Estado salvadoreño señalado de desapariciones y desplazamiento forzado

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador”, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), revela que la desaparición y el desplazamiento forzado son los dos tipos de violencias perpetrados anteriormente por las pandillas, y ahora es el Estado el principal señalado.

Mientras que las muertes bajo custodia del Estado son una situación más compleja, que podría ser una mezcla del agravamiento de las condiciones inhumanas en (CIDH) los centros de privación de libertad, pero también una muestra del cometimiento de torturas dentro de penales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron el año pasado 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, acompañadas por detenciones arbitrarias previas, presentadas en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2023.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), explicó que de enero a diciembre de 2023 la entidad registró 123 casos de desaparición forzada de corta duración; de las cuales 92 son del género masculino y 31 femenino; el rango etario más afectado fue entre los 18 a 35 años.

Santos dijo que para el año 2023 la Procuraduría General de la República (PGR) reportó un total de 2,099 víctimas de desplazamiento forzado interno en el país, los más afectados son las mujeres, acompañadas de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con datos de Cristosal, IDHUCA y Servicio Social Pasionista (SSPA), el principal agresor de los casos recibidos de enero a junio de 2023 está la Policía Nacional Civil (PNC), con el 72%, el 15% grupos pandilleriles, 3.3% miembros de la Fuerza Armada y otros agentes estatales con el 8.7%.

Con respecto al derecho de acceso a la justicia, las reformas penales implementadas han generado graves vulneraciones a las garantías judiciales como la detención indefinida y penas desproporcionadas; mientras que, las disposiciones transitorias especiales se han utilizado para extender la detención provisional de forma indefinida, además, esas están diseñadas para juzgar colectivamente por la pertenencia a una organización ilícita, sin identificar responsabilidades individuales.

“El Régimen de Excepción y las reformas legales que lo acompañan constituye un derecho penal del enemigo que ha resultado en la negación del acceso a la justicia desde las detenciones injustas hasta muertes bajo custodias del Estado, evidenciando el acceso limitado a expedientes judiciales y falta de medidas sustitutivas a la prisión”, señaló.

El informe del OUDH detalló que persisten los abusos de agentes policiales afectando otras garantías fundamentales como el derecho a la integridad, aunque el número de denuncias registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra una leve reducción del 11%, este derecho es el segundo más vulnerado con 373 víctimas registradas, después del derecho a la libertad.

Estas acciones se dan en un contexto de total desprotección, es evidente la anulación del sistema nacional de protección de derechos humanos, debido a la negligencia de la Sala de lo Constitucional para conocer y resolver las solicitudes de habeas corpus, así como la pasividad de la PDDH para investigar y denunciar la gravedad de las violaciones de derechos humanos, tanto de los centros penitenciarios como de la PNC en general.

Según el informe, una situación grave y preocupante es que el Estado salvadoreño sigue siendo uno de los principales perpetradores directos de graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, a través del aumento del uso desproporcionado de la fuerza letal en enfrentamientos armados, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, persistencia de detenciones arbitrarias, la violación del derecho de acceso a la justicia y las frecuentes muertes de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado.

Una situación alarmante, pero ignorada por las autoridades, es la violencia sexual que registra las tasas más elevadas de victimización, la violencia homicida y feminicida sigue siendo objeto de manipulación, llegando el subregistro hasta un 49% en 2023.

Desde abril hasta diciembre 2023 el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) reportó un total de 5,430 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 90% pertenecen al género femenino. Es decir, hay una tasa de 526 víctimas de violencia sexual por cada 100,000 niñas y adolescentes.

Entre las recomendaciones del OUDH están, que la Asamblea Legislativa deje sin efecto el Régimen de Excepción, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales en vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia, ya que según la Constitución, esta medida debe tener un límite temporal máximo de sesenta días, e implementarse como último recurso, pero se ha convertido en una situación permanente.

Además, pidió a la FGR investigar y sancionar las graves violaciones cometidas por personal propio, funcionarios judiciales, miembros de la PNC y la Fuerza Armada, autoridades penitenciarias de dirección y subalternos, dando especial prioridad a los casos de personas privadas de libertad fallecidas.