Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Se puede pensar que el Examen Periódico Universal es algo de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, pero no, el EPU tiene que ver con la vida concreta de la ciudadanía”, explicó Héctor Carrillo, director de FESPAD.
El Examen Periódico Universal (EPU) se trata de un mecanismo implementado por la Organización de las Naciones Unidas, nacido de la Asamblea General de la ONU (resolución 60/251), aprobado el 15 de marzo de 2006, que dio vida al Consejo de Derechos Humanos (CDH), la que realiza estas evaluaciones.
Y es así como la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, la Unidad Ecológica Salvadoreña, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Asociación de Estudiantes de Derecho “Roque Dalton” retoman el tema.
Y Junto a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Vía Campesina y FESPAD realizaron diversos análisis sobre las recomendaciones anteriores del EPU (2019), a inicio del actual gobierno, que deberá presentar su informe de cumplimiento a dichas sugerencias.
El Consejo de Derechos Humanos o CDH es responsable de la promoción y el respeto universal de todos los derechos humanos, así como sus libertades fundamentales de las personas, sin distinción de ningún tipo de manera justa y equitativa, que examina a los 193 Estados miembros de la ONU.
“El EPU, por estar dentro del Sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, a cargo del CDH, es algo que nos imcumbe a todos y todas, por los temas que abordan como: vivienda, salud, derechos laborales, medio ambiente y cultura, que no están aislados o fuera de la realidad de la población”, señaló.
“Son temas de actualidad ¿quiénes tenemos viviendas adecuadas? o el acceso a la salud, o en qué medida hay una vejez protegida económica y socialmente, eso lo necesitamos saber cuando presente el gobierno su informe”, sostuvo Carrillo.
En cuanto el mecanismo de evaluación, el CDH nombra a tres Estados miembros que llaman “troika”, elegidos al azar, que evalúan a un Estado y luego emiten una serie de “recomendaciones”, que deben cumplirse.
No obstante, el Estado evaluado puede optar por “aceptar” las recomendaciones, asumiendo el compromiso de cumplirlas, pero también puede expresar que “toma nota”, lo que significa que no existirá ningún compromiso del Estado de aplicarlas, aunque queden registradas en el proceso de evaluación.
En el Tercer Ciclo de Evaluación del EPU, el CDH escogió a Barkina Faso, Japón y México, como el grupo evaluador de Estado salvadoreño, realizado el 4 de noviembre de 2019, que emitió 207 recomendaciones, de las cuales aceptó 152 y las restantes 55 tomó nota.
La verificación del cumplimiento de las 152 recomendaciones, emanadas por el EPU, en 2019, al Estado salvadoreño, se conocerán públicamente cuando el próximo mes de octubre el Estado salvadoreño entregue su informe de cumplimiento.
Héctor Carrillo consideró que era importante no sólo para las organizaciones sociales , sino también para la población conocer qué medidas y garantías ha cumplido el Estado salvadoreño, en estos cinco años, para garantizar y salvaguardar los derechos de la población.
“Las últimas recomendaciones del EPU coinciden con la entrada de la actual administración, es como una línea base de cómo estaba El Salvador cuando comenzó este gobierno y como está ahora. Sería interesante para la ciudadanía y el gobierno también, examinar estas recomendaciones y explicar qué han hecho y que no”, argumentó Carrillo.
“Y esto tiene que ver con el contenido del artículo 1 de la Constitución de la República, sobre el origen y el fin del Estado, que es la persona humana, a quién garantiza seguridad jurídica, justicia y el bien común, derechos fundamentales, aunque no sabemos si ese artículo dirá eso después, pero esa será otra discusión”, expresó Carrillo.
Carrillo rechaza que el interés de las organizaciones sociales con respecto al EPU es tratar de “degastar al gobierno”, sino de fiscalizar y supervisar la gestión pública, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, como debe inferirse en un Estado de Derecho.
“Ya que pronto termine esta administración (Nayib Bukele) la ciudadanía tendrá que analizar si se ha avanzado por el camino correcto o no; pero sobre todo, poder identificar ¿cuál es la agenda que se debe impulsar desde la sociedad civil ? , a fin de transformar realmente este país con justicia social para todos y todas”, puntualizó Carrillo.
