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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Wilfredo Medrano forma parte del equipo de abogados querellantes en el Caso de la Masacre El Mozote, y junto a la Fiscalía General de la República, espera que este juicio marque un hito en la historia de dolor, exclusión y amedrentamiento que han vívido por más de 37 años las víctimas y sobrevivientes de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, en diciembre de 1981, en el municipio de Meanguera, al Norte de Morazán.
“Para mí ver a los militares que integraron la famosa Tandona o los oficiales del Batallón Atlacatl sentandos en el banquillo de los acusados, y escuchando los testimonios recopilados sobre las atrocidades cometidas hace 37 años, es un paso importante para la justicia de las víctimas”, afirmó.
– ¿Qué ocurrió el pasado 29 y 30 de marzo ?
El pasado 29 y 30 de marzo el Juez Jorge Alberto Guzmán, del Juzgado Segundo de Primera Instancia, San Francisco Gotera, Morazán, citó a 18 imputados, y digo imputados porque así están señalados en la resolución del juez, con el objetivo que comparecieran. A este acto procesal que se le llama de intimación.
– ¿Qué es intimación?
Es cuando el juez hace saber a los imputados los hechos que se les imputan (incriminan) los delitos por los que son acusados, y también los derechos que tienen como imputados, entonces, se le dio lectura primero a la denuncia que interpuso en 1990 el señor Pedro Chicas Romero.
Posterior, se le dio lectura a los hechos que están en la parte de la acusación y que se presentaron en el año 2006 en donde se describe la toma de Arámbala, el desplazamiento del Batallón Atlacatl en El Mozote y lugares aledaños y se fue leyendo la actuación de cada militar.
Así también, las reuniones que tuvieron los oficiales al mando; las órdenes de ejecución contra la población. Además se les leyeron cómo fueron los asesinatos que se cometieron; la destrucción de casas por incendios, es decir, todos los hechos que sucedieron en El Mozote.
– ¿Qué siguió luego de ese proceso de lectura de los hechos y acusaciones?
Luego de terminar la exposición de los hechos, el Juez leyó de manera comprensiva a los imputados los delitos que se les imputan a todos. Y que están establecidos en el Código Penal de 1973, que es asesinato, privaciones agravadas de libertad, daños agravados, actos de terrorismo y otros.
– ¿Cuántos delitos se les imputan?
Son nueve delitos. Y el juez amplió la explicación porque les dijo: se dice que ustedes cometieron violaciones en jóvenes y mujeres, luego las asesinaban, destruyeron cultivos, mataron animales domésticos, quemaron viviendas, sustrajeron bienes materiales como dinero y joyas, entonces todos estos hechos fueron mencionados en el proceso que llevó más de tres horas de la mañana.
– ¿Quiénes de los militares llegaron?
Estaba el General Guillermo García, el exviceministro José Adolfo Castillo; el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y el Coronel Natividad Jesús Cáceres, quien era el oficial del operativo, y que estaba al mando de las compañías militares en El Mozote en ese entonces, que era Mayor (rango militar) en ese entonces.
El juez les explicó a los imputados que en contra de ellos no habían señalamientos directos, pero por la “cadena de mando” y porque ellos eran los que planificaron, ordenaron la ejecución de las acciones. Entonces, se les estaba atribuyendo ese delito y esto quedó claramente establecido.
– ¿Cuál fue la reacción de los militares?
Primero, un total silencio, luego inquietos y, claro, molestos al final. El Juez les preguntó que si tenían abogado de oficio o defensores particulares, y claro, andaba un grupo de abogados del despacho del exfiscal Roberto Girón Flores; así como el otro abogado Lisandro Quintanilla, es decir, cuentan con un fuerte grupo de abogados que están asesorándolos.
El miércoles 29 de marzo, ese día llegaron siete citados, uno de estos no se presentó porque anda huyendo, que es el General Juan Rafael Bustillo por el Caso de los Jesuitas. Y el otro, un coronel que no se hizo presente fue porque parece que cambió de domicilio y no lo lograron citar de los nueve citados.
-¿Quiénes llegaron el 30 de marzo?
En el grupo del jueves 30 de marzo llegaron cinco imputados, el defensor de uno de ellos informó que su defendido se había enfermado por la notificación y ese día por cierto, le estaban aplicando un electrocardiograma. Otro que al parecer reportaron que había fallecido, bueno esa información se la dieron al juez. Y otros que posteriormente los van a localizar.
Ahí también llegó el abogado hermano del exministro del interior, Acosta Oertel y un grupo numeroso de abogados como el ex-director de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, quien tuvo cierto enfrentamiento con los medios de comunicación, que quiso restringir la cobertura.
Lo oportuno fue que los encargados de prensa del centro judicial y el juez mismo, permitieron el ingreso de la prensa y que los fotografiaran, porque el caso no tiene reserva, antes de preguntarles sobre si querían rendir una declaración indagatoria.
– ¿Qué es la declaración indagatoria?
Bueno, es un derecho a rendir o no una declaración. Los militares Flores Lima y Guillermo García dijeron estar de acuerdo en declarar siempre y cuando les citaran para eso, pero luego se retractaron y afirmaron que lo iban a consultar con el abogado, entonces, ya no emitieron ninguna declaración.
Este es un derecho a preguntar o repreguntar de la Fiscalía como de nosotros como “Acusadores Particulares” podemos cuestionar a través del Juez de la causa lo que consideramos o podemos expresar sobre los hechos en los que participaron.
Claro, estos oficiales quizá algunos no se establecieron en la zona, pero tenían conocimiento del operativo, entonces, es ahí donde se tiene que profundizar con la declaración, con las preguntas que puede hacer el juez y los fiscales.
Obviamente, los defensores tienen oportunidad de objetar cualquier tipo de pregunta, y que ellos consideren les puede dañar los intereses de los acusados, esto es normal, porque la indagatoria lleva a conectar al imputado con los hechos, a eso ayuda la declaración indagatoria.
– ¿Qué ocurrirá con los que no llegaron?
El juez advirtió a los imputados que no llegaron entre el 29 y 30 de marzo, que los va a citar con la advertencia de mandar a traer con “apremio”, esto significa que será la Policía Nacional Civil (PNC) la que llegara a traerlos, porque la intimación es un proceso personal con el imputado, no puede llegar el abogado y hablar por él.
Además, es el inicio para decirles que se les señala por algunos hechos, pero incluso, el juez no los señaló como responsables, porque fue garante del derecho de ellos, de la presunción de inocencia, o sea, nadie puede ser acusado, sin antes ser oído y vencido en un juicio.
Al final se firmó un acta con todos los imputados, abogados y esto prácticamente fue un proceso largo, solo entre 10 de la mañana a la 1 de la tarde, no hubo intervención de las partes, solamente observaciones como el nombre de algunos militares o defensores, o sea, cosas de forma para el acta.
– ¿Qué fue lo más importante de este proceso?
Creo que lo más importante de todo esto, es que por primera vez, se ha sentado en el banquillo de los acusados a estos militares que eran intocables. Y otra cosa positiva, fue ver a las víctimas llegar al tribunal como alrededor de 50 víctimas, pero solo ingresaron cinco a la sala. Esto les pareció un sueño que después de 37 años de haberse cometido y perder a sus familiares de la masacre de El Mozote, esto era una realidad ver a estos generales y coroneles ahí escuchando las acusaciones.
El 30 de marzo llegaron en su mayoría la línea de cadena de mando del Batallón Atlacatl , quienes en ese momento eran capitanes, y después de 1980 ascendieron a coroneles, generales todos de alto rango, algunos octogenarios.
Y me queda la convicción que comprendieron los hechos que estaban escuchando de lo que ocurrió con la población; pero ellos también desafiaron el sistema judicial, es decir, nos presentamos porque sabemos de qué están acusándoles; es un caso complejo y delicado que para mí, en este proceso están compareciendo por primera vez y se está superando el miedo y que puede servir para que la justicia despegue de una vez, y se pueda juzgar a estos militares que eran intocables, y algunos andan en los medios de comunicación descalificando estos hechos junto a sus abogados. Juzgar a estas personas permitirá un cambio en El Salvador porque va a generar valentía y poder de las víctimas.
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