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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Persiste una negligencia de administraciones anteriores y la actual, que tienen el mismo patrón para investigar estos hechos de la desaparición, rapto o secuestros de niños y niñas.”, dijo Sebastian Rochac, al señalar los pocos avances por parte del Estado para dar con el paradero de la niñez desaparecida durante el conflicto armado, en la década de los años ochenta en El Salvador.
“También hablamos de adultos, aunque estos actos contra la niñez son actos más de lesa humanidad, pero hubo decenas de personas adultas desaparecidas también en las mismas circunstancias y sus familias hasta la actualidad no saben nada de ellos”, agregó Rochac.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Rochac Hernández y otros, se ha referido como la “desaparición forzada” de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antronio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca.
Además, de la niña Emelinda Lorena Hernández, también desaparida entre los años 1980 y 1982, en el marco del conflicto armado, luego de operativos militares contrainsurgentes, en donde los niños en mención fueron vistos por última vez con miembros de las fuerzas armadas (FAES).
Rochac lamentó que el Estado salvadoreño, independientemente de su signo político, continué sin cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 27 de noviembre de 2014, que sólo revela la “falta de voluntad política” de varias administraciones anteriores y la actual, para cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Nosotros nos encontramos en este proceso con una barrera o una muralla grande que es el Estado, que sin el acompañamiento de instituciones de derechos humanos y Pro Búsqueda, hubiera sido más difícil obtener justicia como familias”, consideró.
“En palabras sencillas, la esperanza es lo último que se pierde y siempre hubo expectativas con la ayuda de Pro Búsqueda, la mantuvimos, nuestro papá que dio los datos y fue todo un proceso tedioso, pero al final de todo se dio el reencuentro con mi hermano. Y el Estado es negligente porque no le conviene este tipo de sentencias en donde están involucradas instituciones como el ejército, que pueden estar renovadas en el personal, pero sus bases siguen siendo las mismas”, reiteró Rochac.
Caso Rochac : A 10 años de una sentencia que adeuda justicia
Helí Hernández, del área jurídica de Pro Búsqueda, explicó, que el logro de la sentencia Rochac Hernández y otros versus El Salvador, fue la culminación de un largo proceso que fue tramitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2003, y luego este proceso contencioso se ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el año 2013, en total el caso duró 11 años en el Sistema Interamericano.
“Este caso fue presentado por Asociación Pro Búsqueda y familiares de 4 niños y una niña desaparecida, ante la ausencia de respuesta del Estado, en cuanto la realización de esfuerzos de parte de las instituciones encargadas de velar porque las personas tengan acceso a la justicia el acceso a la verdad, para saber qué pasó con la niñez desaparecida durante el conflicto armado”, explicó Hernández.
Sobre el proceso iniciado en el país, Herández reseñó que desde la década de los años noventa los familiares de estas 5 víctimas presentaron solicitudes, peticiones y denuncias en diferentes instancias del Ministerio Público, que incluye al final a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al agotar estas instancias nacionales, sin obtener colaboración concreta y eficaz.
Es así que el Caso Rochac Hernández y otros, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el año 2003, luego del proceso la Corte IDH (CIDH) emitió su sentencia en la cual, señala que el Estado salvadoreño “fue negligente” al no proporcionar las garantías judiciales” a las víctimas para tener acceso a un procedimiento para obtener justicia, conocer la verdad y quienes fueron los responsables de estos hechos.
“Determinó también, a partir de lo dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se violentaron los derechos de los 4 niños y la niña, como a sus familiares en los derechos a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la identidad y las garantías judiciales, entre otras”, afirmó.
“La Corte IDH también explicó que estos hechos se enmarcaron en un patrón sistemático de desaparición efectuada desde el Estado, aceptando las pruebas proporcionadas por las víctimas y Pro Búsqueda, sobre el daño causado, a partir de esta omisión y situación de impunidad que estaban los casos”, alegó Hernández.
12 medidas entre medios cumplimientos y omisiones
Ana Julia Escalante, directora ejecutiva de Asociación Pro Búsqueda, consideró que a 10 años de la sentencia Rochac y otros, había que reconocer que algunas medidas de la sentencia de la Corte IDH se han cumplido, no obstante, la “verdad” de estos hechos y sus autores, guardan aún el “silencio total”.
“Las reparaciones que se han ido cumpliendo tienen que ver con reparaciones simbólicas e indemnizaciones a las familias, pero el punto principal de el por qué las familias trascendieron de la justicia nacional a la justicia internacional, para conocer la verdad de sus hijos e hijas desaparecidos, no se ha cumplido”, manifestó.
“La verdad no es negociable y así lo dicen las familias, por lo que seguimos considerando importante acompañar y reconocer la lucha que han tenido estas familias y su empoderamiento, que han tenido sobre el tema y en el avance o el poco avance de verdad que demandan”, reiteró Escalante.
En cuanto al comportamiento de las instituciones del Estado, que permanecen en la postura de “no colaborar”, Escalante, opinó que era “grave”, porque muchas de estas entidades de Estado guardan información vital de los casos, que incluye la información del paradero de esta niñez desaparecida forzosamente, y son estas instancias mismas que, participaron directamente en esos hechos.
“Asociación Pro Búsqueda siempre ha promovido la mediación entre las diferentes instituciones, tratando de que las víctimas estén al centro de todos nuestros procesos. Y estamos abiertos siempre al diálogo con las instituciones del Estado, siempre y cuando sus medidas o acciones, se encaminan precisamente a dignificar a las familias y la niñez aún desaparacida”, comentó.
“Reconocemos que han habido avances y algunas reparaciones, como el Jardín Museo, que es parte de los compromisos del Estado, generar un lugar de memoria, de encuentro de las familias y encaminado a que el pueblo salvadoreño conozca sobre la desaparición la niñez que se dio en el conflicto y que hay muchos todavía por localizar”, indicó Escalante.
Asimismo, consideró que este “Jardín Museo” debe ser utilizado para “procesos educativos” y que la población y nuevas generaciones conozcan de primera mano los hechos con el objetivo que este tipo de hechos no se vuelvan a repetirse en el país.
“Son 10 años transcurridos en donde estas familias han tenido mucha paciencia y entereza de ir avanzando en diferentes medidas, pero necesitan la medida principal que es la -verdad-, y que las instituciones del Estado dé la información necesaria para que estos niños y niñas sean localizados, porque aún están desaparecidos y eso no lo podemos negar”, puntualizó, Escalante.
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