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Por Alina Dieste
Washington/AFP
El gobierno de Donald Trump anunció el fin del TPS para Nicaragua y una prórroga para Honduras antes de pronunciarse definitivamente sobre su futuro en este programa, que permite a inmigrantes de algunos países residir legalmente en Estados Unidos por tiempo limitado.
El Estatus de Protección Temporal (TPS del inglés) para Nicaragua terminará el 5 de enero de 2019, en tanto el de Honduras se renovará hasta el 5 de julio de 2018 en espera de mayor información que permita tomar una determinación final, indicó en un comunicado la secretaria interina del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke.
Sin embargo, «es posible» que Honduras pierda también su designación en el TPS tras esta renovación automática y la consiguiente evaluación de su situación, advirtió.
El TPS, un mecanismo creado por el Congreso estadounidense en los años 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países, fue concedido a Nicaragua y Honduras después del devastador huracán Mitch en 1999 y las sucesivas administraciones lo renovaron desde entonces.
Altos funcionarios del DHS dijeron el lunes a periodistas que 5.300 nicaragüenses y 86.000 hondureños se han acogido al TPS, y que 2.550 y 57.000, respectivamente, se registraron por última vez para acceder al beneficio.
Por ley, las autoridades deben anunciar si prorrogan o suspenden el TPS a los países beneficiarios 60 días antes de que el permiso caduque. Como el de Honduras y Nicaragua vencía el próximo 5 de enero, ambos países aguardaban la decisión este lunes.
Duke dijo que terminó el TPS para Nicaragua tras concluir que las «condiciones sustanciales pero temporales causadas por el huracán Mitch ya no existen».
El plazo de 12 meses extra fue decidido «para permitir una transición ordenada», en la que los beneficiarios puedan buscar un estatus migratorio legal alternativo en Estados Unidos o, de lo contrario, organizar su partida, así como para dar tiempo a Nicaragua «para prepararse para el regreso y la reintegración de sus ciudadanos», explicó.
Con respecto a Honduras, Duke indicó haber recibido datos de un «amplio espectro de fuentes», pero no fueron suficientes.
Duke reconoció las «dificultades» que este cambio supone para quienes residen bajo este estatuto desde hace casi dos décadas e instó al Congreso «a promulgar una solución permanente para este programa inherentemente temporal».
«No quiero volver»
Unas 325.000 personas, la gran mayoría de El Salvador y de Haití, se benefician actualmente del TPS, que Trump, con su discurso anti-inmigrante, tiene bajo la mira.
La suerte de unos 50.000 haitianos cuyo estatuto vence el 22 de enero, así como de otros 195.000 salvadoreños con estatus vigente hasta el 9 de marzo, será decidida en su debido momento, indicaron el lunes fuentes del DHS.
«No quiero volver. Hay mucho crimen y no hay oportunidades de empleo tampoco» en El Salvador, dijo a AFP Rosa Joya, una salvadoreña con una vida hecha fuera de su país y dos hijos que apenas hablan español.
En mayo pasado, el actual jefe de gabinete John Kelly, entonces titular del DHS, anunció que solo postergaría seis meses el TPS que vencía en julio para los haitianos, alentándolos a prepararse para su regreso a casa «en caso de que la designación de Haití no se extienda de nuevo».
El TPS también beneficia a personas de Nepal, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia. En septiembre, Duke dijo que el beneficio para Sudán terminará el año que viene.
«Impacto adverso»
«Mi temor es que si no extienden el TPS pierdo mi trabajo y mi seguro médico, y no tendría el medicamento que me permite la vida», asegura Iris Acosta, una hondureña empleada de un hotel y sobreviviente de un cáncer.
Acosta llama a salvar el TPS desde la cuenta en Twitter del sindicato Unite Here, con el cual viajó a Washington para pedirle a congresistas que intercedan para que no acabe esta posibilidad de tener «un empleo digno» y una vía de seguir enviando dinero a su familia en Honduras.
No solo claman por el TPS los beneficiarios, que este lunes se congregaron en Nueva York y Long Island con pancartas.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos envió una carta a Duke a fines de octubre, urgiendo al gobierno a prorrogar las designaciones del TPS y trabajar con el Congreso en una solución permanente.
«La pérdida de la autorización de empleo para estas poblaciones tendría un impacto adverso en varias industrias clave en las que los beneficiarios de TPS constituyen una cantidad significativa de la fuerza de trabajo», advirtieron.
Entre los más impactados, mencionaron los servicios de construcción, procesamiento de alimentos, hotelería y atención domiciliaria.
