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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Sonia Sánchez, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, manifestó que reivindicar derechos y la lucha por la defensa de las mujeres, medio ambiente, contra la corrupción entre otras problemáticas, es una “cuesta arriba”, en las comunidades y en especial aquellas que están organizadas en la zona rural.
“El informe de la Red Salvadoreña y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, registra nuestra lucha constante en la cotidianidad de las personas defensoras, y también que la mayoría somos criminalizadas por el simple hecho de defender estos derechos”, señaló.
“No es nada fácil este papel de las personas defensoras en su comunidad y en este momento en el país, con este régimen de excepción que lo que pretende es mantenernos calladas”, expresó Sánchez.
El anteproyecto para un ley de protección de las personas defensoras de derechos humanos fue presentado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, en la Asamblea Legislativa el 6 de septiembre de 2018, con el fin de “garantizar el reconocimiento y la protección” de estas personas líderes de sus comunidades que defienden sus territorios. No obstante, esta fue enviada al archivo por la nueva legislatura dominda por Nuevas Ideas.
Sobre las “personas defensoras de derechos humanos”, el Comité contra la Tortura, las incluyó en su informe y lamentó que hasta la fecha el Estado salvadoreño no haya aprobado aún el marco normativo para su protección y dar garantías de su trabajo en sus territorios.
El Comité en su informe final emitió una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño, encaminadas a salvaguardar los derechos de la población y aquellas personas que se dedican a defender derechos.
El Comité, además, advierte que el Estado salvadoreño debe trabajar en erradicar cualquier acto de tortura desde los marcos jurídicos y atendiendo los estándares del derecho internacional en esta materia y en el contexto del octavo mes de vigencia del Régimen de Excepción en El Salvador.
Asimismo, el Comité incluye en el informe, entre sus observaciones, el trabajo del Estado, en particular al relacionado a la defensa de las víctimas de desapariciones forzadas, aborto y emergencias obstétricas, violencia de género, tortura y malos tratos, entre otras. Y añaden, la preocupación del Comité, sobre la “falta de investigaciones al respecto”, que están documentadas en su informe final.
El Comité invitó al Estado salvadoreño a buscar la adopción de un “marco normativo” para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y garantizar su trabajo como derecho fundamental de la ciudadanía de participación ciudadana y denuncia de problemáticas sociales, económicas, culturales, de género o políticas.
Asimismo, lamentó no haber recibido datos estadísticos completos y desglosados los datos sobre estas muertes en custodia e incidentes de violencia registrados durante ese período que han evaluado.
“El Estado debe velar por que los defensores/as de derechos humanos, que estén protegidos frente a las amenazas y la intimidación derivadas de sus actividades relacionadas con su trabajo”, dijo.
En ese contexto, invitó al Estado salvadoreño a informar al Comité sobre sus “planes” para aplicar, durante el período correspondiente al siguiente informe, algunas de las demás recomendaciones formuladas en las observaciones finales o todas ellas, estipulo el Comité.
El informe final del Comité contra la Tortura fue presentado el pasado 25 de noviembre, que se dio luego que el Estado salvadoreño presentara su documentación para su tercer proceso de evaluación periódica el pasado 17 y 18 de noviembre del presente año.
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