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Durante los últimos años, FESPAD ha advertido sobre la degradación y el declive en los DESC, evidenciado en el desmantelamiento de programas agrícolas, cierre de escuelas, precariedad en hospitales, despidos injustificados, entre otras afectaciones.
Saúl Méndez
Colaborador
El Salvador se sometió por cuarta ocasión al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo concebido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países miembros. Los resultados de la reciente evaluación sugieren que en El Salvador se evidencia un declive en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El EPU estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. Debido a esto, los Estados Miembros deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para mejorar la situación de derechos humanos en el país y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos. Además, reciben recomendaciones elaboradas por los demás Estados Miembros.
Organizaciones sociales que conforman el Colectivo EPU-DESC denunciaron que, durante el Cuarto Examen Periódico Universal, el Estado salvadoreño no reconoció las violaciones a los derechos humanos documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
El colectivo aseguró que los funcionarios que conformaron la delegación centró su narrativa en la reducción de la violencia, tomando como única variable la disminución de homicidios.
Elizabeth Estrada, vocera de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), reveló que, durante la evaluación, los funcionarios salvadoreños evitaron hablar sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en El Salvador.
«Sus afirmaciones son contrapuestas a la realidad que enfrentan las grandes mayorías en el país», denunció Estrada.
Durante los últimos años, FESPAD ha advertido sobre la degradación y el declive en los DESC, evidenciado en el desmantelamiento de programas agrícolas, cierre de escuelas, precariedad en hospitales, despidos injustificados, entre otras afectaciones.
«Una de las afectaciones más palpables es la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica», alertó FESPAD.
La histórica Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada en 2017, no obstante, fue derogada y sustituida por la Ley General de la Minería Metálica en diciembre de 2024. El Colectivo EPU-DESC advirtió que la nueva ley compromete el derecho humano al agua, alimentación, salud y vida digna de la población salvadoreña.
«Esta no es la única manifestación de la crisis de derechos», advirtió la vocera de FESPAD.
Durante el 2024 continuó la constante práctica de despidos arbitrarios de trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas. Datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) sugieren que en el último año 3,847 personas fueron despedidas sin justificación y en contra del debido proceso.
Patricia de Claudio, vocera del MTD, afirmó que el sector sindical sufre de persecución y criminalización. «Tenemos todavía compañeros capturados por el simple hecho de exigir que se cumplan sus derechos, que se proporcionen sus insumos para el trabajo», aclaró.
Por otra parte, el informe nacional de consulta pública presentado por El Salvador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no hizo referencia a la revisión del salario mínimo que, por ley, debió efectuarse en 2024 para que esté acorde al costo de la vida que cada año encarece.
En concreto, el año 2024 cerró con el promedio anual de la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBA) más alta de la historia, la cual ascendió a $254.383, mientras que en 2023 el promedio anual fue de $245.024, y en 2022 de $213.426.
Dentro del informe, tampoco se mencionó el incumplimiento de los compromisos adquiridos en diciembre de 2018 con la ratificación de la Declaración de los Derechos del Campesinado y otras personas que Trabajan en otras Zonas Rurales (UNDROP).
«El Estado no ha cambiado lo que por décadas ha afectado al país y es el hecho de no aceptar la crítica y las peticiones ciudadanas. Hay una tendencia de querer hacer las cosas a favor de un grupo reducido de personas, eso es histórico, no empezó en este gobierno, pero lamentablemente se mantiene», explicó el colectivo.
Recomendación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
En la sesión del pasado lunes 20 de enero, en Ginebra, 74 países participaron e hicieron diferentes recomendaciones al Estado de El Salvador. Alrededor de 64 recomendaciones fueron en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De estos, 12 en materia de educación; 24 sobre el derecho a salud, salud sexual y reproductiva, y en torno a evitar la criminalización de mujeres que sufren, o han sufrido, emergencias obstétricas, partos extrahospitalarios entre otros; 3 respecto al derecho a la alimentación adecuada; 7 en relación al derecho al trabajo; 3 sobre el derecho humano al agua; 1 en relación a los derechos de la población campesina; 8 sobre derechos culturales y pueblos indígenas; y 5 sobre seguridad social en general.
«Es de vital importancia que el Estado salvadoreño asuma con responsabilidad las recomendaciones realizadas por otros países, plasmadas en el informe presentado por la comisión facilitadora para El Salvador conformado por Brasil, Chequia e Indonesia el viernes 24 de enero», indicó el Colectivo EPU-DESC.
