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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las familias que buscan a sus hijos e hijas son quienes constituyen Pro Búsqueda, que vienen por décadas buscando justicia y la verdad”, afirmó Ana Julia Escalante, directora ejecutiva de Asociación ProBúsqueda de niñas y niños Desaparecidos (Pro Búsqueda), en el marco de la conmemoración del 41 Aniversario de la “Guinda de Mayo”.
La “Guinda de Mayo” fue un operativo militar realizado entre finales de mayo y principio de junio de 1982, denominado “Domínguez de Pacificación”. Esta operación militar en la zona nor-oriente del departamento de Chalatenango movilizó a 10 mil efectivos militares. Que dejó a su paso a decenas de niños y niñas retenidos y desaparecidos forzosamente.
Entre estos casos uno de los más emblemáticos es de las hermanitas Erlinda y Ernestina Cruz Serrano, caso que figura como la primera sentencia por la desaparición forzada de las niñas contra el Estado de El Salvador ante la Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así como, otras dos sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos delitos.
“Estos casos son parte de una agenda pendiente de la justicia transicional , en esta ocasión Pro Búsqueda junto a otras organizaciones conmemoramos a las víctimas de la Guinda de Mayo ejecutado por un operativo militar. Y los padres y madres de esa niñez constituye Probúsqueda que ha investigado estos hechos -producto de ello- existe una investigación que narra todos los hechos que la población civil vivió en ese operativo”, acotó Escalante.
“La gravedad sobre los efectos de este operativo ha sido reconocido en sus resoluciones la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (2004) en el año 2004, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes dieron por probada la existencia de este operativo, así como señalar la poca seriedad del Estado salvadoreño en proveer a dichas personas de la protección adecuada y encontrar respuestas sobre lo ocurrido y el paradero de sus hijos e hijas”, acotó.
Escalante señaló que hace unos días se conmemoró la masacre en Las Aradas, hechos de lesa humanidad que se encuentran vinculados por estar relacionado al mismo operativo militar en esa época y abarcó la zona de Chalatenango. “Estos hechos lamentables porque no fueron registrados por parte del Estado”, refirió Escalante.
Han sido las familias de las víctimas -que integran Pro Búsqueda- quienes tomaron la iniciativa de buscar a sus hijas e hijos, y los que hasta la fecha se reúnen alrededor de “este hecho doloroso”, en busca de justicia y reparación, aclaró Escalante.
“Ellos y ellas no solamente se reúne para recordar a sus seres queridos, que es parte de su derecho de promover la memoria histórica en sus comunidades. Si no también para generar una denuncia, un posicionamiento público que si bien son hechos del pasado estos no han sido reparados, que si bien fue hace décadas -como dicen algunos- pero estas personas siguen sintiendo este dolor ante la falta de justicia y esperan la verdad para cerrar verdadero un ciclo de sus vidas”, reiteró la directora de ProBúsqueda.
De la Guinda de Mayo, Pro Búsqueda ha documentado y localizado 13 víctimas fallecidas, así también pudieron realizar 17 reencuentros que permitió a igual número de personas conocer a su familia biológica y cuentan con un caso pendiente de reencuentro, ya que es un proceso largo que la persona localizada debe tomar su decisión de volver y conectar con su familia y los hechos del conflicto armado. Y mantienen 24 casos pendientes de personas desaparecidas que no han logrado resolver.
En cuanto al papel de la Fiscalía General de la República, en la búsqueda del paradero de estos niños y niñas, Helí Hernández, jurídico de Pro Búsqueda, consideró como un “buen precedente” el anuncio del ente fiscal de haber ubicado a una persona que de acuerdo a la sentencia de la Corte IDH (2014) era una de las víctimas de desaparición forzada y que debía ser buscado por el Estado salvadoreño.
“El Estado había informado que tenía a una persona que probablemente podría ser el joven desaparecidos, pero no había accionado en 8 años sus instituciones para poder ubicarlo y fue hasta el año pasado en una Audiencia que tuvimos ante la Corte IDH que se expuso este tema y que la Fiscalía inició una investigación de forma más ágil”, afirmó.
“Como mencionamos y como está expuesto en la Guinda de Mayo, todavía no hay nadie acusado por estos hechos -lo decimos- al conocer la investigación que tiene la Fiscalía sobre el caso del joven Rochac, que ya tuvo que haber determinado quien los entregó al cuartel o quién se lo llevó a su casa, tiene los elementos básicos para poder establecer algún grado de responsabilidad, pero no lo han hecho”, sostuvo Hernández.
Sobre las tres sentencias de la Corte IDH y el posible desacato del Estado salvadoreño, Hernández explicó que esas sentencias de niñez desaparecida a nivel interamericano generaron una multitud de medidas que tienen que ver con la investigación del paradero de los niños y niñas, así como las responsabilidades, y asegurar que no se volverán a repetir estos hechos violatorios en la población civil.
“El Estado ha cumplido con lo que tiene que ver el daño moral, con publicar sentencias y dar atención en salud a familiares de las víctimas, pero en lo que no se ha cumplido es la investigación del paradero de las víctimas, de abrir los archivos militares y otras instituciones relacionadas con la niñez. Y algunos juzgados que ven estos casos”, puntualizó Hernández.
