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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
América Romualdo, coordinadora de Las Dignas y activista de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” expresó su preocupación por el proceso que debe impulsar el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, en beneficio de mujeres que enfrentaron conflictos o guerras, como las excombatientes del conflicto armado, como el ocurrido en la década de los años ochenta.
“La Resolución 1325, a la que se le denomina Mujeres, Paz y Seguridad, fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, emitida en el marco de un reconocimiento de que la violencia sexual hacia las mujeres es utilizada como arma de guerra”, explicó Romualdo.
El contenido de la Resolución 1325 tiene como objetivo no solo reconocer el rol central de las mujeres y niñas en la construcción de la paz, así como la prevención, protección y resarcimiento a ellas, cuando han sido víctimas de conflictos armados y situaciones de post-conflicto, que se constituye en un “hito histórico”, en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
La decisión del Consejo de Seguridad busca con esta resolución poner fin a ese tipo de hechos que eran frecuentes en conflictos internos o guerras, como sucedía a finales de los años noventa en África, cuando algunos tribunales reconocieron las violaciones masivas y lo más importante, consideró Romualdo, son de obligatoriedad de cumplimiento de los Estados miembro de la ONU.
“En el caso de El Salvador, los gobiernos entre el 2000 a 2014 consideraron que el país no debía cumplir con esa resolución, porque se pensaba que como firmantes de los Acuerdos de Paz (1992) se había hecho todo un proceso de reinserción y transición de la guerra a la paz y El Salvador no era sujeto de este tipo de compromiso. Fue hasta el 2014 que se retoma la discusión de aprobarla, en el marco que en el año 2015 se tenía que presentar un informe que fue requerido a nivel mundial, para presentarlo ante el secretario de la ONU, de cómo realmente los países avanzaban en esas resoluciones”, reseñó.
Fue a partir de ese requerimiento que algunas organizaciones de la sociedad civil, entre las que participó la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”, se unen a otros sectores sociales para participar en el inicio de los esfuerzos de país, para tomar esas iniciativas que ASPRODE lideró en aquella época, realizando un diagnóstico que concluyó que no había retomado la Resolución 1325, y que si bien se había avanzado en la igualdad por otros mecanismos o políticas, faltaba este elemento. Reconoció que el único que retomó la resolución fue la Policía Nacional Civil (PNC), por su misma naturaleza del aumento de agentes policiales en el sistema; pero, de allí en ninguna institución estaba aplicada. “En el marco de esta revisión del año 2015, el Estado salvadoreño decide a finales de 2014 crear el Comité Nacional de la Resolución 1325, con el ánimo de impulsar un proceso que generara un Plan Nacional de Acción a la Resolución 1325, con el ISDEMU y Cancillería de la República, que retomaron el proceso con el apoyo financiero de ONU Mujeres. Nosotras participamos en ese esfuerzo porque también creíamos que los acuerdos de la Resolución 1325 respaldaban el cumplimiento de la Ley de Igualdad de la Mujer y es así que formamos parte de ese comité como Prudencia Ayala, y aunque nos preocupaba que no había muchos avances en la ejecución del plan, se trabajaba en esta materia”, sostuvo.
No obstante, las organizaciones de mujeres ahora expresan su preocupación. Romualdo considera que hay un “estancamiento” del trabajo del Comité para implementar la Resolución 1325, que sería una herramienta para beneficiar y garantizar los derechos de las mujeres excombatientes, entre otros casos.
“Nos preocupa que en este contexto de cambio de gobierno, pareciera que el Plan Nacional de la Resolución 1325 no está teniendo la prioridad que demanda y eso es parte del informe que vamos a redactar para presentarlo como un informe “sombra”, desde la sociedad civil; sobre este retardo y cuáles serán las medidas que van a tomar queremos saber si aún existe la disposición y las personas encargadas de gobierno para abordar el tema”, reafirmó Romualdo.
