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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” informaron que el pasado 21 de septiembre el Estado salvadoreño presentó, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un escrito con una serie de compromisos, a manera de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
“En el proceso para decidir la imposición de medidas provisionales, ante la eventual aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el Estado salvadoreño se comprometió a no obstaculizar el avance de la investigación, juicio y eventual sanción de responsables del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños”, afirmaron.
En su declaración, CEJIL y Tutela “Dra María Julia Hernández” aseveraron que el Estado salvadoreño aportó un documento firmado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, en donde expresó literalmente: “No existe ninguna intención por parte de esta Asamblea de aprobar una ley, si no cuenta con el consenso y la participación de los diferentes sectores interesados en participar en esta temática”.
Asimismo, agregó que, en cuanto a la Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del Conflicto Armado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les amplió el plazo para que emitan las normativas en materia de reconciliación nacional.
Mientras, la Corte IDH valoró que la Sala de lo Constitucional de El Salvador “podría, eventualmente, pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa, en caso de veto del presidente de la república (Nayib Bukele) y en caso de que se apruebe la ley”, agregaron.
Las organizaciones pro derechos humanos también consideraron importantes las declaraciones que diera el presidente Nayib Bukele, ante la Corte IDH, al señalar que cualquier proyecto de ley que le presentaran “será examinado, teniendo como eje central el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición de las vícitmas de violaciones graves a los derechos humanos”; el mandatario manifestó eso, al solicitar a la Corte IDH “que no era necesario, por el momento, ordenar medidas al Estado”.
CEJIL y Tutela Legal “Dra María Julia Hernández” recordaron al Estado salvadoreño que las medidas solicitadas ante la Corte IDH se debieron ante el apremio de que se aprobara el anteproyecto “Ley Especial de Justicia Transciional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, que en esencia pretende devolver protecciones a militares y combatientes responsables de graves violaciones a los derechos humanos, durante el conflicto armado de los años ochenta, como lo hizo la derogada Ley de Amnistía de 1993.
“De aprobarse una ley de este tipo, afectaría el proceso abierto por el caso de El Mozote y sitios aledaños, que es considerada la masacre más grande documentada en la historia reciente de América Latina, así como el derecho de acceso a la justicia de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derchos humanos. Por tanto, exigimos al Estado salvadoreño que no apruebe ninguna ley que limite el derecho a la justicia de las víctimas”, reafirmaron.
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