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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones de derechos humanos que participaron en la redacción del “informe alternativo” presentado ante el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), del Sistema de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, el pasado 17 y 18 de noviembre, reflexionaron en torno a las peticiones hechas por dicha comisión.
El Comité Contra la Tortura es un órgano integrado por 10 expertos independientes, quienes supervisan el cumplimiento y aplicación de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes” por sus Estados parte. Y todos estos Estados tienen obligación de presentar al CAT, la forma en que aplican los derechos amparados por la Convención.
Y, no obstante que estos informes se presentan en un ciclo de cada 4 años, el Comité Contra la Tortura ha exigido al Estado salvadoreño presentar su próximo informe en noviembre de 2023, luego de expresar sus reiteradas “preocupaciones” sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Asimismo, en sus “Observaciones Finales”, el CAT revisó los evidentes retrocesos en la investigación y sanción de estas prácticas que violentan los derechos humanos de la población, demandando en específico al Estado salvadoreño, la situación de las personas que se encuentran en detención en el marco del Estado de Excepción, la investigación y atención de las víctimas en los casos violatorios a los derechos humanos durante el conflicto armado de los años ochenta y la salvaguarda de las personas detenidas en los centros de detención.
Asimismo, las organizaciones DPLF, OMCT, Colectiva Feminista, CRISTOSAL, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, AXO, SSPAS, IDHUCA y Fair Trials International, que presentaron el informe que fue clave para la evaluación del Estado salvadoreño, reafirmaron su convicción que darán seguimiento a la implementación de las “Conclusiones Finales” del Comité Contra la Tortura (ONU), a fin de que se garantice el pleno Estado de Derecho en el país.
Victoria Barrientos, de la DPLF, indicó que la “justicia transicional” es una de las “grandes deudas”del Estado salvadoreño y motivo de preocupación del CAT, que en sus recomendaciones señaló la preocupación en materia presupuestaria de la Unidad Especial de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la Fiscalía General de la República.
La Unidad Fiscal, pese a ser creada en 2016, fue hasta en 2018 que funcionó con personal asignado.
La preocupación del CAT, organismos internacionales de derechos humanos y nacionales, es que no solo basta dotar de personal a la unidad fiscal, sino de especialistas en técnicas forenses por las mismas características que presenta estos delitos de larga data.
“Nos preocupa mucho también la falta de rendición de cuentas de unidad fiscal. Se hemos revisado todos los informes de labores de la Fiscalía y en ninguno dan cuenta de cuáles han sido los avances de esta unidad, en relación a la investigación y judicialización de casos del conflicto armado”, afirmó.
“Sabemos que hay 213 casos en sede fiscal, de los cuales únicamente 21 han sido judicializados, pero en ninguno hay una condena. Y es lamentable, que desde la derogación de la Ley de Amnistía (2016) que elimina el obstáculo que impedía a la justicia salvadoreña investigar y juzgar estos crímenes de lesa humanidad a la fecha, no exista ninguna persona condenada”, acotó Barrientos.
A estas preocupaciones del CAT, se sumó la falta de acceso a los archivos militares y de los extintos cuerpos de seguridad de esa época de los años ochenta, y específicamente en el caso de la masacre de El Mozote. Un incumplimiento que no solo ha sido acción del actual gobierno, sino décadas atrás, no han facilitado esta información resguardada que solo permitirá a las víctimas conocer la verdad y ser resarcidas en justicia.
“Falta desde el 2016 una legislación que dé acceso y que facilite el resguardo de estos archivos militares y no se ha cumplido. Y se ve el debilitamiento de la institución encargada de velar por este derecho de acceso a la justicia (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) y la demora en decretar una Ley de Justicia Transicional”, indicó Barrientos.
Mientras, sobre el ámbito del Régimen de Excepción y Detenciones, Yaneth Martínez, integrante de CRISTOSAL, manifestó que el CAT reconoce que la necesidad de implementar acciones contra la violencia generada por grupos de maras o pandillas, “no debe ser excusa” para la vulneración de los derechos humanos de las personas.
Así como, por las detenciones arbitrarias, la falta de información a las familias sobre sus familiares detenidos y la dificultad en el acceso de una asistencia jurídica y adecuada de los detenidos.
“Otras de las preocupaciones del CAT es la ampliación del tiempo para comparecer ante el tribunal, la inefectividad de los Hábeas Corpus (derecho a libertad física e integridad física), la ausencia de un registro completo sobre las personas detenidas y la falta de información sobre las investigaciones y medidas disciplinarias o penales impuestas a agentes de seguridad”, reafirmó Martínez.
Sobre la violencia de género y las observaciones finales del CAT, Anabell Recinos, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señaló que la intranquilidad de este organismo se mantiene en cuanto a las disposiciones del Código Penal, que tipifican como “delito”, todos los actos relacionados por la prestación de servicios de aborto o interrupción voluntaria del embarazo que no contemplan ninguna excepción.
“La penalización del aborto por motivos terapéuticos o en casos de violencia sexual, al CAT le preocupa que las mujeres y niñas tengan que recurrir a abortos clandestinos o emergencias obstétricas que ponen en riesgo su vida y su salud, no solo exponiéndolas a ellas, también a los trabajadores de la salud”, dijo.
“El Comité recomendó al Estado salvadoreño que todas las mujeres y niñas tengan acceso para interrumpir un embarazo, cuando es probable que de no hacerlo se produzca dolor o sufrimiento grave. Cuando el embarazo es por violación o incesto o la salud de la embarazada está en peligro o de malformación fetal incompatibles con la vida, por esto recomendó tomar medidas necesarias dictadas por la OMS”, explicó Recinos.
En materia de independencia judicial y el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene un papel fundamental para el respeto y garantía de los derechos de la población, Jacqueline Cruz, del IDHUCA, explicó que agrava la situación de respeto a los derechos fundamentales de la población ante la falta de independencia judicial en el en el contexto actual de país. “El debilitamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los últimos dos años, comienza con la asignación del presupuesto, que es menor (2021-2022), restándole 3 millones de dólares, un 19.45% destinados a dicha institución, pasando de 15 millones de dólares y medio a 12 millones y medio de dólares”, argumentó.
“Otro elemento que debilita el papel de la PDDH, y preocupa al CAT, se refiere a los procedimientos de elección del titular, y que aprueba la Asamblea Legislativa, que en esta última elección no respetó los principios de mérito, transparencia e idoneidad de las elecciones de segundo grado. Para nuestras organizaciones ha sido motivo de preocupación que en la elección de la nueva procuradora, los diputados obviaron las sanciones del Tribunal de Ética Gubernamental hacia ella”, acotó Cruz.
Y sobre la independencia judicial, añadió que “El Salvador enfrenta una crisis por la cooptación del órgano judicial” que se refleja en una “captura institucional” con el objetivo y propósito de someter las directrices que emanan de los órganos Ejecutivo y Legislativo, explicó Cruz.
“Uno de los efectos de la crisis de independencia judicial es la inactividad de Hábeas Corpus y otras garantías judiciales. Y ante esta situación pedimos dejar sin efecto toda medida legal que resulte contraria a garantizar la independencia judiciales, implementar mecanismo que garanticen la transparencia e idoneidad en la elección de jueces y magistrados, como lo recomendó el CAT”, puntualizó Cruz.
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