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Gloria Silvia Orellana
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María Orellana, directora de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, manifestó que la “crisis alimentaria” ya es una realidad en El Salvador, por lo que consideró que es “urgente” que la institucionalidad del Estado asuma su obligación en garantizar los derechos de miles de familias afectadas por el impacto del cambio climático.
“La situación es compleja para las familias debido a que aún no se logran recuperar de la crisis ocasionada por la pandemia (COVID-19), luego, el encarecimiento de los alimentos de la Canasta Básica, que se agudiza con las pérdidas en cultivos de subsistencia por la sequía del fenómeno de El Niño”, argumentó Orellana.
En el marco de la celebración del Trigésimo Noveno aniversario de fundación de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, personal de la organización y líderes comunitarios expresaron su posición ante la “Crisis alimentaria en El Salvador”, por el alto costo de los alimentos de la Canasta Básica y los daños causados por la sequía en el territorio nacional.
Sobre la ayuda humanitaria, la directora de PRO-VIDA señaló que han logrado dar respuesta de ayuda y acompañamiento a 1, 064 personas en diversas comunidades, ya sea con kits de alimentos, de higiene y protección personal. Así como otros proyectos de empoderamiento de las comunidades como sujetos de derechos.
“El fenómeno de El Niño no solamente ha impactado la seguridad alimentaria de las familias, también ha provocado la escasez de agua para consumo humano con el agotamiento de fuentes provisorias de agua potable. Por lo que dimos respuesta a 400 familias de comunidades indígenas con difícil acceso al agua en occidente del país”, señaló.
De hecho, Bessy Ramírez, lideresa del cantón Los Pérez, municipio de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, en representación de 80 familias, expresó que el trabajo junto a PRO-VIDA, desde hace tres años, les ha permitido beneficios colectivos.
“Les agradecemos porque nunca había llegado alguna institución a nuestra comunidades a trabajar con nosotros. Hemos obtenido muchos beneficios como aves de corral, y ahora tenemos pollitos, huevos e incubadoras”, afirmó.
“Tenemos también lavaderos públicos, esto ha sido una gran ayuda porque nosotros en nuestra comunidad tenemos bastante problema con el agua potable, porque allí casi no llega el agua y lo mejor para los niños y su salud”, reafirmó Ramírez.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado en su informe que más de 8 millones de personas en Centroamérica sufren de “hambre de moderada a severa” , debido a los altos precios de los alimentos, la dependencia de los mercados no nacionales y esperan una proporción mayor de inseguridad alimentaria a nivel de crisis o emergencia.
“En El Salvador, la población que se espera necesite asistencia humanitaria alimentaria en el año 2024 será mayor en comparación al presente año. En el Corredor Seco Centroamericano, se pronostica que los agricultores pierdan hasta un 24% de sus cultivos este 2023”, acotó la directora de PRO-VIDA.
La directora señaló como ejemplo el cierre de fronteras y la escasez de verduras en el mercado salvadoreño que dejó al descubierto la dependencia de productores no nacionales. Y el abuso en el manejo de los precios, pese a la Defensoría del Consumidor.
“Aquí hay un aprovechamiento de quienes venden las verduras o frutas, porque hay productos que no vienen de Guatemala, pero al igual están caros los productos. El plátano lo venden en algunos lugares a 0.45 centavos cada uno, y el plátano no viene de Guatemala, si no de Honduras, entonces, qué sucede con los consumidores”, reiteró Orellana.
Desde esta perspectiva de derechos humanos, también compartió su experiencia junto a PRO-VIDA, María Sandra Cordero, del cantón La Anona, municipio de San Luis Herradura, departamento de La Paz, quien consideró como “valiosa” la ayuda para garantizar el derecho al agua.
“Nos dieron filtros para potabilizar el agua porque en las comunidades sólo tenemos pozos y no tenemos agua potable. Y porque están en zonas bajas los pozos se nos inundan por las tormentas que los ensucian y contaminan, entonces, los filtros nos ayudan”, explicó.
“Y como saben, el derecho a la salud con PRO-VIDA es una gran ayuda porque muchas veces las comunidades están lejos de los municipios y de los lugares en donde podamos obtener una salud digna para las mujeres rurales como nosotros”, acotó Cordero.
Uno de los componentes de PRO-VIDA, para dar acompañamiento a diversas comunidades del territorio nacional, es con el apoyo de la cooperación internacional como Star Network, con los cuales desarrollan proyectos como agua y saneamiento, salud, huertos caseros y cría de aves de corral, entre otros cursos técnicos para mujeres como fontanería básica.
“Formamos parte de una red como Star Network, y PRO VIDA, pese a ser una organización pequeña, somos miembros activos de esta red y podemos acceder a fondos de emergencia y estos fondos nos ayudan llegar a la comunidad para darles apoyo”, observó la directora de PRO-VIDA.
“Consideramos que a nivel institucional de PRO-VIDA, haremos lo que podamos para enfrentar un fenómeno tan fuerte como El Niño, y todo lo que podamos hacer como sociedad civil es importante para tener una respuesta, pero el obligado a resolver esta situación es el Estado salvadoreño”, reiteró.
En cuanto al sector agropecuario, insistió que el Gobierno debe contar con políticas para resolver situaciones de emergencias y un plan a largo plazo de manera sostenible. Ante la multi vulnerabilidad del país, que se encuentra a su vez, enfrentando los impactos del cambio climático y la situación grave en que se encuentra ya muchas comunidades rurales.
“Se han dejado de lado los incentivos que antes daban a los cultivos de subsistencia para las familias. Ahora ni eso tienen y es un gran reto para el gobierno central promover y trabajar para la gente y no solo en su marketing político a nivel internacional. Nosotras y nosotros sabemos la realidad de lo que se está viviendo en el país”, puntualizó Orellana.
