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Washington / AFP
Estados Unidos aseguró que reunió con su familia a todos los menores de cinco años que cruzaron la frontera ilegalmente con adultos y eran «elegibles» de ser devueltos, pero decenas siguen en el limbo más allá del plazo establecido por la justicia.
El gobierno de Donald Trump ha enfrentado en las últimas semanas una avalancha de críticas por su política migratoria de «tolerancia cero».
Esta medida, anunciada el 7 de mayo y aplicada hasta el 20 de junio, propició el arresto de todos los adultos que ingresaron al país sin autorización, con la consiguiente separación de los menores que los acompañaran. Unos 3.000 niños fueron llevados a albergues y casas de acogida en todo el país.
Una jueza federal ordenó que todos los menores de cinco años debían ser devueltos con sus familias para el 10 de julio. Y dio plazo hasta el 26 de julio para que todos los mayores de esa edad fueran retornados.
Pero de los 103 niños menores de cinco años contemplados por la orden judicial, solo 57 fueron devueltos con sus padres por cumplir con los requisitos establecidos por la ley, en tanto 46 fueron considerados «inelegibles», señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Entre los 46 que aún siguen bajo la égida del gobierno, 22 lo están por problemas de seguridad de los adultos involucrados –11 por antecedentes penales graves de asesinato, crueldad infantil, tráfico de personas o violencia doméstica— y 24 porque los adultos no reunían las condiciones para recibirlos.
Las autoridades determinaron que siete adultos no eran los padres de los niños y que 12 padres ya habían sido deportados y debían ser contactados. Un niño menor de cinco años ha estado detenido por más de un año porque no se conoce la ubicación de los padres, señaló el DHS.
«El pueblo estadounidense le dio a este gobierno un mandato para terminar con la anarquía en la frontera, y el presidente Trump cumple su promesa de hacer exactamente eso», indicaron en una declaración conjunta la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen; el secretario de Salud, Alex Azar; y el fiscal general, Jeff Sessions.
«Los procedimientos de investigación minuciosos de nuestras agencias ayudaron a impedir que los niños fueran reunidos con un presunto asesino, un adulto condenado por crueldad infantil y adultos que se determinó que no eran los padres del niño», agregaron.
