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Washington/AFP
Estados Unidos anunció el lunes restricciones para viajar a ese país a un número adicional de funcionarios venezolanos, look acusados de violaciones de los derechos humanos y corrupción, illness en medio de un repunte de acusaciones entre Caracas y Washington.
«Estamos enviando un mensaje muy claro que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción, y sus familias, no son bienvenidos en Estados Unidos», señaló en una nota la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
«Al ignorar los repetidos llamados a un cambio, por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales», añadió Psaki.
De acuerdo con las nuevas medidas, los funcionarios sancionados y sus familiares, sobre quienes Washington no dio una cifra o nombres, tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos.
Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de los legisladores.
El presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley, aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso, que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios venezolanos señalados por cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela a inicios de 2014.
Esas manifestaciones, que dejaron un saldo de 43 muertos, elevaron la preocupación de Washington, que este lunes acusó a Caracas de intentar «sofocar a la disidencia» mediante la persecución judicial o la represión de protestas pacíficas.
Las nuevas medidas no incluyen sanciones económicas, pero por primera vez la restricción de visas se expande a funcionarios señalados de corrupción.
La corrupción está «contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela», señaló la nota del Departamento de Estado.
«Hay una frustración creciente, obviamente, con la situación en Venezuela y del gobierno de Maduro dentro de la administración» de Obama, dijo a la AFP Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, un centro de análisis en Washington.
Cuidándose de no distorsionar el mensaje que busca enviar, Washington enfatizó que la nueva medida solo afecta a miembros del gobierno venezolano y «no está dirigida contra el país o sus habitantes».
Acusaciones «ridículas»
Venezuela atraviesa una crisis de escasez de alimentos y medicinas, que se agrava con el desplome de los precios del petróleo en este país que depende casi exclusivamente de las exportaciones de crudo para financiar sus crecientes importaciones.
La situación es explicada recurrentemente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como el resultado de una «guerra económica» librada por la oposición y sus presuntos aliados en Estados Unidos.
Maduro redobló en los últimos días las denuncias sobre planes de golpe y magnicidio, con acusaciones contra medios de prensa, empresarios, y dignatarios extranjeros, el último el vicepresidente estadounidense, Joe Biden.
Estados Unidos ha «ido a hablar con gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente, Joe Biden, de personalmente haber hablado con presidentes y primeros ministros», dijo el mandatario venezolano el domingo.
Este lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó esas acusaciones de «ridículas» e «infundadas».
«Venezuela debe mirar a su propia forma de gobernar, en vez de lanzar acusaciones contra el vicepresidente de Estados Unidos», afirmó la funcionaria.
Caracas y Washington mantienen tensas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder del luego fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La tirantez diplomática ya provocó que en 2010 se retiraran los embajadores, y en los últimos dos años, la expulsión de al menos ocho diplomáticos estadounidenses.
Estados Unidos, no obstante, es el principal comprador del petróleo venezolano.
