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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
El lunes 14 de agosto, se agotó el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de El Salvador, para enviar información y responder a la denuncia de la “instrumentalización de la justicia” en el caso de los defensores del medio ambiente y líderes comunitarios de ADES-Santa Marta, en el departamento de Cabañas.
El pasado 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos y acusados por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado, sin elementos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República, como ha quedado evidenciado.
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, manifestó que la injusticia contra estas personas defensoras del medio ambiente han cumplido más de 7 meses bajo una acusación con “supuestas pruebas que a todas luces son inadmisibles en cualquier proceso penal del mundo”.
“Les han aplicado también un estado de excepción, cuando debe ser un proceso público y común. Y denunciamos que a los detenidos se les ha postergado una audiencia especial de revisión de medidas ordenada hace 47 días por la Cámara Penal de Cojutepeque”, indicó González.
“Se les ha extendido la detención provisional hasta febrero de 2024, sin elementos probatorios, lo que se convierte en una condena anticipada de los defensores de medio ambiente y derechos humanos, lo que violenta todos los páramentros legales y principios del derecho penal”, reafirmó el representante de Tutela Legal.
En cuanto a la falta de respuesta del Estado de El Salvador ante el ente regional de derechos humanos, González agregó que esta denuncia presentada ante la CIDH, fue admitida por la veracidad que existe en las violaciones a los derechos de personas defensoras de Santa Marta y la organización ADES.
“Presentamos la denuncia y solicitamos medidas cautelares (Referencia MC-535 -23) en favor de los mismos, dicha solicitud ya fue analizada por esta instancia (CIDH), por lo cual, le fue otorgado al Estado de El Salvador, hasta el 14 de agosto para responder a las violaciones de los derechos humanos planteadas, pero no lo ha hecho”, expresó.
“La comunidad intenacional está dando seguimiento a la instrumentalización del sistema de justicia salvadoreña para amedrentar y oprimir a los líderes comunitarios de Santa Marta con una condena anticipada, que con fines oscuros busca intimidar a la misma comunidad con la militarización“, alegó González.
González trajo a cuenta las declaraciones de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, los congresistas estadounidenses que pidieron la libertad de los cinco defensores, así como otras organizaciones de derechos humanos internacionales, que afirmó González “están denunciando estas graves violaciones a estos defensores ambientales y de derechos humanos”.
El caso ADES – Santa Marta, por parte de la defensa, ha recibido múltiples reveses en la justicia interna salvadoreña en donde la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial, específicamente el Juzgado de Paz de Victoria, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque y la Sala de lo Penal y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han negado el derecho a un debido proceso a estos cinco defensores sociales.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal MJH, junto a todas las organizaciones que acompañan a esta comunidad, denunció que ante 7 meses de detención ilegal, se elevaba la situación de riesgo en la salud y la vida de los detenidos. A los que sin duda se les aplicó el “régimen de excepción”, argumentó.
“Estamos ante una justicia instrumentalizada, porque les han aplicado una censura cuando es un juicio público, también señalamos que se les ha estado denegando desde el principio una audiencia especial de revisión de medidas, es una situación difícill porque han habido ataques a los defensores y compañeros que han estado solicitándola como el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque”, manifestó.
“Hace 47 días, por una apelación que se logró hacer a la Cámara Penal de Cojutepeque, esta ha ordenado que se realice esta Audiencia Especial de Medidas, pero a la fecha no se ha realizado. Con esto Tutela Legal MJH, ADES, Santa Marta y demás organizaciones señalamos que estamos ante una condena anticipada de los compañeros defensores del medio ambiente”, sostuvo Díaz.
La “condena anticipada”, explicó Díaz, falta al derecho de toda persona a no ser tratadada como culpable, mientras no se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme condenatoria. Ante una “supuesta investigación sin elementos de prueba”, se están violando todos los párametros y principios del derecho penal y los derechos humanos de los cinco ambientalistas, agregó el togado.
“Por esto acudimos a la CIDH a finales de junio, presentando esta denuncia a la violación de los derechos humanos de estos defensores y líderes comunitarios, ante el riesgo de detención en que se encuentran y la posibilidad de tener un desenlace lamentable”, afirmó.
“Ya es conocido de todos que dentro del régimen han fallecido muchas personas por sus enfermedades crónicas y otros por padecimientos de salud, que no fueron atendidos por el sistema penitenciario”, indicó Díaz.
El contenido de la denuncia presentada ante la CIDH, también incluyó el manejo arbitrario por parte del sistema de justicia salvadoreño en el caso de los defensores y líderes comunitarios, como la demora de la Sala de lo Constitucional, para responder un Hábeas corpus presentado por Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a otras organizaciones y a la presente fecha, no han dado una respuesta, informó Díaz.
El Habeas corpus es un “procedimiento legal, rápido y sumario”, según la ley, da una inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente y verifica las condiciones de su detención.
“Hay peticiones también al sistema penitenciario de familiares y defensores para poder conocer su situación, luego de su detención arbitraria. Y ante la CIDH hicimos la denuncia y este 14 de agosto venció el plazo al Estado para dar una respuesta a este organismo, por lo que exigimos al Estado de El Salvador, responder a la CIDH de forma inmediata, efectiva, sin suterfugios para darle esta información y responda a nuestras denuncias”, reiteró.
“Hacemos responsable al Estado salvadoreño sobre la integridad física y la salud de los compañeros defensores, al estar bajo un proceso sin pruebas efectivas para tenerlos detenidos de forma anticipada y que consideramos injusto e innecesario, y que apunta a una motivación política por parte del Estado salvadoreño”, puntualizó Díaz.
