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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En vísperas del 39 aniversario de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, en el municipio de Meanguera, Morazán, el panorama para las víctimas y sobrevivientes enfrentan una barrera de impunidad e incumplimiento judicial, señaló en su reflexión Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que son la parte acusadora en representación de familiares de las víctimas.
“Me encontré con la escena de lo que estaban haciendo con mi familia, así que, lo que hice fue correr para mi casa y luego salí con mi esposo y mis hijos a una cueva para sobrevivir, en el cerro El Pericón, ahí vivimos junto a mi hermano Santos y sus dos hijos. Nos escondimos por cinco años, y desde esa altura, podíamos ver como mataron a más de 35 familiares. Era el 11 de diciembre de 1981, en el caserío El Potrero, cantón La Joya, atrás de El Mozote, fueron los soldados y el Batallón Atlacatl”, es el testimonio de María del Rosario López, sobreviviente del Crimen de Lesa Humanidad. Ovidio Mauricio González explicó que luego de la evaluación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el caso de El Mozote y lugares aledaños, determinó que “El Salvador no puede liberarse de sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad y acceso a los archivos”, que fueron requeridos por el juez Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.
“Ante la negativa del Estado salvadoreño de no permitir la incursión a los archivos militares, por parte del juez, previamente ordenadas y notificadas a las autoridades correspondientes en el proceso penal que se investiga sobre la masacre El Mozote y lugares aledaños, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, solicitó medidas provisionales junto al Centro para el Derecho y la Justicia Internacional -CEJIL-, con el objeto de alertar a esa instancia (Corte IDH), sobre la obstaculización a la justicia y posibles actuaciones del Estado para encubrir a los autores mediatos”, informó.
Asimismo, citaron el análisis de la Corte IDH, que consideraron en su estudio que, “El Estado salvadoreño, tiene la obligación de buscar esa información por todos los medios posibles , y realizar los esfuerzos necesarios para la reconstruir la información”, aclaró González en la lectura de la resolución de la Corte IDH, luego de la Audiencia sobre el cumplimiento de la sentencia.
“Las medidas referidas tienen un carácter cautelar, buscando preservar una situación jurídica, pero además proteger derechos humanos, pues busca evitar daños irreparables a las personas y su aplicación se da cuando concurren requisitos de extrema gravedad y urgencia, son realmente una garantía jurisdiccional de carácter preventivo. Y, aunque la Corte IDH se pronunció diciendo que no iba emitir las medidas provisionales que le solicitamos”, afirmó.
No obstante, González recalcó que la Corte IDH, en su sentencia de fondo del año 2012, ordenó al Estado salvadoreño “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones, a fin de sancionar a los responsables de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños”, lo que no ha sido cumplido por el Estado salvadoreño. Mientras, Wilfredo Medrano -abogado de la parte acusadora- lamentó que desde el año 2016, el Instituto de Medicina Legal retiene veintiocho osamentas, sin que hasta la fecha se hayan registrado las pruebas genéticas, para identificarlos con sus familiares.
“Esto es revictimizar a los familiares de las víctimas que en este aniversario 39 esperaban dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Y esto, tiene un antecedente, estas muestras que se tomaron hace dos años, fueron extraviadas por el Instituto de Medicina Legal, las destruyeron o extraviaron, pero esta mala praxis rompió la cadena de custodia de la evidencia. Muchas de estas personas que les tomaron pruebas de sangre para cotejar con las osamentas ya fallecieron, entonces, consideramos que es una irresponsabilidad de la institución, por el retrasos indebido de entregar los restos”, reiteró.
A este retraso del IML, Medrano sumó la petición del juez Guzmán del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, sobre el estado de este cotejo de los estudios genéticos y solo le han respondido con evasivas, dejando pasar cuatro años, pese a que el caso de El Mozote y sitios aledaños, está en la fase de instrucción por concluir y elevarlo a juicio.
“Las muestras son irrecuperables, pero no debilitan el caso, aunque son necesarias por ser pruebas científicas, en donde se demuestra con precisión que las osamentas corresponden a los familiares asesinados con los que aún están vivos. La prueba de ADN es irrefutable y necesaria para establecer el cuerpo del delito, que también es lo que está requiriendo el juez Guzmán, la identificación positiva, hay osamentas que por la larga data, no es posible extraer ADN, sabemos también que el IML tienen el equipo necesario para este tipo de pruebas, pero quizás no tienen la capacidad técnica, para saber extraer las muestras”, sostuvo.
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