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Gloria Silvia Orellana
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“La sentencia que ha dado a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es histórica, porque está reconociendo que los familiares de las personas desaparecidas son víctimas indirectas de un crimen de Lesa Humanidad como lo es la desaparición forzada de personas”, explicó Celia Medrano, experta y defensora de derechos humanos.
Medrano agregó que “esos elementos que ordena la Corte IDH al Estado salvadoreño, son aspectos de una sentencia que reconoce los principios fundamentales de la justicia transicional”.
Este 16 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado de El Salvador de la desaparición de : Patricia Emilie Cuéllar, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, hecho ocurridó el 28 de julio de 1982, en el marco del conflicto armado de la década de los años ochenta.
En el acto de notificación de la sentencia, leído por la presidenta de la Corte IDH, jueza Nancy Hernández López, afirmó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por las desapariciones de Patricia Emilie Cuéllar, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez”.
Justicia Transicional y el Estado de El Salvador
Celia Medrano señaló que en el tema de reparación y la garantía de no repetición y la prevalencia de las víctimas, serán los casos en donde el Estado deberá “pedir perdón”, a través de un acto público, por este hecho de desaparición forzada ocurrido en 1982.
“La sentencia -insisto- tiene un carácter histórico, puesto que al tomar en cuenta que el actual gobierno a través de su actual Asamblea Legislativa ha enviado al archivo una propuesta de elaboración de una Ley de Justicia Transicional, conforme lo planteó la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en el 2016”, acotó.
“Ahora, un tribunal superior, cuya jurisdicción es reconocida por el Estado salvadoreño, le ordena, a través de la sentencia Cuéllar Sandoval, que tiene que garantizar un mecanismo tomando en cuenta la participación de las víctimas en materia de una normativa que garantice la no repetición bajo los principios de una justicia transicional”, advirtió Medrano.
Celia Medrano destacó de la sentencia de la Corte IDH, el mandato a la creación de un plan de estudios que incluya elementos de formación de la comunidad estudiantil para que conozcan “la grave situación que se vivió durante el conflicto armado”, que se refiere en términos a las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador en la década de los años ochenta.
“La sentencia de la Corte IDH también ordena que haya un plan de sensibilización de los funcionarios públicos de diferentes niveles, para que entiendan de la responsabilidad que tiene el Estado salvadoreño con las víctimas de desaparición forzada.Y la necesidad de prevenir que la desaparición forzada sea una práctica institucional en países como El Salvador”, argumentó.
“Esto significa que en el marco de 2 años consecutivos de suspensión de garantías contempladas en la Constitución de la República, a través del -régimen de excepcionalidad, será un elemento que empuja hacia el Estado de El Salvador, la claridad que nada es impune para siempre”, sentenció Medrano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un espacio de un año, al Estado de El Salvador, para rendir un informe ante este organismo regional de derechos humanos. En donde deberá dar cuentas de cómo ha realizado y garantizado la ejecución y el cumplimiento de esta sentencia.
Desaparición forzada de la familia Cuéllar y otros
Sobre el caso Cuéllar Sandoval y otros versus El Salvador, la Corte IDH documenta la desaparición forzada de esta familia, así como la falta de la “debida diligencia en la investigación e impunidad de los hechos”.
Sobre el caso de la desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, La Corte IDH documentó que era colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desempeñándose también, como secretaria en la Oficina del Socorro Jurídico Cristiano (1978-1980), cuando en los meses de agosto y septiembre de 1978, un grupo de aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional (PN), fuertemente armados, allanaron su domicilio y la fotografiaron.
Posterior a ese hecho, el 5 de julio de 1980 , varios agentes de seguridad de la Fuerza Armada irrumpieron en su lugar de trabajo. En donde los agentes calificaron a los miembros de la organización de “subversivos”. Y es el 27 de julio de 1982, un día antes de su desaparición, que Patricia Cuéllar acudió a las oficinas del Socorro Jurídico Cristiano para denunciar la “persecución en su contra por parte de los cuerpos de seguridad vestidos de civil”, cuando se desplazaba en su vehículo en las calles de San Salvador.
Y fue el 28 de julio de 1982, que en horas de la noche y madrugada, Mauricio Cuéllar Cuéllar, padre de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval y Julia Orbelina Pérez, está última que se desempeñaba como empleada de servicios domésticos, fueron sacados violentamente del domicilio de la familia Cúellar.
