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Washington / AFP
Ariela Navarro
Estados Unidos entregó el viernes a Argentina más de 40.000 folios de información sobre la dictadura, la mayor desclasificación hecha a pedido de un gobierno extranjero en la historia del país, que el presidente estadounidense, Donald Trump, espera que ayude en el «proceso de sanación».
Carlos Osorio, experto de la organización Nacional Segurity Archives, estos papeles ayudarán a dar detalles sobre docenas de casos y, según su lectura preliminar, podrían aportar datos de la desaparición del argentino Héctor Hidalgo Solá y del chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón.
El jefe de los archivos de Estados Unidos, David S. Ferriero, entregó en Washington los documentos al ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, en el palacio de inspiración greco-romana que alberga el registro.
«Es un hecho histórico, la información va a permitir que los procesos judiciales sigan avanzando», dijo muy emocionado Garavano.
Trump envió una carta a su homólogo argentino, Mauricio Macri, para expresarle su esperanza de que «el acceso a estos documentos entregue al pueblo de Argentina información para ayudarlos en el proceso de sanación».
La dictadura argentina (1976-1983) dejó unos 30.000 desaparecidos entre otros crímenes que incluyeron hechos como el robo de bebés, la tortura y la persecución política.
«Esta es una buena noticia para el pueblo argentino, para que aprenda del pasado y no lo repita en el futuro», dijo Garavano.
Ferriero calificó este proyecto como «sin paralelos».
«La tasa de desclasificación es de un 97%, siguiendo las instrucciones del presidente de publicar lo más posible», explicó el jefe del archivo estadounidense.
Esta desclasificación es la etapa final de una iniciativa emprendida por el gobierno de Estados Unidos de publicar los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Argentina entre 1975 y 1984.
Este proyecto a gran escala, que surgió por petición del gobierno argentino, involucra a 15 agencias de inteligencia, defensa y policiales.
Para este proyecto de desclasificación, 25 empleados dedicaron más de 1.300 horas para identificar y revisar archivos que pudieran ser relevantes.
– «Evidencia concreta» –
«Este tipo de documentos traen evidencia concreta en casos particulares y yo pienso que en docenas. Ya vimos esto en la desclasificación de 2002, algo parecido traen estos documentos», dijo Osorio a la prensa.
Para Osorio, cuya organización ya comenzó a revisar los documentos, éstos pueden tener claves para resolver casos relacionados con la Operación Cóndor, una coordinación entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir opositores.
El experto indicó que los papeles pueden ayudar a resolver el caso del exembajador argentino Hector Hidalgo Solá, desaparecido hasta hoy.
«La familia no tenía ninguna información sobre qué pasó con esta persona por años, desde 1977 hasta el día de hoy», contó el experto, que indicó que también pueden arrojar luces sobre el destino de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, miembro del grupo chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detenido en Paraguay y cuyo rastro se perdió en campo de exterminio chileno de Villa Grimaldi en 1975.
Osorio afirmó que la riqueza de estos documentos radica en que «hay mucha información, información que pone una víctima con un victimario».
En 2002, el gobierno estadounidense desclasificó más de 4.000 cables y otros documentos que mostraban que funcionarios estadounidense estimularon la represión.
El presidente Barack Obama inició una segunda operación de desclasificación de más de mil páginas que fueron publicadas en 2016.
Osorio no cree que esta desclasificación pueda ayudar a los casos de los bebés robados que buscan las abuelas de la Plaza de Mayo, que calculan que unos 400 hijos de prisioneros políticos fueron arrancados a sus padres y se les despojó de su identidad al ser entregados a otras familias.
«Eso es muy difícil, en la desclasificación del Departamento de Estado del año 2002 había un sólo documento» sobre este tema, dijo.
