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Mirna Jiménez
DiarioCoLatino
La Organización Cristosal dedicada a socorrer familias desplazadas por la violencia, manifestó ayer que la aplicación de estrategias contra la delincuencia similares a las implementadas en gobiernos anteriores, consistentes en limpiar de pandillas determinada zona y abandonar el lugar, no frenará los desplazamientos forzados.
“Si hay medidas de seguridad, el uso de planes que parten de principios que también sostenían las autoridades de seguridad pública anterior, de entrar a una zona, limpiarla entre comillas y luego esperar que las personas que se vieron obligadas a desplazarse por violencia principalmente pandilleril regresen a esas casas, nuevamente a habitarlas es un punto de vista equivocado”, afirmó Celia Medrano, directora de Cristosal.
La activista de los derechos humanos afirmó, que si el Estado no es capaz de garantizar su presencia permanente en esas comunidades donde se ha producido el desplazamiento de personas por presiones de las pandillas, las víctimas de desplazamientos no están convencidas de regresar, pues estos territorios vuelven al cabo de algún tiempo al control de esos grupos. “Hay personas que nos dicen: si no se garantiza la continuidad de las condiciones de seguridad, las pandillas regresan con más fuerza y nos pueden acusar de que fuimos nosotros al regresar a las casas los que estamos apoyando a la Policía y a la Fuerza Armada”, explicó.
En los últimos tres años han crecido los desplazamientos provocados por actores estatales, y de 3 % en 2017 ha pasado a 12 %.
Abraham Ábrego también integrante de Cristosal afirmó, que aunque el Estado ha terminado por reconocer el fenómeno del desplazamiento forzoso por violencia, todavía no asume responsabilidad en atender de forma coordinada a las víctimas.
Ábrego dijo que solo el CES (Contribución Especial para la Seguridad Pública) está recibiendo unos $110 millones anuales, y “hay que revisar cómo se está distribuyendo”.
De una forma similar se expresó Medrano, quien dijo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre los desplazados aún es una deuda pendiente para las instituciones públicas.
“Todavía no se ha cumplido la sentencia 411-17 en lo que se refiere a asumir desde la Presidencia de la República el reconocimiento de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado”, afirmó ayer en el canal 33.
