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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Dennis Muñoz, abogado particular de los cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta – ADES, realizó la presentación del segundo escrito para Saúl Agustín Rivas Ortega y Fidel de Dolores Recinos, a fin de poder visitarlos luego que fueron trasladados al Centro de Salud Penitenciario de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
“Quiero que me permitan visitarlos y que ellos tengan acceso al derecho a la salud por medio de evaluaciones que sean por médicos del sistema público de salud, Medicina Legal, y si no les brindan esa atención médica que solicitamos, pues que nos permitan llevar médicos particulares para que de manera real y efectiva tengan acceso a la salud”, manifestó el abogado.
La captura de cinco líderes históricos de la Comunidad Santa Marta, el pasado 11 de enero del presente año, por un equipo de la Fiscalía General de la República con ayuda de la Policía Nacional Civil (PNC), ha generado una campaña de denuncia por la captura arbitraria y la demanda de su libertad que trasciende al ámbito internacional.
La decisión de presentar dos escritos a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador y Santa Tecla, es para tener acceso a los detenidos y facilitarles atención médica en cumplimiento de las garantías judiciales de estas personas y que está contemplado en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Muñoz expresó que no saben realmente dónde se encuentran sus representados, porque no le han permitido acceso ni información por parte de las autoridades penitenciarias.
Supieron que cuatro de ellos estaban en el recinto que fue cárcel de mujeres, en Ilopango, ellos son Antonio Pacheco, director de ADES, y los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Miguel Ángel Gámez, Guillermo Alejandro Laínez García. Mientras. Mientras que en el Centro de Salud Penitenciario de Quezaltepeque, La Libertad, están recluidos Saúl Agustín Rivas y el sexto capturado Fidel Recinos, presumiblemente por problemas de salud, pero no cuentan con mayor información.
La hermana del asesor jurídico de ADES, de Saúl Agustín Rivas, señaló, “a mi familiar lo han separado del grupo -lo pasaron a otro penal- y dejaron a los cuatro en Ilopango. Mi hermano y otra persona fueron trasladados por estar mal de salud, pero no nos consta porque ni el abogado los ha visto realmente”, manifestó.
“Como le dije al abogado defensor que me salgan a los tres meses diciéndome (las autoridades penitenciarias) que está grave y salga para un funeral -ojalá no sea así- aunque se están viendo estos casos, en fin, los están tratando como si estuvieran bajo el régimen (de excepción) donde no podemos verlos y van para 3 meses”, denunció la familiar.
Igualmente, lamentó que el proceso para evaluar la detención provisional de los cinco de Santa Marta ADES, siga suspendido en el Juzgado de Cojutepeque por la recusación que presentó la Fiscalía General de la República contra uno de los magistrados y mientras no resuelva la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no se reanudará el proceso judicial.
“Este proceso no avanza y consideramos como familiares que esto lo están haciendo como una especie de castigo para que ellos lleguen a los 6 meses. Mi hermano (Saúl) es abogado, es una persona dedicada a su profesión y trabajo y que le coarten el ejercicio de su profesión es injusto”, añadió.
“Ha salido gente -lo he visto en mi colonia- gente que si han estado en pandillas y salieron con abogado. Y ellos que no tienen ningún vínculo con ningún crimen los están acusando y no pueden salir. Es algo bien injusto, no sé que está pensando el presidente (Nayib Bukele) porque ya no se está tratando de la ley, sino contra algo político”, expresó.
“En mi opinión, como abogado deberían salir libres”, agregó Dennis Muñoz, al explicar que existen abundantes vacíos y debilidades dentro del proceso judicial, aunque se limitó en los detalles sobre esta información, porque el caso tiene reserva total.
“Puedo decir, que se advierten visos de nulidad, de hecho, por inobservancia y vacíos legales como esta situación que acabo de mencionar, lo que debería generar las condiciones para salir libres, esto en el ámbito jurídico, que quede claro a la luz del imperio de la ley”, sostuvo.
Asimismo, consideró que el Sistema Judicial está a prueba en este caso con respecto a la independencia judicial. “En mi opinión, si estamos en presencia de un juicio político , un juicio paralelo, en donde lo que se busca es condenar a las personas aunque no existan pruebas, y eso es preocupante en un país que se dice que todavía existe un estado democrático y de derecho”, agregó.
En cuanto al tema de la minería y la captura de los defensores de ambientales y líderes comunitarios, Dennis Muñoz consideró que “no está descartado”, aunque aclaró que este argumento no está presente en el actual proceso judicial, pero reitero que existen elementos que dan cuenta de esta situación ante muchas situaciones dudosas, lo que genera desconfianza en la protección de los derechos de estas cinco personas.
