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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sentó postura ante el proceso judicial por la masacre en sus instalaciones en el año 1989. Este se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra ese centro de estudios, denunció esa casa de estudios.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, comentó que se les acusa “sin fundamento” de no estar interesados en la justicia, de proteger a algunos imputados en este proceso judicial o incluso de no estar de lado de las víctimas.
“Es importante revisar la historia de la UCA y su compromiso permanente con la verdad y la justicia; un compromiso que viene desde los años 70s en donde la universidad siempre ha defendido la necesidad de buscar la verdad, de que se practique la justicia en El Salvador y fue especialmente intensa nuestra beligerancia como universidad ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado”, comentó oliva, a través de una conferencia de prensa este lunes.
El rector puntualizó que desde que ocurrió la masacre en el campus en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos, y seis sacerdotes jesuitas, tanto los familiares como la universidad y la Compañía de Jesús pusieron gran empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables del crimen, tanto de los autores materiales como de los que organizaron y decidieron cometer esa masacre.
La insistencia en que el caso fuera conocido y resuelto en las instancias judiciales nacionales ha respondido a la intención de sentar un precedente, y que abra las puertas a que otros hechos igualmente execrables sean enjuiciados en el país, y aportar con ello a la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, detalló Oliva.
En el año 2000, a petición de los familiares de los padres jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, solicitaron un proceso judicial contra los autores mediatos (quien comete un delito utilizando a otro como instrumento), “ese proceso fue cerrado en su momento por prescripción y por aplicación de la Ley de Amnistía, pero una vez fue decretada inconstitucional la Ley de Amnistía y expulsada del ordenamiento jurídico, en el año 2017 solicitamos que el caso fuera revisado y reabierto, pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal (en 2020)” contextualizó.
En 2022, la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea Legislativa en 2021, a través de un proceso de amparo iniciado por la FGR, ordenó el inicio de este proceso judicial la semana pasada. Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la UCA ha percibido que existe de parte de algunas autoridades públicas, un interés en apartar a la casa de estudios del proceso y “sembrar dudas de que la UCA sea una de las víctimas de la masacre”.
Lo anterior, se confirma en el comportamiento de la Fiscalía, “que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999, señaló que las víctimas de la masacre en la UCA eran los familiares de: Elba y Celina Ramos, los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús”.
A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el Juez Tercero de Paz, el Ministerio Público afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos. “Esto deja claro que no hay un reconocimiento a la universidad de su carácter de víctima y tampoco se reconoce a los familiares de los jesuitas, ni a la Compañía de Jesús”, lamentó Oliva.
En el proceso del caso, se separó al abogado Arnau Baulenas como querellante, y la FGR no mostró alguna objeción, al respecto, Oliva comentó que esto, va en concordancia de que no se quiere que las víctimas participen en el proceso.
“Así como la Fiscalía no ha buscado un trabajo colaborativo con las víctimas y conocer su posición, tampoco en la audiencia inicial se permitió que hablara el representante de las víctimas, en este caso de Juan Ellacuría hermano de Ignacio Ellacuría”, lamentó Oliva.
Según el rector de la UCA, el juez argumentó que no se había presentado una nueva querella y, por tal razón, no dejó participar a Baulenas, en representación de la UCA.
Por todo lo anterior, la universidad se mantendrá expectante del desarrollo del proceso judicial y en el momento oportuno decidirá si participa en el mismo como querellante. Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación de la sociedad. Además, la casa de estudios exigió que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas.
El Juzgado Tercero de Paz ordenó la detención provisional contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani y el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, a quienes lo acusan de el delito de comisión por omisión en el delito de asesinato; y fraude procesal y encubrimiento, respectivamente.
