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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Abogados representantes de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ASCOES), recalcaron ayer que los integrantes de la Sala de lo Constitucional siguen cayendo en la violación de la Carta Magna y en una innumerable cantidad de contradicciones jurídicas a medida que se incrementan sus sentencias alejadas del texto constitucional.
“Ese Estado constitucional de derecho en donde todo se regula a través de la Constitución y sus derivados en este momento está en seria cuestión. Es decir, estamos en un punto en donde el Estado de derecho se mueve en arenas movedizas, y el nombre es por pura casualidad. Es arenas movedizas porque ahí está descansando el Estado democrático constitucional de derecho”, manifestó anoche Rogelio Canales, presidente de ASCOES, en entrevistsa con canal 29 Gentevé.
Según Óscar Gilberto Canjura, integrante del gremio de constitucionalistas, con las sentencias de la Sala de lo Constitucional que ha llevado ya a la destitución de 128 funcionarios electos por el soberano (pueblo) o en elecciones de segundo grado a través de la Asamblea Legislativa, “a la población se le está transmitiendo un mensaje que debe evitar organizarse políticamente”, lo que se convierte directamente en una acción de debilitamiento del sistema democrático.
La abogada María Silvia Guillén afirmó que los derechos políticos son irrenunciables y nadie los puede modificar por ninguna forma porque están consignados en la Constitución de la República.
Canjura denunció que magistrados de la Sala han llegado al extremo de valorar como prueba recortes de revistas para resolver sobre el futuro de funcionarios públicos. “Habrase visto qué tribunal medianamente serio empieza a valorar eso como prueba”, manifestó.
Canales señaló que “son resoluciones que atentan contra el texto de la Constitución de la República” que otorga a todos los ciudadanos el derecho constitucional de optar por la ideología o partido político con el que simpatice.
Añadió que la Sala de lo Constitucional por delegación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la responsable del control constitucional y que los magistrados juran ante la Asamblea Legislativa cumplir y hacer cumplir la Carta Magna “ateniéndose a su texto” y que en dicho texto se establecen los Derechos Humanos de los salvadoreños, incluyendo sus derechos políticos de pertenecer o no a un partido.
De tal forma que estos magistrados a partir de un criterio que califican como de “interpretación evolutiva… aplican requerimiento que no están en la Constitución y así han destituido de sus cargos por ideologías o simpatías políticas a funcionarios públicos” de todo el Estado, cuestionó.
Afirmó que los magistrados no pueden destituir a diputados suplentes por supuestos vicios en su elección y que el soberano (el pueblo) eligió a esos representantes con base a las normas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima instancia en materia electoral, según establece la Carta Magna.
Uno de los casos más emblemáticos de la violación de derechos otorgados por la Carta Magna, por parte de los magistrados es la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas. “Todavía es más gravoso porque ni siquiera se ha abierto la frase probatoria sino como medida cautelar ya lo están destituyendo”, manifestó Canjura.
“Qué cosa más arbitraria, más antojadiza, perversa, que trastoca todo el orden constitucional del país, eso no puede permitirlo el pueblo salvadoreño, no lo podemos permitir las organizaciones de juristas en el país, la comunidad internacional, porque de lo contrario se genera el caos, la inseguridad jurídica, la violación flagrante de los derechos fundamentales de los salvadoreños, estipulados en la Constitución”, advirtió Canales.
Los abogados también manifestaron que la Sala de lo Constitucional no ha dicho nada sobre la “medida cautelar inaudita” que ha bloqueado el financiamiento por $900 millones en bonos para el Gobierno y que ha derivado en la devaluación de la calificación crediticia de El Salvador. “La Sala no ha dicho cuándo va resolver esa medida cautelar”, manifestó Canjura.
