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Yanira Cortez consultora independiente, en el diplomado del Plan de Formación sobre Litigio Estratégico de los Derechos Ambientales, que imparten UNES, UNAUES y la Heinrich Böll Stiftung. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Estado salvadoreño ante el reto de adecuar legislación ambiental interamericana

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

En el tema ambiental de estos últimos meses se esta dando una regresión, pese a la plena protección y efectividad del derecho a un ambiente adecuado, explicó Yanira Cortez consultora independiente, en el diplomado del Plan de Formación sobre Litigio Estratégico de los Derechos Ambientales, que imparten UNES, UNAUES y la Heinrich Böll Stiftung. “Se están cerrando, de alguna manera, los espacios que en épocas anteriores tenían una apertura de participación y es preocupante”, acotó en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.

-¿Cuáles son los espacios cerrados?
En primer lugar, se ha cerrado un espacio en la Asamblea Legislativa con el tema de la Ley General del Derecho Humano al Agua y su regulación. Esto es atentatorio al derecho de información de la comunidad, porque le afectará directamente al derecho humano al agua. Y segundo, en el Ejecutivo, que en la misma línea, lo último que ha acontecido es el aparecimiento de mucha opacidad para dar información pública, como la entrega de permisos de impacto ambiental.
Algunas organizaciones sociales ya lo están denunciando, que ciertos estudios en materia ambiental que estaban en la web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) los quitaron de la página web; eso significa una grave regresión en el derecho de estar informado en materia ambiental. Esto es preocupante, porque el derecho a la información y participación son procedimientos tan básicos de las sociedades, y que no solo están establecidos en el derecho doméstico (nacional) de El Salvador, sino que forman parte del sistema y estándares internacionales en materia de protección ambiental.

-¿Qué podría ocurrir frente a estos obstáculos?
Esto puede llevar a que la ciudadanía este sin información, o que la ciudadanía que no tiene participación a estos derechos ambientales, frente a algunos proyectos, porque se dan en medio del secretismo, puede llevar a futuros conflictos sociales. Y sí es preocupante que la gente ya no confíe en las instituciones.

-¿Con qué recursos la sociedad va a enfrentar esta situación?
Yo creo que lo importante es la denuncia pública de lo que acontece, como el cierre que han tenido algunas oficinas que cuentan con información pública, luego activar las instituciones que están diseñadas para abordar estas temáticas. Tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y creo que es hora de que las organizaciones, en materia ambiental, activen a este instituto. Y que esta institución trascienda en la protección del derecho a la información en materia ambiental. Este es un tema de actualidad que viene con mucha fuerza y debe exigirse, no solo en materia oficiosa; sino que toda información que en un momento determinado sea necesaria para proteger o defender los derechos de la población, porque esta situación puede generar graves violaciones.

-¿Puede la población participar en decisiones de nación?
Claro que sí, a nivel interamericano se han dado mucho avance en estos temas y lo último se resume en la “Opinión Consultiva 23”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció como obligación de los Estados en materia ambiental, activar todos los mecanismos para que la gente este informada y que participe. Además, establece ciertos estándares de cumplimiento. Creo que es interesante que las autoridades nacionales cumplan con esta legislación y que también adecuen su normativa interna a dichos estándares internacionales, en la plena efectividad de la protección ambiental.

-¿Cree que el Estado salvadoreño no cumple en materia de protección ambiental?
He oído algunos discursos de diputados de la Asamblea Legislativa y funcionarios del Ejecutivo de que están preocupados por el medio ambiente; les recuerdo, el tema ambiental pasa por asumir y hacer cumplir estas obligaciones internacionales.
El tema ambiental no puede verse de forma aislada o con campañas de prohibición de plásticos. No, el tema ambiental va más allá, que es establecer y cumplir con las obligaciones de diferentes instrumentos jurídicos nacionales, interamericanos y universales.

-¿Cómo puede un Estado asumir estos compromisos?
Primero, se deben acabar esos discursitos del manejo superficial del tema ambiental, como recoger basura. Esas campañas son para los grupos escolares. El tema ambiental trasciende, es cumplir con obligaciones y precisamente una de las más importantes es informar a la gente sobre los temas que tengan interés y la participación. Segundo, como Estado, la prevención a los daños ambientales y la prevención a cualquier daño ambiental es lo fundamental; pero lamentablemente es lo que no vemos que hagan, lamento que solo den discursos oficiales, que vienen a ser parches a la problemática ambiental, o que algunos las ocupan de banderas políticas con la pretensión de dar protección al medio ambiente, cuando esto va más allá.

-¿Desarrollo versus derechos humanos?
Siempre se quiere decir que un proyecto se hace porque trae desarrollo económico, pero cualquier proyecto debe contar con el respeto de los derechos humanos. De hecho, se esta tratando a nivel universal (ONU), hablar de un tratado vinculante entre empresas que respetan los derechos humanos y la línea clara: es que la motivación que tiene, que debe tener cualquier proyecto de gobierno o empresa privada, sea en la línea de respetar los derechos humanos de la población.
Por lo tanto, debemos tener cuidado con el tema de proyectos de desarrollo y decidir sobre eso. ¿Qué trae desarrollo a las poblaciones? cualquier proyecto debe tener al centro los derechos humanos y eso pasa por respetar la vida, la salud, el medio ambiente y la integridad de las personas. Y, primero, preguntar si la gente quiere ese proyecto en su territorio, la información es básica y la participación estratégica.

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