años de edad.
Sobre el fenómeno del “desplazamiento forzado interno” las organizaciones de derechos humanos reportan un estimado de 985 víctimas en lo que va del régimen de excepción, según sus reportes hasta el 30 de junio del presente año.
San Salvador con mayor cantidad de víctimas
Jorgé Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), del IDHUCA, manifestó que el departamento de San Salvador representa el área con mayor cantidad de víctimas, las cuales engloban al 38%, que suman las 2,470 denuncias de víctimas.
“A este departamento se suma La Libertad, con un 11% del total de cantidad de víctimas, Sonsonate con 625 víctimas que hacen el 10% del total de personas violentadas en lo que va el régimen de excepción. “Y en los lugares en donde ocurrió la vulneración identificamos: la vivienda con 2,679 casos (41.69%), vía pública con 1,319 casos (20.53%), lugar de trabajo con 730 denuncias (11.36%), lugar de esparcimiento 72 casos (1.12%) y delegación 65 casos (1.01%)”, señaló Rodríguez. Otros lugares identificados por las organizaciones de derechos humanos, en donde ocurrieron estos hechos violatorios a la población fueron en : oficinas de instituciones públicas, centros educativos, aeropuertos , centros de atención médica, retenes policiales, así como centros de atención a víctimas.
Las organizaciones IDHUCA, SSPAS, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AZO, CRISTOSAL, AMATE Y FESPAD hicieron un llamado al Estado para que responda a estas denuncias, brindando justicia y reparación a las familias de las personas fallecidas y a quienes fueron encarcelados injustamente.
Además, exigieron que se garantice el derecho a un proceso justo para las personas detenidas y generar condiciones adecuadas para personas de la diversidad sexual, mujeres, personas con discapacidades y personas enfermas.
