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Parte I
Sergio Alejandro Gómez | [email protected]
Estados Unidos mantiene a internet y las redes sociales como un campo de batalla contra Cuba.
Si la administración del presidente Donald Trump pretende usar nuevas tecnologías para imponer cambios en el ordenamiento interno de Cuba, escogió caminos muy viejos que ya demostraron en el pasado su inoperancia e inefectividad, sin mencionar el hecho obvio de que violan las leyes del país afectando e incluso las de Estados Unidos.
La creación de una Fuerza de Tarea en Internet contra Cuba, anunciada ayer por el Departamento de Estado, abre las puertas al regreso de una política fracasada de la Guerra Fría que ambos países habían intentado superar a partir del 17 de diciembre del 2014.
Es la continuación del desatinado y mal asesorado discurso del mandatario en Miami, el 16 de junio del año pasado, cuando se reunió con una selección de la ultraderecha de origen cubano para anunciar con bombo y platillo su cambio de política hacia Cuba, que en pocas palabras se podría resumir como más bloqueo económico y menos viajes entre los dos países.
El terreno escogido para la nueva agresión, internet, demuestra a las claras cuáles son los verdaderos objetivos de Washington cuando reclama «libre acceso» a la red de redes en los países que se le oponen, mientras en su territorio mantiene un megasistema de rastreo y acumulación de datos sobre lo que hacen sus ciudadanos en la web.
De igual manera, a comienzos de enero, el Congreso de Estados Unidos avanzó un proyecto de ley para quitar las pocas restricciones que existían para el espionaje internacional, el mismo que quedó en evidencia tras las filtraciones del excontratista de la NSA Edward Snowden.
De la llamada «Primavera Árabe», ya caída en el olvido, a planes más recientes como la incentivación de protestas en Irán y el apoyo a los sectores violentos en Venezuela, Washington muestra un claro patrón del uso de las redes sociales e internet con objetivos geopolíticos y de dominación.
Todo forma parte de una doctrina de Guerra No Convencional pensada para desestabilizar naciones sin el uso directo de fuerzas militares, que se ha arraigado tras los fracasos en los conflictos de Irak y Afganistán.
La activación de la nueva «fuerza de tarea» evidencia también que no hay falta de liquidez, en un gobierno paralizado y sin fondos, cuando se trata de financiar proyectos subversivos contra Cuba. Tampoco carecen de lugares de dónde sacar el dinero a pesar de que el presupuesto presentado por el presidente Trump al Congreso para el 2018 elimina la partida tradicional y pública de 20 millones de dólares anuales que se venía aprobando desde hacía varias décadas para las agresiones.
La facilidad para crear nuevos organismos, con funcionarios «gubernamentales y no gubernamentales», contrasta también con la drástica reducción del personal diplomático de Washington en La Habana, que ha supuesto la paralización de la emisión de visados y una afectación directa a los servicios que recibían los cubanos y sus familiares en Estados Unidos.
Los nuevos planes de Trump no toman por sorpresa a Cuba, que acumula más de medio siglo de experiencia en el enfrentamiento a programas de agresión de toda clase.
Proyectos recientes como ZunZuneo, Piramideo, Commotion y otros, chocaron contra la capacidad de las autoridades cubanas de detectarlos y la unidad de su población ante las agresiones.
