Página de inicio » Nacionales » Estado de excepción, mecanismo de control social: ADES Santa Marta
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo de aplicarles el régimen de excepción por su lucha social contra los impactos irresversibles de megaproyectos extractivistas. Foto Diario CoLatino/Archivo.

Estado de excepción, mecanismo de control social: ADES Santa Marta

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Ahora, vivimos bajo este régimen de excepción en donde se violentan derechos fundamentales por exigir derechos que nos corresponden. Y que a través del régimen nos llega como una avalancha de miedo y terror”, dijo Vidalina Morales, directiva de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES), que integra la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

“Yo quiero retomar el aspecto en que vivimos desde las mismas comunidades y ante esta crisis de institucionalidad del Estado, que se vuelca contra la labor de la defensa de derechos humanos en los territorios para tratar de anular nuestra resistencia”, acotó Morales.

La lideresa comunitaria compartió los eventos relacionados con la captura de los ambientalistas Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Miguel Gómez, el 11 de enero de 2023, en la Comunidad Santa Marta, Cabañas.

“Aquí se inventan los casos, como ocurrió con nuestros compañeros, aquí el Estado no utilizó tanto el régimen de excepción, sino que utilizó una falsa denuncia que retomó la Fiscalía General de la República para capturarlos en sus hogares”, relató.

“Los compañeros son como -ya sabemos todos-, quienes han estado frente a una resistencia social en contra el extractivismo minero en este país. Y como no hallaron otra forma de capturarlos, pues inventaron el caso y hoy estamos expuestos a esta misma situación por el actual contexto de país”, refirió Morales.

La petición de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Cámara Penal de Cojutepeque, de repetir el juicio, lo hace, luego de que no logra un fallo condenatorio para los cinco ambientalistas en el primer juicio. Es más, fueron absueltos en octubre del año pasado.

La Fiscalía le ha pedido al Juzgado de Sentencia de San Vicente, girar nuevas órdenes de detención contra ellos, mientras esperan una segunda vista pública el próximo mes de abril.

“Nosotros, desde el primer momento de la captura de los compañeros, supimos que era porque querían reactivar la minería en Cabañas, no fue una presunción, porque al final se materializó este cometido”, alegó la lideresa.

“Ahora, a casi 20 meses después que veníamos denunciando la captura de nuestros compañeros, y que el Estado quería reactivar la minería, entre otros megaproyectos, claro, se desenmascararon derogando la ley de prohibición de la minería metálica. Ahora se abre el nuevo telón con la Ley General de Minería”, indicó Morales.

Criminalizar la resistencia social por megaproyectos

Vidalina Morales agregó que, con la vigencia plena de la Ley General de Minería, aprobada el pasado 23 de diciembre, la población se encuentra expuesta a “megaproyectos” que pueden generar impactos irreversibles en los territorios. Y para evitar los procesos de consulta ciudadana o resistencia social, han optado por estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras.

“Como comunidades seguimos en pie de lucha, y seguimos diciendo que en El Salvador la minería no es viable. Y traigo esto a colación porque estos proyectos vienen a precarizar la situación y vida de las comunidades rurales, históricamente empobrecidas, y que el Estado las ha olvidado”, reafirmó.

“Hemos luchado por alcanzar nuestras metas con esfuerzo y muchas veces, hemos contado con apoyo nacional e internacional. Yo creo que estamos ante un momento en que debemos alzar nuestras voces y denunciar estos atropellos y señalar que el Estado tiene la responsabilidad de brindar oportunidades a la población en condiciones dignas”, expresó Morales.

Sobre la “persecución continuada contra los activistas ambientales”, Vidalina mencionó otras acciones de “acosamiento indirecto”, que ejerce la Fiscalía y el sistema judicial orientadas en debilitar la estrategia de defensa legal de los cinco ambientalistas.

“Tenemos un Estado que criminaliza, que aterroriza a través de la militarización de los territorios como ya hemos expresado. Cabañas ha estado militarizado por varios meses, esa presencia militar es un continuo en nuestros territorios y comunidad”, sostuvo.

“Aquí hay víctimas de este Estado, esas personas que han muerto en las cárceles siendo inocentes, este es un Estado asesino que permite que las personas mueran en sus cárceles. Cuántas madres o familiares ahora lloran al no tener la presencia de sus seres queridos”, cuestionó Morales.

Morales también mencionó los casos ocurridos en la comunidad Santa Marta, en donde una de las esposas de los ambientalistas capturados, por las enfermedades crónicas que padecía provocó su fallecimiento. Y que sufrió todas las presiones de la captura de su compañero de vida.

“Aquí no hay garantías de un debido proceso y por esto nuestros compañeros decidieron no presentarse en la audiencia y estos familiares están sufriendo toda esta situación. Ese es el impacto de este régimen en una comunidad y las familias que la integran y también al país. Y para las mujeres es doblemente afectado, nuestros cuerpos de mujeres sufren, pero allí estamos”, acotó.

“Es oportuno exigir justicia, exigir el respeto a los derechos humanos que legítimamente los hemos conquistado, y como lo dijimos el pasado 8 de marzo, el que ahora nosotras salgamos a movilizarnos y denunciar en las calles son conquistas ganadas por las mujeres que nos han antecedido y eso no lo vamos a dejar perder”, resaltó Morales.

Sobre el ambiente social de “hostilidad e intimidación” a la población que se oponen a megaproyectos podría ser la antesala de nuevas detenciones arbitrarias y procesos de persecución judicial contra otros líderes de Santa Marta y ADES, como mecanismo de debilitar la defensa del medioambiente en el país.

“Seguiremos en esa resistencia porque es nuestra lucha, es nuestra causa defender y liberarnos de esas ataduras que nos quieren imponer, seguiremos acompañando la defensa del medio ambiente y los procesos de denuncia ante un sistema opresor, un sistema que pone más difícil las condiciones de vida y para nuestra casa común”, mencionó.

“En Cabañas estamos en la defensa ambiental por nuestros territorios y sabemos que es una causa digna porque sabemos lo que están haciendo con las represas y los desalojos de población y creo que ante todo este panorama la unidad, la lucha, la denuncia serán nuestras herramientas más fundamentales para seguir avanzando en nuestras conquistas y defender las logradas”, puntualizó Morales.

Ver también

Mujeres de Guazapa participan de campaña “A mí también me pasó”

“La violencia no se calla y no es algo que se queda al interior de …