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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Mi hijo desapareció cuando fue capturado por la Guardia Nacional, el 30 de agosto de 1980, en San Martín. Él era un estudiante e iba a sus clases”, relató Antonia Morales de Cabrera, del Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC).
“Aún estoy esperando, desde ese día, que me digan dónde está, que me digan la verdad para tener paz. Y el intento del diputado (Rodolfo) Parker con su ley de reconciliación no solo es una burla a las víctimas, es un abuso total”, expresó.
En el Vigésimo Sexto aniversario de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, denominado: “De la Locura a la Esperanza”, contiene el registro de una serie de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1980-1992).
En ese marco de esta fecha luego de una guerra civil que cobró alrededor de 70 mil vidas, así como torturados y desaparecidos de manera forzosa, la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, reiteró su demanda de justicia y verdad para las víctimas, que aún esperan acceso a la justicia desde el Estado salvadoreño.
Guadalupe Mejía, presidente de CODEFAM, expresó que las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad no se han cumplido. Aclaró que hasta hoy no hay visos, desde la Fiscalía General de la República, de un proceso serio en la masacre de El Sumpul, El Junquillo, la de los sacerdotes jesuitas al interior de la UCA, el magnicidio de San Oscar Romero y la masacre en el local de FENASTRAS.
“Por eso estamos acá pidiendo justicia afuera del parque (Cuscatlán), que guarda el memorial de las víctimas (Monumento a la Memoria y la Verdad), porque ya pasó un año y no nos dejan entrar. Cuando lo reconocemos para honrar a las víctimas y familiares”, acotó.
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, lamentó que no se haya podido superar la impunidad, lo que motiva a seguir luchando por las víctimas del conflicto que han sido invisibilizadas por innumerables gobiernos y órganos del Estado.
“En ningún caso ocurrido durante el conflicto, considerado de lesa humanidad o crimen de guerra, se administró justicia, lejos de eso cinco días después de publicado el informe de la Comisión de la Verdad, el Estado salvadoreño, aprobó y publicó la aberrante ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (1993), lo que constituyó una clara violación a los Acuerdos de Paz”, reseñó.
Sobre las cifras en el contenido del informe de la Comisión de la Verdad, se registraron dos mil declaraciones de personas que relataron siete mil hechos directos y ocho mil de forma indirecta. Así también, recibió 23 mil denuncias que refieren 13 mil 569 hechos graves, de los cuales, 32 fueron retomados por la Comisión que dejó en evidencia un patrón de violencia de las partes en el conflicto.
“La sentencia emitida el 13 de julio de 2016, por la Sala de lo Constitucional, que derogó la ley de Amnistía, se establece que no puede emplearse ninguna figura jurídica para evitar el juzgamiento a graves violaciones, y ordena la aprobación de una ley de Reconciliación, donde las víctimas serán tomadas en cuenta en estos hechos. Y el órgano Legislativos está fraguando un fraude en esta sentencia al proponer la construcción de una nueva ley de amnistía, en la que claramente se niega el derecho de acceso a la justicia”, sentenció.
Miguel Montenegro, de la CDHES, destacó que con la propuesta de borrador del diputado Rodolfo Parker (PDC), que pide una amnistía express, para los victimarios, contribuye a seguir manteniendo un clima de impunidad e injusticia para las víctimas.
“Esas actitudes abusivas solo nos llevan de retroceso como sociedad. Es por eso que no podemos dejar de mencionar y conmemorar estos 26 años del Informe de la Comisión de la Verdad, sobre la petición de justicia para las víctimas. Pedimos a la Fiscalía General de la República, a la Corte Suprema de Justicia y jueces, dar cumplimiento y permitir a las víctimas obtener pronta y cumplida justicia así como su resarcimiento moral. Los políticos no pueden proponer algo que lesione sus derechos cuando los victimarios han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; estamos hablando de la población civil que fue vulnerada y por la que seguiremos luchando por su derecho y por una verdadera democracia”, puntualizó.
