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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó una nueva regla migratoria propuesta por la Administración Trump, según la cual a los inmigrantes legales se les puede denegar la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos (conocida popularmente como ‘green card’) si ellos o sus dependientes han obtenido ciertos beneficios o subsidios del Estado o si las autoridades consideran que puedan hacerlo en el futuro.
Los beneficios elegidos incluyen el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (cupones de alimentos), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (asistencia social), Medicaid y la Parte D de Medicare (subsidios de medicamentos recetados).
La medida afectará principalmente a los inmigrantes legales y sus familias, ya que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales.
De acuerdo con el periódico Político, la iniciativa representa el último esfuerzo del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, para reducir drásticamente la inmigración a Estados Unidos Ahora, el DHS buscará comentarios públicos amplios sobre la regla, un proceso que generalmente toma un año.
Muchos tendrán que elegir
La regulación podría obligar a millones de familias de bajos ingresos a elegir entre la asistencia del Gobierno y la residencia permanente en Estados Unidos. Algunos activistas temen que en última instancia podría restringir el acceso de los niños a los alimentos y la atención médica.
Cuando aparecieron los primeros informes sobre los planes de la Administración Trump para cambiar las reglas de obtención de las tarjetas verdes, la noticia provocó ansiedad y desinformación en las comunidades de inmigrantes, según el medio.
Aunque la reglamentación aún no ha sido aprobada e implementada, los inmigrantes ya rechazan los subsidios del Gobierno para alimentos básicos y comida para bebés, por temor a que en el futuro les impida recibir la residencia permanente.
El diario informó a principios de este mes que los proveedores locales de salud pública en al menos 18 estados registraron caídas de hasta un 20 por ciento en la inscripción a beneficios, una señal de que la mera amenaza de una ‘marca negra’ de los servicios de inmigración puede alejar a las personas de la asistencia gubernamental.
