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El pasado fin de semana fue uno de los más violentos en El Salvador. Al menos 80 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, presuntamente por miembros de pandillas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), a través de un comunicado rechazó esta situación y se solidarizó con las familias víctimas y comunidades, y con toda la población que sufre esta criminalidad.
“Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia”, citan en el documento el CEJIL, que además hace un recuerdo de cómo el presidente de la República solicitó a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción y ésta lo aprobó, por 30 días, dejando al descubierto la suspensión de garantías constitucionales.
Entre las que destacan el derecho de asociación y reunión, la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial, y más preocupante aun, derechos procesales básicos como a ser informado de las causas de la detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y a contar con la defensa técnica de un abogado/a, entre otros.
En la actualidad, el país ya vive bajo un gobierno que abusa de su poder, hace uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, hay acoso y vigilancia a periodistas y defensores de derechos humanos, agrega.
Por lo que para el CEJIL asegura que “esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”.
Mientras que la Constitución de El Salvador permite los estados de excepción en caso de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia interpretado que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos.
En estos casos, el deber del Estado es hacer un uso eficiente de las leyes existentes y las instituciones establecidas para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia, señala el documento.
El gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública.
Y a pesar de la necesidad de generar un debate público sobre la actual situación de seguridad ciudadana, el gobierno de El Salvador ha emprendido una campaña mediática contra organizaciones de la sociedad civil que incluye el hostigamiento directo desde las redes del propio presidente Nayib Bukele.
“Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad”, añaden.
