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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
E
l primer trimestre del año 2023 estará al Estado salvadoreño de nuevo en Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ante la posible violación de los derechos de Beatriz y su familia, debido a la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo que puso su vida en riesgo por padecer de enfermedades autoinmunitaria (su cuerpo ataca por error el tejido y órganos sanos).
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e IPAS Latinoamérica y el Caribe, que desde el año 2013, acompañan a la familia de Beatriz, en el resarcimiento por parte del Estado salvadoreño ante el debate médico-legal sobre la interrupción del embarazo que evidenció las “graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto” que violentó los derechos de Beatriz, anunciaron de la realización del evento jurídico internacional. “Beatriz vivió en la zona rural del oriente del país, fue diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico, nefropatía lúpica y artritris reumatoidea, y su primer hijo nació con síndrome de distrés respiratorio, por lo que permaneció ingresada tres días por su condición de alto riesgo por la enfermedad que padecía”, narró, Alberto Romero, investigador académico y activista de la Agrupación Ciudadana por al Despenalización del Aborto.
El 18 de febrero de 2013 viajó a la ciudad a consulta médica y le anuncian un nuevo embarazo de 11 semanas de gestación, y luego de someterse a varios estudios de ultrasonido le confirmaron el diagnóstico de -feto anencefálico y advierten el nulo pronóstico de sobrevida del feto, por tanto era inviable.
“Las complicaciones que surgirían en su embarazo tomando en cuenta el lupus que padecía y embarazo anterior, tomó la decisión de vivir y solicitó que se le interrupiera el embarazo. No obstante, esta solicitud le fue negada por ser un procedimiento prohibido en el Código Penal, y sin tomar en cuenta que todos los directores de especialidad del Hospital Nacional de Maternidad, también recomendaron la interrupción del embarazo para salvaguardar la vida de la madre”, relató Romero.
Y fue en abril de 2013 cuando las organizaciones defensoras de derechos humanos inician el acompañamiento de Beatriz y su familia para presentar una demanda de “amparo” ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este proceso debe ser de inmediato conocimiento para dictar medidas cautelares, pero la Sala de lo Constitucional se pronunció 47 días después, y su dictamen fue de “No dar lugar a la petición de Beatriz”, por lo que consideró Romero, violentaron sus derechos. “En el transcurso del tiempo sin que se practicara la interrupción del embarazo de Beatriz, el 18 de abril de 2013, peticionamos la adopción de medidas cautelares para Beatriz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgaron pero no fueron cumplidas por el Estado salvadoreño”, señaló.
“Ante esta situación el 20 de mayo de 2013 pidieron que la CIDH solicitara medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 3 de junio tras el otorgamiento de medidas provisionales de la Corte IDH, del 29 de mayo de 2013 se realizó la interrupción del embarazo y esterilización solicitada por Beatriz. La recién nacida que presentaba ausencia total de la calota craneana (2 huesos parientales, 2 temporales un frontal y occipital) , murió 5 horas después de nacida”, explicó Romero.
Sobre la muerte de Beatriz en el año 2017, por una neumonía, al adquirir una bacteria nosocomial que quebrantó su salud gravemente por su enfermedad inmunitaria (Lupus), luego de ser ingresada por lesiones leves en un accidente de tránsito.
“Nueve años después de los hechos el 5 de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Beatriz respecto a El Salvador y será el próximo año en que la Corte deduzca la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia quienes ahora cuidan a su hija, que ha quedado huérfana”, sostuvo Romero.
Mientras, Gisela De León, directora Jurídica de CEJIL, señaló sobre el retraso de atender y aplicar justicia en el caso de Beatriz, se enmarca algunas veces en “falta de voluntad política”, al no tomar la decisión de cumplir con las recomendaciones y sentencias que emanan de estos organismos de derechos humanos (CIDH/Corte IDH).
“Un ejemplo claro es el caso de El Mozote, el Estado negó el acceso a los archivos militares al juez de la causa, entonces, los indicios son proteger a personas específicas y que estuvieron involucradas en estas violaciones de derechos humanos y en otros casos es falta de voluntad política”, afirmó.
“Lo importante es que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden seguir supervisando el cumplimiento de la misma y al final existen algunos mecanismos para presionar a los Estados al cumplimiento de sus responsabilidades de estas sentencias”, indicó De León.
Actualmente existen disposiciones en “préstamos de entidades internacionales financieras” que contienen algunas cláusulas de exigencia al respeto de los derechos humanos. Y en una revisión esto podría tener consecuencias financieras para cualquier Estado que incumple sus compromisos internacionales, agregó.
“La Corte IDH seguirá dando seguimiento a las sentencias hasta su total cumplimiento y hay también un mecanismo de denuncia de la Corte IDH ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que es como una sanción política que pueden aplicar”, agregó.
“Muchas veces, los Estados demoran en cumplir, pero en nuestra experiencia creo que hemos logrado a base de la presión el resarcimiento. Porque cuando la Corte IDH, da una sentencia, nuestro trabajo no termina ahí, esa es toda una nueva etapa de trabajo”, señaló De León.
