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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El movimiento político ReverdES se pronunció ante lo que considera un grave retroceso en el sistema político, social y económico salvadoreño, que lo aleja del “ideal” de la justicia social de otras naciones.
“En los años recientes la crisis económica y política que vivimos nos está alejando cada vez más de la paz, de la seguridad, del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para los sectores más desfavorecidos”, afirmó Rafael Rivera, miembro de ReverdES.
El pronunciamiento de ReverdES se da en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”, decretado por las Naciones Unidas (ONU) con el fin de que los Estados miembro realicen acciones que garanticen los derechos humanos fundamentales de sus pueblos.
Entre los derechos fundamentales debilitados identificó: la salud, la alimentación adecuada, vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, la divulgación de la cultura solidaria.
Igualmente, abogó por el desgaste a derechos estratégicos como la libertad de pensamiento, de expresión, el fortalecimiento de la seguridad y la certeza jurídica.
Eduardo Rodríguez, también de ReverdES, hizo énfasis como gravedad del problema de justicia social el incremento constante y acelerado del costo de la vida, en materia social y económica. Al comentar que solo entre enero 2021 a enero 2022, se ha registrado una inflación acumulada arriba del 6.5 % siendo la inflación más alta de Centroamérica.
“Los productos de la Canasta Básica es donde mayores incrementos se registran con aumentos hasta del 9% en granos básicos, frutas y verduras, que han duplicado y hasta triplicado los precios de huevos, productos lácteos e insumos para elaborar pan”, ejemplifico.
“Esta situación crítica, pues, si le sumamos el hecho que de acuerdo a estimaciones de septiembre de 2021, la FAO, en el período previo al -hambre estacional- de marzo a mayo de 2022, proyectaban más de 900 mil salvadoreños que se van a encontrar en crisis o emergencia alimentaria, y sin tomar en cuenta el proceso inflacionario que se está perfilando actualmente”, estimó Rodríguez.
En la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES por sus siglás en inglés) que utiliza la FAO, ha clasificado que la Inseguridad Alimentaria Moderada se perfila en poblaciones que no cuentan con recursos económicos suficientes para llevar una dieta saludable; que viven la incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos y la probabilidad que omita una comida al día ocasionalmente.
Mientras la Inseguridad Alimentaria Grave, señala que estas poblaciones o personas se quede sin alimentos o pase todo un día sin comer, varias veces durante el año, indica la FAO.
“Según el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional del año 2021, y en el contexto de la pandemia, las personas que viven con hambre pasaron de 13.8 millones a 59.7 millones en América Latina y el Caribe, lo que representa un aumento de casi 79% en el número de personas con hambre si comparamos las estadísticas entre 2014 a 2020”, acotó Rodríguez
ReverdES, un movimiento político que lo integran en su mayoría jóvenes, señalaron su preocupación por la ruta que llevan el país. Adriana Ramírez opinó que perciben en su cotidianidad como estudiantes universitarios o trabajadores eventuales, que sus realidades son precarias dentro del contexto de las actuales políticas públicas.
“Es una situación muy difícil, hay compañeros que tienen que pasar su día solo con un dólar los tres tiempos de comida (en las universidades) es por esto nuestra preocupación por la justicia social, nuestro autocuidado, la salud, porque ¿Cómo vamos a tener salud?, sin alimentación sana, porque cada uno tiene su propia realidad”, afirmó.
“Hay grandes problemas como el acceso al trabajo, a la educación las dificultades de movilizarse, sacrificando derechos fundamentales, para tratar de obtener un proyecto de vida”, sostuvo Ramírez.
ReverdES reconoció el problema global que representa y los factores asociados a enfrentar la pandemia por COVID-19, que ha significado una logística sin precedentes a escala mundial, que ha generado estancamientos en muchos sectores mercantiles y económicos. No obstante, los Estados no pueden omitir su obligación de garantizar los derechos fundamentales de sus pueblos.
Judith Barrera manifestó que el gobierno no debe apostar como salida al desarrollo del país, que está vinculado a megaconstrucciones, cuando se agrede al medio ambiente o se afecta directamente a las comunidades que viven en zonas estratégicas de acuíferos o zonas de reservas naturales.
“De qué sirven edificios bonitos, mientras familias y jóvenes de las comunidades estamos en crisis alimentaria y económica. Cuando no hay políticas que acompañen salidas integrales como la agroecología y apuestan a las políticas públicas encaminadas al uso de agrotóxicos, porque hay interés económicos y de negocios. Bueno, lo que tendremos es una agresión a una vida digna de la gente”, sostuvo Barrera.
Ese abandono o falta de interés de políticas o programas públicos innovadores, agregó Barrera, se desdibuja el cumplimiento de los derechos humanos por sobre los intereses económicos. “La población que come un pan dulce con café de desayuno, con un pancito más pequeño por el aumento del precio de las harinas, es el que va a sustentar y tratar de llegar al almuerzo, si es que lo logra realizarlo, entonces, es una problemática que no solo afecta a los adultos, sino también a las juventudes, situación crítica de aumento de precios a la que no se está prestando atención, en donde cada salvadoreño resuelve a su manera, comiendo menos u otras medidas”, manifestó.
ReverdES hizo pública también sus demandas en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, a la actual administración del presidente Nayib Bukele, a que asuma el “papel regulador” en los precios en la economía y evitar abusos a poblaciones más vulnerables.
Asimismo, la creación de un subsidio que garantice el derecho humano a la alimentación; crear un mecanismo de ajuste automático del salario mínimo al índice de precios al consumidor y garantizar que la población cubra sus principales necesidades frente al aumento de la inflación.
