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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Marisela Ramírez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), no duda en afirmar que el presente año ha sido un golpe duro para los sectores populares, debido a las acciones llevadas a cabo por este gobierno. Es una arremetida en contra de la población civil, especialmente por la imposición del Régimen de Excepción que lleva 9 meses vigente, donde se ha criminalizado sobre todo a las zonas más pobres del país, agrega.
La dirigente social enfatizó que durante el Régimen de Excepción hay muchas capturas arbitrarias y hechos violentos cometidos por los cuerpos del Estado. Ya van 100 personas asesinadas bajo las manos del gobierno. El Régimen de Excepción ha tenido dos vertientes, por un lado, detener el descontento popular acumulado desde el año pasado, debido a las medidas neoliberales en contra de la población salvadoreña, que ha logrado controlar a través del miedo.
En el análisis de Ramírez no soslaya criticar la línea propagandística oficial que busca consolidar la imagen del gobierno simulando un supuesto bienestar a través de la seguridad del país. Este tipo de acciones son populistas y están orientadas a ganar más seguidores; sin embargo, se ha dado una serie de acciones que han golpeado a las comunidades, como los desalojos en Normandía y Tecoluca, donde se va a construir el megacentro penal.
“Nosotros reprobamos al gobierno y le damos un cero de calificación, ni siquiera es digno de un punto porque le está haciendo un daño a la población, vamos de mal en peor. Este gobierno llegó a controlar el Estado con un discurso y promesas grandísimas que no se han cumplido y le sigue mintiendo al pueblo. Las organizaciones estamos vigilantes y no creemos en su discurso populista, por eso seguimos denunciando los retrocesos en materia de derechos humanos”, afirmó Ramírez.
Asimismo, dijo que durante 2022 se comprobó que la Ley Bitcoin fue un fracaso y un golpe directo a la población salvadoreña, porque legitima el robo de las arcas del Estado por parte del gobierno, además, abre las puertas para que negocios sucios del exterior vengan a lavar dinero al país.
Otras de las medidas preocupantes para el BRP son las reformas al Código Penal referente a la mordaza que se pretende poner a los medios de comunicación por el tema de la delincuencia y las pandillas en el país; además, las reformas a las leyes de la niñez y adolescencia, que vulnera a este sector de la población, y las intenciones de derogar la ley para una vida libre de violencia para las mujeres, ya que siguen siendo objeto de amenaza y ataque por parte de un sistema cultural de dominación.
El gobierno dice que el Proyecto de Presupuesto 2023 enfatiza la inversión social y obras de infraestructura, pero importantes programas sociales tienen recortes y el mayor gasto es para pagar deuda, el apoyo a la juventud se reduce en 25% y el programa de becas para estudiantes no tiene recursos asignados, es decir, queda eliminado. Al mismo tiempo, aumenta en un 75% lo asignado a la Secretaría de Prensa de la Presidencia y un 66% lo destinado a la Secretaría de Comunicaciones.
A criterio de la representante del BRP, el gobierno ha logrado echar a andar toda una estrategia que legitimará las ilegalidades constitucionales para afianzarse en el poder por más tiempo, ha violentado la Constitución al querer reelegirse, la reforma al Código Electoral a través de la aprobación del voto en el exterior que permite a personas con DUI vencido emitir el sufragio y esos votos se concentrarán en San Salvador para garantizar el triunfo.
“El desgaste político sufrido por la oposición a través de la campaña mediática financiada con las arcas del Estado, es una batalla dura la que vamos a enfrentar en este año preelectoral, no hay un instrumento político que pueda darle la batalla, por eso señalamos que la única salida a los movimientos sociales y populares, de este embate neofacista es la conformación de un Frente Amplio, donde todas las fuerzas de oposición puedan concluir para dar la batalla política”, indicó.
Además, la representante del BRP expresó que las posibilidades para participar en elecciones solo se darán si todas las fuerzas políticas pueden construir y dar la batalla al gobierno, para febrero de 2023 debe estar definido si se conforma o no esta coalición, donde los sectores populares tomen un papel protagónico.
Las organizaciones del Bloque aseguraron que seguirán velando por garantizar las condiciones de vida de la población, concretizar el Frente Amplio, que por un lado tendrá un carácter electoral al ser la única vía para aplicar esas transformaciones en beneficio de la población, y por otro, no se detendrán con la denuncia y beligerancia en las calles, así como trabajando en las comunidades.
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