Por Paula Carrillo/Bogotá/AFP
El presidente Juan Manuel Santos pedirá este viernes perdón en nombre del Estado colombiano por la desaparición de ciudadanos tras la sangrienta recuperación militar del Palacio de Justicia, recipe tomado por guerrilleros hace tres décadas.
El mandatario encabezará «un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado por los hechos», healing que dejaron un centenar de muertos -incluidos 11 magistrados- y 10 desaparecidos, informó la Presidencia en un comunicado.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.
En el evento de este viernes, previsto para las 10H30 locales (17H30 GMT) en el reconstruido Palacio de Justicia, asistirán entre fuertes medidas de seguridad familiares de desaparecidos, magistrados, exguerrilleros del M-19 -como el alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, y el actual senador Antonio Navarro-, y miembros del gabinete de Santos, como el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuyo padre pereció durante la retoma, entre otros.
Santos cumplirá así una medida de reparación ordenada el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró que en el accionar de la fuerza pública «existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas» sospechosas de colaborar con el M-19, que dejó las armas en 1990.
La Corte IDH responsabilizó entonces al Estado por la desaparición de empleados de la cafetería del edificio, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.
Según la presidencia, el Estado colombiano no sólo respeta sus obligaciones internacionales, sino que busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y llamar a la sociedad para que hechos así no se repitan, por lo que el gobierno enmarcó este acto en el compromiso con «la búsqueda de la paz y la reconciliación».
El gobierno de Santos, que busca poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, sostiene diálogos de paz desde hace tres años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antiguo grupo insurgente del país.
«Simbólico pero insuficiente»
Para el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Frederic Massé, experto en resolución de conflictos y negociaciones de paz, «es simbólico que el presidente pida perdón para las víctimas», pese a que Santos no fue directo responsable de lo ocurrido.
Sin embargo, consultado por la AFP se preguntó «hasta qué punto, sin el fallo (de la Corte IDH), este pronunciamiento se hubiera hecho».
«Pedir perdón es insuficiente (…) porque todavía hay algunas zonas grises» sobre la verdad de lo sucedido, dijo.
Con el aniversario en ciernes, Betancur, quien ha guardado silencio sobre la emblemática matanza durante décadas, también pidió disculpas por lo ocurrido.
«Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas», dijo en un acto público esta semana.
Para esclarecer lo que pasó, la Fiscalía aún realiza exhumaciones de restos humanos sin identificar y sostiene un proceso sobre el caso, durante el cual se llama a declarar en calidad de testigos a ministros de Betancur.
Los convocados son Jaime Castro, Enrique Parejo, y Noemí Sanín, extitulares de las carteras de Gobierno, Justicia y Comunicaciones, respectivamente.
Algunos de quienes lideraron esta operación, como el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, están detenidos y otros aún están siendo investigados.
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