Estado salvadoreño en deuda con derechos sociales, económicos y culturales

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Hemos presentado como Colectivo EPU-DESC SV un informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que enfatiza los múltiples retrocesos que hay en materia de derechos sociales, económicos y culturales”, dijo Elizabeth Estrada, integrante de FESPAD.

La entrega del Informe Alternativo se realizó el martes 16 de julio 2024 al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del “4to. Ciclo del Examen Periódico” (EPU), quienes evaluarán al Estado salvadoreño a inicios del próximo 2025.

“Hay retrocesos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, salud, trabajo, así también la seguridad alimentaria, entre otros, con casos registrados y documentados por las diversas organizaciones que integran al Colectivo EPU-DESC SV.”, indicó Estrada.

Sobre el Informe Alternativo, agregó, que estos “múltiples retrocesos” del Estado salvadoreño enfatizaron en sectores mayormente vulnerados como los Pueblos Indígenas, así como trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de forma masiva y sin respetar los procesos establecidos en los distintos marcos jurídicos de un Estado democrático.

“El informe alternativo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abarca el período tiempo (2019 a 2024), en donde retomamos las recomendaciones que le hicieron anteriormente diferentes Estados, en el marco del tercer ciclo del EPU al Estado salvadoreño”.

“Y luego de revisar las recomendaciones nos damos cuenta que en su mayoría no han sido cumplidas por el Estado salvadoreño. Y que todavía están generando importantes deudas sociales en los diferentes temas de los derechos sociales, económicos y culturales”, sostuvo Estrada.

La “opacidad a nivel gubernamental” de información oficial, que ha terminado por un difícil acceso de “información pública”, que fue señalado también en el informe del Colectivo EPU ha sido retomado nuevamente.

La información del documento presentado ante la ONU contiene el registro de casos desde las organizaciones que procesan información verificada de las denuncias, así como la información reproducida por medios nacionales e internacionales sobre la realidad nacional.

Violación al derecho a un medio ambiente sano

Claudia Rodríguez, de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), reiteró que la promoción y profundización del “modelo extractivista” en el país está generando mayores impactos sobre la población y los bienes naturales que reciben el impacto de fenómenos provocados por el cambio climático.

“Porque como todos saben, hay muchos casos de depredación del medio ambiente y del Cambio Climático, se evidencia a partir de los procesos extractivos y que se están utilizando como moneda de cambio de un desarrollo económico riesgoso”, afirmó.

“Es por esto que hablamos en nuestro Informe Alternativo de estas vulneraciones en nuestro país, que genera un alto impacto a la Casa Común, esa que nos da vida, nos alimenta y nos abastece de agua. Porque tenemos derecho a un ambiente sano”, sostuvo Rodríguez.

En cuanto a los proyectos mineros y el agua, Rodríguez, enfatizó, que el Estado salvadoreño no puede pasar por alto el derecho humano al agua de la población frente a los 15 proyectos mineros que amenazan el territorio con la generación de drenaje ácido a diversas cuencas y ríos del país.

“Sabemos que somos agua dependientes y que necesitamos cuidar las cuencas y el agua de los ríos para la biodiversidad y la vida humana. Por esto, en el Informe Alternativo insistimos que hay incumplimiento al marco jurídico ambiental”, dijo.

“No olvidemos que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país fue un logro por la lucha de las organizaciones sociales y ambientales; entonces, no podemos dejar pasar la nula aplicación de marcos vigentes ambientales y el incumplimiento de protección de los bienes naturales”, indicó.

Abandono del Agro impacta a la población rural

Los retrocesos en el sector agrícola, explicó Alex Chavarría, de Vía Campesina, repercuten en el incremento de la pobreza total en el área rural que pasó del 22.8% (2019) al 26.6% (2022), en donde un 4.5% y 8.6% corresponden a la “pobreza extrema”, indicó. Y considera un retroceso de las políticas públicas y programas sociales que se estaban anteriormente en función de la agricultura familiar.

“Se tienen retrocesos por la reducción de áreas cultivadas, pasando en el maíz de 386 mil 890 a 376 mil 229 manzanas de cultivo, es decir, una reducción de un 2.8% en el período (2019-2022). Y en el caso del frijol pasó de 139 mil 797 a 138 mil 207 manzanas, una reducción de 1.1 en el mismo período”, afirmó.

“Es de tener en cuenta que el maíz y el arroz forman parte de la dieta principal de la población. Y tenemos, la afectación por el incremento de las importaciones y frente a la ausencia de políticas públicas agrícolas efectivas, que pese a numerosos anuncios gubernamentales, estos no se han hecho una realidad en los campos de cultivo”, añadió Chavarría.

Asimismo, el Colectivo EPU integró al informe la “inflación internacional” y los precios en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que con su constante incremento de los precios se hace menos accesible la compra de estos alimentos de la población más vulnerable.

Así como el tema de la vivienda, que no cuenta aún con una “legislación secundaria” , lo que impide se reconozca y desarrolle el “derecho a la vivienda adecuada”. Por el contrario, el país cuenta con un marco normativo que ejecuta “desalojos forzosos” muchas veces, de población en condición de vulnerabilidad.

La Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles se les ha aplicado a comunidades que identificaron como “históricamente empobrecidas”, siendo habitantes en asentamientos humanos irregulares que no cuentan con opciones habitacionales, de tallaron.

Entre 2017 al 2021 se registraron 1, 726 procesos de desalojo a escala nacional.

Incumplimiento de derechos laborales y criminalización sindical

Ovidio Hernández, integrante de la Mesa por la Justicia Laboral, reiteró que ha habido un “retroceso en materia de derechos laborales”. Mencionó que han documentado un aproximado de 17 dirigentes sindicalesnque se encuentran bajo procesos penales por ejercer su labor sindical y de defensa de derechos laborales.

“El caso emblemático que tenemos es el compañero José Leónidas Bonilla, dirigente sindical del distrito de Mejicanos, quien fue capturado de forma arbitraria, y falleció el 3 de septiembre de 2023, este caso está ante la Organización de las Naciones Unidas”, manifestó.

“Queremos como sector laboral que se deduzcan responsabilidades de ese caso del compañero y otros casos similares. Y denunciamos que continúan los despidos masivos desde el inicio de la administración gubernamental contra los trabajadores del sector público y semiautónomas”, reafirmó Hernández.

“Las alcaldías, con la aplicación de la Ley Especial Municipal, muchos trabajadores han perdido el derecho a la estabilidad laboral, a mantenerse en un distrito o municipios”, aseguró Chavarría.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso especial que realiza un grupo de Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el Consejo de Derechos Humanos Sociales, Económicos y Culturales (DESC).

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) que integra al Colectivo EPU, recalcó, que entre estos grupos poblacionales mayormente vulnerables a todo tipo de prerrogativas están los Pueblos Indígenas, que son impactados por proyectos extractivistas y la agroindustria.

“Hay grupos especialmente vulnerables como los Pueblos Indígenas, a quienes no están respetando su derecho a su identidad, a sus costumbres y usos de sus conocimientos. Además, de no protegerlos ni conservar su conocimiento ancestral”, expresó.

“Lo más grave es que no respetan su derecho a la información previa y libre en sus territorios con proyectos que les pueden afectar mucho y de esto proyectos son más los relacionados en materia ambiental que los despoja”, reiteró González.

Con el Informe Alternativo, agregó González, pretenden “dar luz” sobre las garantías y comportamiento del Estado salvadoreño con estos derechos a nivel nacional.