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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos señalaron que, a 32 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, el Estado continúa utilizando el Órgano Judicial para proteger a los criminales de guerra y lesa humanidad, estancando e instrumentalizando la justicia transicional para mantener ese muro infranqueable.
Exigieron procesos de investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables de las graves violaciones ocurridas en el conflicto armado, así como la reparación integral de los miles de víctimas.
David Ortiz, colaborador de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, dijo que existió una búsqueda permanente por quienes controlan el poder, para garantizar la impunidad por medio de diferentes medidas, siendo la principal la Ley de Amnistía General aprobada el 20 de marzo de 1993, apenas cinco días después que se publicó el informe.
“La constante en la historia ha sido la impunidad, un ejemplo ilustrativo es la masacre de 1932 donde cientos de personas fueron masacradas por el ejército en diferentes partes del occidente del país; a casi 100 años no ha existido ninguna investigación, enjuiciamiento o castigo para los responsables”, manifestó.
Además, señaló que la búsqueda de la impunidad pretende dejar sin castigo a los actores directos y a los financistas que alimentaban el aparato organizado de poder que masacró, torturó y desapareció a miles de personas.
Recalcó que actualmente el país sigue controlado por las mismas élites políticas y económicas, que han usado el Estado para enriquecerse en detrimento de garantizar los derechos humanos de la población.
Ortiz reiteró que el país ha tenido graves retrocesos democráticos, la eliminación de facto de la división de poderes, el aumento visible de la corrupción, cierre de espacios de contraloría ciudadana, acelerado proceso de militarización, persecución de defensores de derechos humanos y criminalización de las voces disidentes del discurso oficial.
“En El Salvador está prohibido cualquier discurso público que no respalde las ideas del gobierno. Para eso sirve principalmente el Régimen de Excepción”, expresó.
Miguel Montenegro, director de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, indicó que durante el conflicto armado se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, sin embargo, esa situación continua con el actual gobierno.
“Cerrar todas las posibilidades de hacer justicia y reparación para las víctimas se ha venido a sumar con los hechos que hoy vivimos, porque no ha habido respuesta, al contrario, se ha mantenido la impunidad y seguimos viviendo con la impunidad y esto se ha demostrado cuando la Asamblea Legislativa, la Ley de Justicia Transicional que se presentó no fue aprobada sino engavetada”, externó.
Calificó de injusto que el gobierno ignore las peticiones de las víctimas quienes han perdido sus seres queridos durante el conflicto armado, asesinados y desaparecidos, además, no cumplió con lo ofrecido durante la campaña electoral.
Para Montenegro, el hecho de no cumplirle a las víctimas demuestra que por el momento el gobierno quiere mantener la impunidad, ignora la democracia misma en el país, eso ha llevado a que en la actualidad se sumen estas situaciones con acciones contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y contra varios sectores del país quienes han denunciado estas violaciones.
“El irrespeto contundente a las normativas internacionales de derechos humanos es una realidad, al no acatar también las recomendaciones de grupos de las Naciones Unidas y la Comisión, también demuestra totalmente que no requiere ningún compromiso, sino ignora los derechos humanos”, aseguró.
Sostuvo que cuando ingresó este gobierno en el 2019 marcó muchos hechos los cuales atentaron contra la democracia, uno fue la destitución del fiscal general de la República, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es de mucho en un país democrático con un claro respeto e independencia de los órganos del Estado.
Conmemoración Marianella
En conmemoración del 42° aniversario del asesinato y martirio de la defensora de derechos humanos, Marianella García Villas, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), junto a víctimas del conflicto armado y organizaciones de la sociedad civil desarrollaron un conversatorio sobre los desafíos de la realidad nacional y brindaron testimonios sobre la vida y obra de Marianella como defensora de los más pobres y vulnerables.
La defensora y abogada Marianella García Villas fue asesinada mientras investigaba sobre el uso de químicos como el fósforo y el napalm por parte del ejército en contra de la población civil en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador.
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