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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
José Lazo, de Pro Búsqueda e integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, explicó la realización de la jornada de estudio de la propuesta “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos”, con los diferentes procuradores adjuntos de la PDDH.
Este ejercicio de estudio en común, con los distintos procuradores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), tenía el objetivo de dar a conocer de primera mano el contenido de la propuesta de ley, que presentó la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, en septiembre del año 2018, y que abarca diversos foros estratégicos de información y también un trabajo sostenido con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, en donde está el documento de esta normativa jurídica.
“Justamente, hace un par de semanas terminamos la revisión luego, de conformar una mesa técnica del documento original. Ahora la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos está conociendo el documento que se ha consensuado, desde los colectivos de derechos humanos. Por supuesto, en este trabajo ha participado el técnico de la comisión legislativa, y asesores de las distintas fracciones partidarias. Creemos y es esta nuestra urgencia trasladar todo el contenido de la propuestas a funcionarios y funcionarias de la PDDH, porque justamente tienen un rol importante en el contexto de esta ley”, señaló Lazo.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos ha contado con el apoyo del embajador de la Unión Europea en el país, Andreu Bassols, que en el año 2019, fue enfático en apoyar que El Salvador contara con un decreto legislativo que de protección a personas que defienden derechos humanos, en su diversidad como los derechos sociales, medio ambiente, políticos, económicos y culturales.
Asimismo, José Lazo señaló que esperan que la PDDH se incorpore a la dinámica del diálogo político con la Mesa DDHH, para alcanzar la aprobación en el Pleno Legislativo. Y cultivar así un Estado de Derecho, que permita a la población poder demandar el cumplimiento de los deberes del Estado.
“El pasado 11 de noviembre, hicimos una declaración conjunta entre la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y la PDHH, en el cual, señalamos que éramos conscientes que la defensa de los derechos humanos en El Salvador, se ejerce en un ambiente hostil en donde la difamación, la persecusión, el repudio y las prácticas violentas abusivas y estigmatizantes, que en los últimos tiempos no solo vienen de particulares, empresas o conglomerados económicos, sino que, también de representantes gubernamentales, con lo que se vulnera un derecho legítimo y se ignora la obligación estatal de dar cumplimiento a los estándares internacionales de protección”, expuso.
Observando que el Estado salvadoreño tiene como obligación asegurar que la legislación, reglamentos y prácticas nacionales, deben estar armonizadas con los instrumentos internacionales. Que consideró Lazo, era una “deuda del Estado”, en materia de protección de derechos humanos.
“Hace veintidós años, las Naciones Unidas (ONU) dieron la declaración del -derecho a defender derechos- un instrumento universal que reconoce que toda persona individual o de manera colectiva u organizada, puede promover o defender un derecho. Y siempre desde este instrumento y otros informes se ha invitado al Estado salvadoreño, a adecuar su ordenamiento interno a este estándar internacional, pero esta en deuda aún y es parte de nuestra lucha social. Reconocemos que ser defensor de derechos humanos no ha sido gratuito -Roque Dalton, dijo- el avance histórico no es gratuito y vaya, que los defensores lo han pagado en este país”, mencionó.
El contenido del anteproyecto de la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos” tiene entre sus objetivos la protección de las personas defensoras de derechos humanos y, afirmar el compromiso del Estado a implementar de manera efectiva los instrumentos internacionales y regionales en defensa y seguridad de personas defensoras de derechos humanos. “Como lo expresamos en nuestro comunicado en el marco del primer año de gestión del actual presidente Nayib Bukele, que no nos mire como el problema, porque las personas defensoras resuelven problemas que el Estado, muchas veces no lo hace. Debemos dejar el estigma, la estrategia de desacreditación, como lo hemos visto en los últimos meses. Lo grave no es, que se calumnie a la persona defensora, porque siempre ha sido un contexto cuesta arriba, lo grave de esto -es darnos cuenta- que creíamos que estás prácticas estaban superadas. La descalificación o estigmatización política, tildarnos de grupos de fachada, que creíamos un lenguaje discriminatorio violento que había sido superado, así como exponer a personas defensoras ante medios de comunicación y así descalificarlos, que recuerda personajes del pasado que ejercía violencia”, puntualizó.
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