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Mirna Jiménez
@DiarioColatino
El sistema penitenciario tenía hasta esta semana 38,437 reclusos y el Gobierno ha destinado 45 millones de dólares para su alimentación en el presente año, según detalló el viceministro de Justicia y Seguridad Pública Raúl López.
“Es una cantidad de dinero impresionante. A esta situación debe buscársele una solución. Al sistema penitenciario hay que buscarle un mecanismo para bajarle el hacinamiento”, afirmó el funcionario.
A los costos por alimentación se le debe añadir otros gastos en los que incurre el Estado para atender a los reos, como la salud, educación y otros aspectos básicos y de obligatorio cumplimiento.
“Hay que darles alimentación, brindarles luz eléctrica, agua potable y otros servicios básicos mínimos como la salud”, detalló en entrevista con canal 10 Teves.
El funcionario señaló que estos costos constituyen una gran carga financiera para el Estado y que es mucho más barata la prevención que la represión del delito. “Es decir, que mantener esas 38,437 personas privadas de libertad es un asunto muy caro para un país con tantas limitaciones como El Salvador, es mucho más barato prevenir”, dijo López.
Según López, si en un territorio el joven tiene el escenario del crimen organizado, la pandilla y tiene otro escenario con un profesor de fútbol, una maestra de danza o un maestro de arte y oficio, en un ambiente de paz “obviamente el joven va preferir el ambiente de la paz”.
Partidos y sectores de derecha han venido presionando para que de los fondos provenientes del impuesto a la seguridad, que se cobra a través del servicio de telefonía, se recorte aún más el monto destinado a la prevención del delito. “Como Ministerio de Justicia tenemos clarísimo que debemos seguir apostándole a la prevención y esa es tarea del viceministro de Justicia y Prevención Social”, recalcó.
López dijo que el otro gran eje del plan El Salvador Seguro es la atención a las víctimas de la violencia, que es un sector que ha estado olvidado por el sistema de justicia salvadoreño.
Por otra parte el viceministro señaló que el Gobierno prepara la presentación de reformas jurídicas para fortalecer el combate a la extorsiones. “En estas reformas que se están proponiendo se le dan facultades a la Fiscalía General de la República para que en aquellos casos de delitos de extorsión pueda incautarle, cautelarle, inmovilizarle bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias a los extorsionistas”, explicó.
La idea es darle más herramientas legales a la Fiscalía General de la República(FGR), para que sea más efectiva en el combate a los extorsionistas, señaló.
“Para aquellos delitos de extorsión que afectan a la gran mayoría de la población, delitos de pequeña bagatela, le damos a la Fiscalía el sistema de juicio sumario, así el señor fiscal general presenta el requerimiento y acusación ante el juez de paz que conozca el caso y en dos meses tiene condenados a los extorsionistas, no así para los delitos de extorsión compleja donde participan estructuras que se dedican a este delito, esos seguirían siendo procesados en la modalidad que actualmente se ejerce”, explicó López.
