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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“No solo soy representante del MOVIR, también soy víctima del régimen porque mi hija fue capturada por no andar el DUI, desde el 9 de abril pasado a la fecha, y no sabemos nada de ella”, manifestó Alfredo Mejía, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen.
Mejía participó en el Foro “Análisis de las últimas observaciones del Comité Contra la Tortura de la ONU a El Salvador”, impulsado por la Asociación de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que se enmarca además, en la conmemoración del Trigésimo Primero aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que puso fin a una guerra fratricida de 12 años.
“Y lamentamos mucho más que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se haya pronunciado sobre este problema. Solo tenemos el video donde el exprocurador Apolonio (Tobar) declaró, en su gira en las cárceles, que todo estaba bien, pero no llegó donde estaban las presas del régimen, su visita fue a otros sectores”, manifestó Mejía.
El MOVIR se encuentra documentando una serie de casos de personas inocentes que fueron capturadas de manera arbitraria y recibieron “tortura” desde su detención e internamiento por autoridades policiales y penitenciarias. Al señalar que es una cantidad menor a los 3 mil, que mencionó y señaló, que no son 3 mil las personas que han sido puestas en libertad, como lo mencionó en una entrevista el ministro Gustavo Villatoro.
“Hubo personas que su delito para que lo capturaran fue estar mal parado en la calle y a la hora equivocada, el ministro de seguridad lo afirmó, y eso significa que estaban aceptando ese error, entonces ¿Por qué simplemente no sacan a las gentes que han agarrado así?, ¿Porque realizan torturas?”, cuestionó Mejía.
“Será o no tortura lo que sufrió una familia de Los Horcones, Chalatenango, que estaban depositando el paquete desde junio a su familiar y se dieron cuenta hasta diciembre (2022) que él había muerto 6 meses atrás, porqué no llamar a la familia y avisarles que ya sea por falta de medicamento o por una condición grave estas personas murieron. Estos datos nos lo dan personas que vencieron el miedo de las amenazas de los custodios para que no hablen por esto sabemos que hay torturas”, reiteró Mejía.
Para Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, este foro también tenía el objetivo de dar a conocer las recomendaciones el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés) al Estado salvadoreño, en donde expresaron reiteradamente su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.
“Estas recomendaciones se desprenden de un informe vinculante y de obligatorio cumplimiento en donde el Estado salvadoreño, tiene que darlo a conocer ante la sociedad en general pero no lo ha hecho. Entonces, consideramos como organizaciones sociales que este documento debe divulgarse y que la gente conozca la situación real de lo ocurre en este país”, sostuvo .
“Una de estas recomendaciones está relacionada a la impunidad que sigue en nuestro país como en los casos que ocurrieron durante el conflicto armado que permanecen sin aplicación de justicia. Y claro, la actual situación de las detenciones arbitrarias en el marco del Estado de Excepción”, expresó González.
El coordinador de Tutela Legal MJH explicó que la Constitución de la República y la legislación del país, solo establece dos formas de detención: la primera por una orden escrita expedida por un Juez y, la segunda, por flagrancia en el momento del hecho. Y por esto, todas las detenciones que se han dado en el régimen de excepción al no cumplir con la legislación interna son detenciones arbitrarias.
“Después de la detención arbitraria se viene una serie de situaciones con los procesos penales que se dan en el régimen de excepción, los partes policiales truculentos, una Fiscalía que no investiga los casos y pasan pidiendo 12 meses para investigar ¿Qué? ¿Cuánto tiempo necesitan para investigar estos delitos?”, reprochó.
“Y las reformas al Código Penal, que adelantan que harán la investigación y la instrucción de estos casos durante 24 meses (2 años), significa que estamos ante un Estado policíaco, ante un Estado que promueve el fraude y que violenta los derechos humanos de las personas detenidas y de los familiares de los detenidos”, subrayó González.
La falta de información oficial sobre el paradero de los detenidos, agregó González, también es una “práctica de tortura”, porque miles de familiares no saben en dónde se encuentran sus parientes y tampoco saben de su estado de salud. Así también, la entrega del paquete de insumos personales que va desde pasta dental, jabón, sandalias hasta la ropa que utilizara, cuando es el Estado el que debe contar con un sistema penitenciario que cubra estas necesidades.
“Actualmente, están tratando de cambiar la situación y le piden a los familiares que lleve el dinero, ya no el paquete ¿Qué harán con ese dinero?, no lo sabemos. Y hay otro grupo de personas que fallecieron pese a que sus familiares les llevaron su medicina, ¿Qué ha pasado con esos medicamentos?, no entregar la medicina a las personas con enfermedades crónicas también es tortura, porque no hay otro nombre para este abuso”, sostuvo González.
En su análisis, Ovidio Mauricio consideró que el Estado salvadoreño está replicando continuamente esta situación de vulnerabilidad a los derechos de la población, “que solo nos está llevando de nuevo a los años 70s y 80s”, al comparar el grado de ausencia de democracia y la emisión de leyes que no se cumplen.
“Hace unas semanas la Asamblea Legislativa se vanaglorió -al afirmar- que había aprobado dos tratados de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) documentos que si los firman y ratifican deben cumplirlos, sin embargo, siguen despidiendo trabajadores constantemente sin ninguna razón”, señaló.
“Y un Tribunal del Servicio Civil y tribunales laborales qué solo están cumpliendo las órdenes del presidente (Nayib Bukele), estamos en una dictadura que ha abarcado a los tres poderes del Estado, esos despidos masivos que está realizando el Estado, es también violencia para la población”, argumentó González.
Sobre el cumplimiento de las recomendaciones, Celia Medrano, experta en Derechos Humanos e invitada al Foro “Análisis de las últimas observaciones del Comité Contra la Tortura de la ONU a El Salvador”, advirtió que “no vemos voluntad política del Estado salvadoreño a cumplirlas”, al destacar su obligatorio acatamiento como firmantes de la convención.
“Recordemos la Convención Contra la Tortura, fue ratificada por el gobierno salvadoreño en 1996, posterior a lo vivido durante el conflicto armado en el país, pero lamentablemente, pasaron varios años sin que el país presentara el informe periódico que debe rendirse ante el CAT”, reseñó.
“El CAT es la instancia de Naciones Unidas que se reconoce y acepta como mecanismo de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, y puede seguir el monitoreo a sus recomendaciones a los Estados y su aplicación”, comentó Medrano.
Igualmente, sobre el informe presentado por el Estado salvadoreño, el pasado 17 y 18 de noviembre, ante el CAT, Medrano sostuvo que la representación gubernamental no mencionó en ningún párrafo de su informe, ninguna de las situaciones que violentan los derechos humanos de la población salvadoreña.
“Se cuido mucho de no hacer referencia a una serie de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el período del régimen -ya casi permanente- del estado de excepción que estamos viviendo el que casi llega al año de forma consecutiva en el país”, reafirmó Medrano.
Entre las recomendaciones al Estado salvadoreño de parte del CAT, se encuentra la de “Garantizar que las normas que rigen la aplicación del estado de excepción se ajusten a las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en el ámbito internacional”.
Asimismo, el “Estado salvadoreño deberá adoptar medidas eficaces para prevenir las detenciones arbitrarias y garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular los derechos a: ser informados de las razones de su detención, a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero; el derecho de ser asistidas sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita de calidad en caso de necesidad”, detallan las recomendaciones del CAT.
