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Yanuario Gómez
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad y los titulares del Ministerio Público, con el fin de conocer necesidades y propuestas para mejorar el combate a la delincuencia en el país.
La reunión a puerta cerrada permitió a entidades del Estado analizar las estrategias implementadas, como también buscar alternativas para fortalecer el tema de seguridad para el país.
Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, rindió un informe detallado de la situación de violencia que se vive en este momento. Como las acciones que se están realizando para controlar el incremento de homicidios de las últimas semanas.
Landaverde agregó que seguirán con el trabajo desarrollado, incrementando las acciones en contra de cabecillas responsables del incremento de homicidios, también manifestó que fortalecerá la parte investigativa y agilizará las herramientas legales que ya están en la Asamblea Legislativa.
El ministro precisó que la situación de violencia en el país requiere de más unión de parte de todos los sectores y entidades del Estado, “pedimos la necesidad de apostarle al fortalecimiento de la investigación, de parte de los diputados de la Asamblea, tienen que poner de su parte para aprobar normativas necesarias, lo cual hubo un compromiso”, dijo Ramírez Landaverde.
En el mismo orden, el titular de Justicia y Seguridad precisó en la importancia de aprobar el préstamo por $100 millones pendiente de aprobación en el Palacio Legislativo ya que con ello se tendrían recursos suficientes para dotar a la Policía Nacional Civil de mejores y mayores herramientas en el combate a la delincuencia.
“La consecución de este crédito servirá para la compra de 2 mil vehículos, construcción de sedes policiales, construcción de un laboratorio científico, entre otras cosas”, añadió.
Actualmente, está en estudio la Ley del Sistema Nacional de Prevención y el proyecto de reformas que buscan brindar protección personal de instituciones encargadas de enfrentar al crimen. Iniciativas que fueron solicitadas por el Ejecutivo para su pronta aprobación.
Douglas Meléndez, titular de la Fiscalía General de la República, precisó en el fortalecimiento del Sistema de Protección de Testigos, control de territorios por parte de la PNC y la necesidad de que las empresas privadas de seguridad contribuyan en el combate a la criminalidad, ya que se benefician de ella.
Sobre la protección de víctimas y testigos, el fiscal aseguró que el sistema actual está abarrotado y no da abasto, por lo que es necesario fortalecer a través de un refuerzo presupuestario, “tenemos que tener una oficina fortalecida y capaz para proteger a las víctimas y testigos”, explicó.
“Las empresas privadas también deben involucrarse de lleno para combatir la delincuencia. Principalmente las empresas de seguridad privada que han hecho de la inseguridad un gran negocio”, dijo Meléndez.
Según el titular del Ministerio Público, las empresas de este rubro podrían contribuir de diferentes maneras ya sea con aportes económicos, de información y hasta con el Ejército que poseen estas instituciones.
El fiscal pidió que se realicen reformas a la Ley de Escuchas Telefónicas para proteger más a los elementos de seguridad, “que se nos permita transferir cualquier información sobre esto”.
Roger Blandino Nerio, diputado del FMLN, apoyó la petición del ministro de Justicia y Seguridad para aprobar el préstamo por $100 millones que “serán orientados para fortalecer y desarrollar el laboratorio científico técnico policial, así como el desarrollo de nuevas sedes policiales”.
El legislador, además, indicó que en la reunión se reflexionó sobre la necesidad de avanzar en el control territorial para ir cerrando los espacios a la criminalidad.
La reunión se da en momentos en que algunos sectores sociales critican el accionar de unos partidos políticos como ARENA que están utilizando el tema de seguridad como una batalla electoral, hablando mal del trabajo que realiza el Gobierno de turno, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Puesto que dicha entidad política critica las iniciativas pero no apoya con sus votos el fortalecimiento de áreas de seguridad.
