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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el reciente ciclo de revisión del Examen Periódico Universal a El Salvador (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) presentó un informe especial relacionado a 7 de las recomendaciones hechas en materia ambiental y que aceptó dar cumplimiento.
No obstante, la MNFM señaló que lejos de dar cumplimiento a las recomendaciones, el modelo económico impulsado por la anterior y actual administración sólo está “profundizando un desarrollo económico extractivista” que terminará en impactos considerables en la población y el medio ambiente.
“El Estado salvadoreño ha generado una apuesta por la promoción de inversión privada en proyectos prioritariamente turísticos en distintos territorios de atractivo natural para su explotación económica”, dijo en su informe la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
La mesa también manifestó que la “inversión para ampliar la matriz energética” en un enfoque de “energías alternativas” para disminuir la descarbonización (CO2) como parte de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (COP), para obtener fondos de cooperación, estas no eran claras y sólo generan incertidumbre.
La MNFM reiteró que la ausencia de información pública sobre el proyecto de generación de energía alternativas como la de “reactores de Torio” (elemento químico radiactivo), aumenta la desconfianza, ante un inminente daño al ambiente, bienes naturales y la población en el país. A lo anerior se suma el riesgo de reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en busca de la extracción del Torio en suelo nacional.
Ampliación de matriz energética : energía nuclear
La MNFM detalla que la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (MINEC) registró en 2023 una capacidad instalada de generación de 2,461 MW, que se clasifican en: 33% Gas natural licuado, 20.11% Hidroeléctrica; 20.04% Geotérmica, 9.42% Búnker, 7.31% Fotovoltaica, 7.22% Biomasa; 2.27% Eólica y un 0.01% Diésel.
“Pese a la relevancia de la transición por fuentes renovabables”, no pueden obviar que en proyectos específicos como la producción de la energía hidroeléctrica ha causado “confilictividad socioambiental”, como han denunciado comunidades indígenas, que defienden el cauce del río Sensunapan, en el departamento de Sonsonate.
“En marzo de 2023 se anunció la firma del Acuerdo para la Generación de Energía Nuclear a través de reactores alimentados con Torio, con la empresa Thorium Energy Bridge Plan. Y a la fecha, el contenido del Acuerdo no es del conocimiento público, se desconocen las implicaciones y se aceptó sin un proceso de consulta abierta”, reafirmó la MNFM.
Dina Larios, investigadora del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, comentó que existen muchas iniciativas y estudios que se están llevando a cabo en China, India y Alemania, para desarrollar reactores efectivos de Torio.
“Esto no quiere decir que no se haya utilizado el Torio como fuente de energía anteriormente, se ha utilizado, pero en períodos cortos y limitados de tiempo. Por esto es que no existen proyectos que estén produciendo a nivel comercial”, expresó.
“En el pasado los intentos de utilizar el Torio preferentemente para producir energía, no pudieron llevarse a cabo. Si existe Torio en las rocas de El Salvador, pero no se sabe si estas rocas tiene una concentración suficiente alta para ser explotadas o poder separar el Torio con fines energéticos”, agregó Larios.
El Salvador y el Modelo Extractivista
Sobre este modelo económico enfocado en el extractivismo, la MNFM refirió que este se concreta a través de proyectos de inversión privados, iniciativas de asocios público-privado.
El crecimiento imparable del monocultivo de la caña de azúcar, la explotación de minería no metálica, la generación hidroeléctrica y la mercantilización de la tierra al que se une el extractivismo inmobiliario, gozan de permisos ambientales y otras prerrogativas para afianzarse en los territorios.
“Las regulaciones y marcos normativos en torno al funcionamiento de las formas de extractivismo mencionadas no están diseñadas para el cuido del ambiente o el derecho humano al agua. Por el contrario, incrementa los impactos socioambientales de este modelo”, agregó.
“Y se refleja en el incumplimiento casi total de las recomendaciones que se le hizo en la última Evaluación Periódica Universal a El Salvador (EPU)”, acotó en su investigación la MNFM.
Durante el primer período administrativo del presidente Nayib Bukele (2019-2024), se ha identificado un “mecanismo” que implementa prácticas extractivas contenidas en 3 ejes principales: Reformas y creación de marcos normativos, Incumplimiento de regulaciones ambientales existentes, y Desburocratización del procedimiento en beneficio del sector privado.
Lo anerior deja en evidencia el incumplimiento de normativas a nivel institucional y obvian las responsabilidades vigentes como la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Porque aún persisten pasivos mineros y contaminación en la región oriental del país.
“Aún se desconoce si se pretende extraer el Torio o importar el metal. De darse el primer escenario la extracción de este mineral representaría la violación a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, por tanto, es un potencial riesgo de reversión o reforma de dicho marco normativo”, argumentó la MNFM.
“El Salvador está suscrito a convenios y tratados internacionales para el cuido del bien hídrico y acciones en relación con adaptación y mitigación frente al cambio climático, en adición a la ya existente Ley General de Recursos Hídricos, sin embargo, los proyectos como el Torio no han contemplado las posibles afectaciones socioambientales”, reiteró.
Criminalización de la defensa ambiental
En cuanto a la labor que ejercen las personas defensoras del medio ambiente en el país, la MNFM consignó la “criminalización” como medida o herramienta para “limitar la oposición a proyectos extractivos” en el territorio nacional.
“Durante el período 2019-2024 se registraron casos de criminalización ambiental, uno de los más emblemáticos es la captura de cinco líderes ambientales de Santa Marta, Cabañas, que permanecen privados de libertad desde hace más de un año, pese a los requerimientos realizados por organismos internacionales”, señaló la MNFM.
“El Estado salvadoreño no ha cumplido completamente las recomendaciones adquiridas con el ambiente (EPU), el derecho humano al agua o las personas defensoras de derechos humanos. Antagónicamente, el desarrollo económico sólo refleja la priorización de los intereses privados sobre la garantía y cumplimiento de los derechos humanos”, añadió.
Recomendaciones al Estado Salvadoreño:
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica recomendó a El Salvador “cumplir de manera diligente sus obligaciones”, como las contenidas en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y dar atención al “cierre técnico” de los pasivos mineros existentes y la remediación ambiental.
“El órgano Ejecutivo debe retomar la propuesta para un nuevo Reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, elaborado por la MNFM, presentada en las oficinas de Casa Presidencial en el año 2022, que propone alternativas en atención a la contaminación heredada por las empresas mineras en el país”, alegó.
“El Estado salvadoreño debe realizar acciones positivas para reafirmar el rechazo a la minería metálica, como lo hizo en 2017; y en particular rechazar la explotación de Torio, debido a la posibilidad de coexistencia del Torio con yacimientos de oro y plata.Y proporcionar información que garantice la no explotación de este metal”, sugirió la MNFM.
Asimismo, invitó al Estado salvadoreño a “desistir” de cualquier intento de reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que por el contrario garantice la protección de los bienes naturales y principalmente el agua junto a la sostenibilidad ambiental.
“El Estado debe elevar a rango constitucional la prohibición de la minería metálica, también debe crear el Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional para que promueva la generación de acuerdos binacionales o regionales para la protección de cuencas compartidas como mandata la Ley General de Recursos Hídricos”, puntualizó la MNFM en su informe.
