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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, envió una carta abierta al presidente de la República, Nayib Bukele, donde señala que las acciones implementadas por el Estado salvadoreño para frenar la ola de violencia, hasta el momento dan lugar a serias preocupaciones, como el Régimen de Excepción, ya que contraviene normas internacionales de derechos humanos.
Suspender derechos que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, no pueden ser restringidos ni aun en caso de Estado de Excepción, tales como elementos del debido proceso y las garantías judiciales, incluyendo el derecho a conocer las razones de la detención, así como a la defensa en el proceso penal, entre otros.
Esto impide a las personas detenidas impugnar eficazmente las acusaciones en su contra y gozar de un juicio justo, lo cual es inaceptable y contraviene garantías fundamentales de los derechos humanos, a la vez que podría negar a las víctimas de la violencia criminal su derecho de acceso a la justicia. El decreto omite señalar las razones por las cuales la suspensión de garantías constitucionales por 30 días sería la medida idónea, proporcional y necesaria para solucionar un problema de seguridad pública.
“La suspensión de las garantías judiciales de las personas detenidas, que ya ha generado denuncias públicas, así como los alarmantes pronunciamientos que usted ha realizado en redes sociales, amenazando con someter a dichas personas a malos tratos, hacen pensar que, lejos de ser una medida idónea, se trata de una medida de castigo al margen de la legalidad”, indicó Guevara en la carta.
Asimismo, el Régimen de Excepción ha venido acompañado de un discurso presidencial confrontativo que estigmatiza y ataca a las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación independientes, por el simple hecho de expresar preocupaciones o críticas sobre las medidas adoptadas estos días.
Amnistía Internacional consideró que muchas de las reformas a varias leyes por la Asamblea Legislativa el pasado 30 de marzo, son violatorias de los derechos humanos, entre las más preocupantes está la restricción a los derechos al debido proceso y a un juicio justo, indispensables en un Estado de Derecho.
A través de reformas a leyes como el Código Penal y el Código Procesal Penal, entre otras, se cancelaron los efectos de declaración de rebeldía cuando la persona sea acusada de pertenencia a una pandilla, pudiendo continuar el juicio y emitirse una sentencia, sin la presencia de la persona imputada en el mismo, todo juicio en ausencia es per se injusto, salvo algunas pocas excepciones que no se dan en el caso.
Se eliminó el límite a la prisión preventiva o detención provisional en caso de que la sentencia no haya sido dictada en el tiempo que establece la ley, de tal manera que una persona puede quedar privada de su libertad, a la espera de una decisión y sin que se haya comprobado su culpabilidad.
Además, se estableció que la prisión preventiva no sea modificable, y permitió que los juicios se lleven a cabo desconociendo la identidad de juezas y jueces, circunstancia que fue observada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CID), desde hace muchos años atrás.
“A la organización le preocupa que en lugar de un relevo gradual y ordenado de la participación de las fuerzas armadas, en labores de seguridad pública y el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional Civil (PNC), se siga observando una marcada preferencia hacia la militarización de la seguridad pública, que ha fracasado en todos los países y ha agravado el contexto de violaciones de derechos humanos”, reza el documento.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas pidió al Estado salvadoreño revisar el Decreto N° 333/2022, que viola numerosos derechos humanos; así como analizar las reformas legales aprobadas el día 30 de marzo que violan derechos relativos al debido proceso y las garantías judiciales fundamentales.
Además, es necesario garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entre los que destacan el derecho a la integridad personal, y no ser sometidos a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; también, que el uso del cuerpo militar se mantenga como una medida extraordinaria, a fin de que sus actuaciones se ajustan plenamente a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego.
Amnistía Internacional solicitó que se publique a la mayor brevedad el Plan de Control Territorial con el fin de transparentar las medidas adoptadas por el gobierno; además, establecer un diálogo de alto nivel, formal y público entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, para lograr acuerdos y establecer políticas públicas que respeten los derechos humanos.
La organización le recordó al presidente Bukele que en junio de 2019, semanas después de tomar posesión del cargo, se reunió con una delegación de Amnistía Internacional, con la que se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad pública con una perspectiva de derechos humanos, e instalar una Mesa Interministerial con Amnistía Internacional para abordar los principales retos en la materia.
