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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
José Laínez, padre denunciante de Asociación ProBúsqueda, dijo este viernes que el Estado salvadoreño continúa en deuda con víctimas del conflicto armado, como la niñez desaparecida. “En nombre de todas estas familias quiero que me escuchen, nosotros llevamos un profundo dolor como víctimas. Y el Estado salvadoreño, a 30 años de esta búsqueda de paz, seguimos todavía crucificados”, agregó.
José Laínez reencontró a su hija hace más de 2 décadas, pero no ha dejado de acompañar a otras familias en este proceso de dar con el paradero de la niñez desaparecida durante el conflicto armado en los años ochenta en El Salvador, que dejó un saldo de más de 5 mil personas desaparecidas forzosamente por agentes del Estado de esa época.
En las vísperas de conmemorar el “Día de la Niñez Desaparecida en El Salvador”, el próximo 29 de marzo, padres, madres y equipo técnico de la Asociación ProBúsqueda reiteraron su llamado al Estado salvadoreño a dar cumplimiento a la sentencia emitida el año 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esa condena obliga al Estado salvadoreño a investigar, aplicar justicia y reparar a la niñez desaparecida forzosamente, en el caso específico llamado “Operación Limpieza”, pero recordada por la población como la “Guinda de Mayo”, que fue ejecutada entre el 27 de mayo al 9 de junio 1982.
“Creánme, me da mucho dolor cuando visito familias y las madres que han perdido sus hijos o hijas, revienta en llanto cuando no les doy una noticia de aliento. Y parece que el Estado no ha puesto énfasis en esto”, agregó.
“Para mí, cuando haya justicia en este país, será como ir cortándole las alas a la impunidad, y que todos esos casos no queden sin justicia, porque hay casos crueles. La Constitución dice que el Estado es el responsable de velar por las familias, pero no ha sido así en estos 30 años. Pero seguiremos buscando hasta donde nos alcancen las fuerzas por la paz, la justicia y la verdad”, argumentó Laínez.
Estado salvadoreño frente a la Corte IDH
Heli Hernández, abogado de ProBúsqueda, se refirió a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado salvadoreño de crear un Día de la Niñez Desaparecida, que la busca concientizar a la sociedad acerca de este tema y publicitar, porque estuvo mucho tiempo “oculto”, cuando es parte de la historia de El Salvador.
“Es a partir de la sentencia de las Hermanitas Serrano Cruz (2005) que internacionalmente se reconoció la desaparición de niños y niñas”, indicó.
La Corte mencionó que esta fecha sirva también para buscar soluciones a todos estos casos que están sin resolver, manifestó Hernández.
El Salvador sin mecanismos o avances en Justicia
Ana Julia Escalante, presidenta de Asociación ProBúsqueda, opinó que en el país no existen mecanismos o avances en el tema de justicia para las víctimas del conflicto armado. Y en el caso de la niñez desaparecida, añadió que ha sido tratado superficialmente e invisibilizado las prioridades de aplicación de justicia.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), no se le prestó atención al tema, y fue precisamente a partir de esta sentencia (2005/Operación Limpieza) enfocada en la niñez desaparecida, que el tema retomó más fuerza para las familias que sufren el dolor de no conocer el paradero de sus hijos e hijas”, argumentó.
Esta sentencia, agregó Escalante, también reconoce el impacto que las personas desaparecidas han sufrido, porque no se puede negar que esa niñez es y sigue siendo la población más vulnerable en esta crisis, que creció en un ambiente de violencia durante la guerra, sufriendo las guindas, y toda la violencia posterior de su captura y posterior desaparición y desarraigo de sus familias, explicó Escalante.
El “Día de la Niñez Desaparecida” permite a las víctimas sobrevivientes poner sobre la mesa el dolor de estas familias que aún buscan a sus hijos e hijas, agregó.
Escalante le recordó al Estado salvadoreño su responsabilidad con la sentencia de la Corte IDH, así como reivindicar a estas personas que sufrieron la desaparición forzada, siendo unos niños y niñas.
La Asociación ProBúsqueda mantiene un registro de 1,046 denuncias, de los cuales 469 han sido resueltos, 291 reencuentros realizados, 89 casos localizados pendientes, 89 casos localizados fallecidos y 577 casos en gestión.
“ProBúsqueda ha llevado un proceso bastante importante en establecer mecanismos de identificación e investigación, que incluye innovadores métodos para identificar a las personas desaparecidas con pruebas de ADN (material genético)”, afirmó Escalante.
Muestras de ADN, evidencia científica
La doctora Patricia Vásquez, genetista del Equipo Técnico de Investigación de ProBúsqueda, afirmó que el trabajo técnico de una investigación está conformado por diferentes evidencias como: contexto, testimonios, documentos y la evidencia científica a través de las muestras de ADN de familiares.
“Sabemos que la información genética permite confirmar con un alto nivel de certeza la filiación de una persona y su familia biológica, es por esto que ProBúsqueda desde el 2004, y a iniciativa del padre Jon Cortina, comenzó con esta construcción de la Base de Perfiles Genéticos”, explicó.
Para las personas que viven en el extranjero también se ha diseñado un -kit para la toma de muestras y ellas pueden enviarla por correo a ProBúsqueda, añadió la especialista.
Una vez recibida estas muestras se envían a laboratorios internacionales que están acreditados y al terminar la comparación damos los resultados de confirmación de los casos con evidencia científica, explicó Vásquez.
Piden cumplir la sentencia
La Asociación ProBúsqueda reiteró, en el Día de la Niñez Desaparecida, el llamado al Estado salvadoreño a cumplir con la sentencia de la Corte IDH, y proveer justicia a miles de familias que aún no terminan de “cerrar sus ciclos de duelo ambiguo”, que no les permite una sanación emocional en sus vidas.
También hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a que retome, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el anteproyecto presentado por organizaciones y familiares de víctimas sobre Justicia Transicional.
Mientras que al órgano Judicial, a actualizar la información sobre el enfoque de la Ley y Reglamento del Banco de Datos Genéticos, y, finalmente, a la Fiscalía General de la República a investigar las denuncias y judicializarlas.
