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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el Informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador”, a cargo del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), adscrito al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), se hace una evaluación del régimen de excepción que ya cumplió un año de vigencia, con el propósito de “aportar información y análisis” de la realidad.
“Nos parece importante compartir estos elementos en el informe anual, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, que ha significado en el 2022, y profundizar sobre este estado de los derechos humanos. Un año que ha estado marcado por el régimen de excepción que ha trastocado los derechos de los ciudadanos”, afirmó la directora del IDHUCA, Gabriela Santos.
“Sabemos que los derechos humanos están interrelacionados y, por tanto, la afectación a un derecho humano significa que afecta a otros derechos como la integridad personal, la libertad, la vida, la justicia y el derecho a la reparación integral de víctimas”, agregó.
Santos señaló la complejidad del acceso a la justicia, que proviene como primer elemento “la centralización del poder”, que vulnera las garantías de cualquier personas y pueden ser detenidas aunque estas presenten su arraigo y documentos que comprueban su inocencia, acotó Santos. “Estas no serán tomadas en cuenta”, porque la orden que se ha girado es la “detención” y eso eleva la vulnerabilidad de la población.
“Como organizaciones de derechos humanos, estamos dispuestos a acompañar a la PDDH , PGR, aunque sabemos que no están cumpliendo realmente con su rol constitucional”, agregó.
“Estamos ante un escenario real de indefensión de las personas y de una violación grave a los derechos humanos, en donde la afectación a un derecho va a implicar que se afecten varios más y es lamentable que no hay claridad de lo que se puede hacer más allá de la normativa que conocemos jurídicamente”, expresó Santos.
El informe del OUDH destacó que el año pasado por la implementación del régimen de excepción , que ha generado “graves retrocesos en materia de derechos humanos” , explicó Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, es que la Policía Nacional Civil reportó la realización de 86 mil 045 detenciones a nivel nacional. Aproximadamente, 235 personas detenidas al día y un saldo de 7 mil 170 cada mes, y que representó un aumento del 174.89% de detenidos respecto al año 2021 que se registraron 31 mil 302 personas capturadas.
“Del total de detenciones unas 61 mil 300 han sido parte del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos han documentado y registrado un patrón sistemático de detenciones arbitrarias debido a que estas se han realizado sin existencia de indicios ni evidencia del cometimiento de ilícitos penales o de la pertenencia a estructuras del crimen organizado”, afirmo Rodríguez.
El IDHUCA documentó un total de 628 casos recibidos, de los cuales sólo el 16.4% fueron los únicos informados que su detención se debía al delito de agrupaciones ilícitas, agregó Rodríguez. Un 38.2% de esos casos las autoridades no les especificaron los motivos de sus capturas y el resto obtuvo razones que no están totalmente claras del porqué de la captura y la investigación. Y otros casos fueron por denuncias anónimas o tener antecedentes penales, añadió.
“Hasta el 13 de diciembre de 2022, el sistema judicial salvadoreño decretó la detención provisional de 53, 156 personas en el marco del régimen de excepción . En este período, hubo 110 audiencias masivas en las que se procesaron 19 mil 235 imputados y solo a 12 personas les fue decretada medidas sustitutivas a la detención provisional”, manifestó.
“En el año 2022 se registraron 3 mil 396 habeas corpus, de estos sólo 27 fueron admitidas para trámite. El patrón de detención generalizada aumentó de forma desproporcionada el hacinamiento carcelario, llegando a un 306% de sobrepoblación a finales del año pasado. Esta condición en si misma es vulneradora de los derechos de las personas”, sostuvo Rodríguez.
Entre otros hallazgos del OUDH, Rodríguez, mencionó que este ambiente ha generado el espacio para cometer otras graves violaciones como la tortura y las muertes de las personas detenidas, bajo la custodia de las autoridades estatales. Donde las organizaciones sociales de derechos humanos han reportado la muerte de 102 personas privadas de libertad.
“Diversas fuentes han informado que estos decesos han sido resultado de la falta de atención médica ante padecimientos de salud o de acciones violentas intencionales. A la fecha se ignoran las causas específicas de esas muertes por falta de investigación y de acceso a la información”, dijo.
En cuanto a las denuncias contra la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) el coordinador del OUDH señaló que se han documentado casos de abusos de fuerza, y que han sido catalogados como tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como por los altos niveles de letalidad en las acciones cometidas.
“Durante el año 2022, la PNC reportó 171 enfrentamientos armados, resultando 51 civiles lesionados y 82 fallecidos. En el caso de los agentes estatales, se contabilizan 3 fallecidos y 11 lesionados . Con esta información se calcula un índice de letalidad de 1.61%, un porcentaje de muertes ocasionadas por el Estado del 12% y una proporción de 27 civiles fallecidos por cada agente policial”, señaló.
Sobre esta situación, Rodríguez alegó “que todos los indicadores apuntaban a la existencia de un patrón de vulneración de los principios de proporcionalidad, estricta necesidad, legalidad y mínimo daño”, y agregó que las muertes violentas en el año 2022 fueron 659, que equivale a una tasa del 10.4 homicidios por cada 100 mil habitantes y una tasa de 1.9 feminicidios por cada 100 mil mujeres, que son datos proveídos por organizaciones de la sociedad civil.
“Por otro lado, la PNC informó sobre 306 personas desaparecidas no localizadas durante el año pasado, sin embargo, este número podría ser mayor, ya que no se brindó información sobre la totalidad de denuncias recibidas, y se registraron además, desapariciones de personas de corta duración en el marco del régimen de excepción”, añadió.
Sobre el contexto de la violencia no sólo pandilleril, el OUDH registró desde otras organizaciones la violencia sexual en los delitos de : violación a menor e incapaz, estupro, agresión sexual en menor e incapaz , acoso sexual y violación.
El Instituto de Medicina Legal (IML) realizó 3 mil 828 reconocimientos médicos, 319 casos por mes y las principales víctimas fueron mujeres 3 mil 448 casos, mientras 2 mil 945 casos entre niñas, niños y adolescentes.
“Podríamos decir que el Estado salvadoreño, nuestra sociedad, en realidad tiene múltiples manifestaciones de violencia como la pandillera, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar, el acoso y la violencia sexual. A estas problemáticas se les ha hecho grave la pandilleril”, refirió el asesor jurídico del OUDH, Francisco Díaz.
“Bueno, lo que han hecho ahora -aplicando un símil- es aplicar una medicina brutal, saltándose todos los principios y procedimientos de la Constitución y la ley para reducir los efectos de la violencia más grave. Como bajarle la calentura a ese paciente”, afirmó.
“Arde la calentura del paciente y la bajan, pero con dos inconvenientes, primero, la dislocación absoluta del sistema procesal penal, penal y por otra parte, es que es una solución pasajera. Porque el lunes (17 abril) uno de los periódicos publicó en primera plana que hay más 400 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Este si es un problema de fondo”, indicó.
Estos 400 mil jóvenes pueden ser el próximo “caldo de cultivo” para que o se reproduzcan eventualmente estos grupos pandilleriles o busquen otras formas de delincuencia, considerando que “no debe sorprender” a la sociedad civil un nuevo repunte.
“Con todo este levantamiento de propaganda, de publicidad de la militarización y cercos policiales para atacar un problema en específico, es realmente no atacar el problema de fondo y así es como siguen manifestándose los problemas de la otras delincuencias como los robos y los abusos”, consideró.
“Tanto el régimen de excepción como la reforma a dos códigos y seis leyes del sistema penal salvadoreño -ha significado- una auténtica dislocación del sistema penal, y ha sido la primera forma, golpe o guillotina que se aplicó a las posibilidades de acceso a la justicia, porque se han modificado de tal forma estas normativas que se ha vuelto al sistema inquisitorio abandonando al sistema acusatorio que tenía el sistema penal salvadoreño”, puntualizó Díaz.
