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@OscarCoLatino
Estudiantes de las carreras de Relaciones Internaciones y Derecho de la Universidad de El Salvador (UES) participaron en el foro denominado “¿Qué pretende Luis Almagro desde la OEA contra Venezuela?”, en el que se analizaron algunas de las acciones del secretario general del organismo regional en contra de Venezuela.
En el foro participó Antonio Núñez, Consejero de la Embajada de Venezuela en El Salvador, el cual expresó: que el accionar de Almagro es parte de una “arremetida imperial” en contra de los gobiernos progresistas de la región.
“El imperialismo regional y sus aliados locales están actuando en consecuencia y utilizando mecanismos para detener el proceso de cambios geopolíticos que se están dando en Nuestra América”, dijo el consejero de la embajada venezolana.
Núñez agregó que Almagro está utilizando al organismo regional para justificar una intervención en Venezuela.
“No estamos hablando de qué pretende la OEA como organización, sino de lo que ha hecho Luis Almagro desde que llegó a la secretaría general contra Venezuela, utilizar ese organismo para justificar una intervención a gran escala contra Venezuela”, explicó. La intervención en Venezuela no solo puede ser militar, sino también económica, esto mediante bloqueos como el impuesto a Cuba, político a través de deslegitimar a gobernantes electos popularmente. Núñez consideró que los intentos de intervención en contra de Venezuela, pueden ser promovidos contra otras naciones de la región.
“No es la OEA, es la utilización que fuerzas han hecho de la OEA en contra no solo de Venezuela, sino en contra de cualquier proceso progresista en Nuestra América”, enfatizó.
Caso salvadoreño
En su participación en el XX seminario internacional “Los Partidos y una nueva sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo de México, Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, en El Salvador, se ejecuta una estrategia de desestabilización.
“Al igual que en el resto de nuestro continente, en El Salvador la contraofensiva de la restauración oligárquica neoliberal, está basada en los conflictos de amplio espectro, golpes suaves, con la combinación de simultaneidad y acción ofensiva permanente, sus destacados aspectos de la llamada judicialización de la política y activismo judicial o lo que algunos llaman el lawfare (método judicial de guerra no convencional para conseguir un objetivo político), usando como arma principal las empresas hegemónicas de comunicación al servicio de los intereses oligarcas con sus diversificadas tácticas de desinformación, propaganda, manipulación, difamación, dispersión informativa, saturación de negativismo”, denunció González.
El dirigente político indicó que el FMLN identificó siete ejes de desestabilización, coincidentes con experiencias en el resto de procesos hermanos, pero cada uno con su respectiva especificidad nacional de operaciones subordinadas. “Va desde el clásico debilitamiento del Gobierno, pasando por la inseguridad, debilitamiento del partido de izquierda hasta el eje de golpear desde afuera hacia dentro”, externó González.
El secretario general del FMLN agregó que en el caso salvadoreño “otro ataque principal es el ahogamiento financiero del Gobierno Central: lo implementan a través de la correlación parlamentaria actual, donde la derecha sigue en mayoría, y con sentencias judiciales de la Sala de lo Constitucional, declarando inconstitucional todo tipo de ley y decreto gubernamental que procuraría ingresos a las arcas del estado.
El poder judicial al servicio del bloqueo financiero desestabilizador”.
Además, González explicó que “desde esa trinchera de sentencias de anticonstitucionalidad no solo se asfixia financieramente al Estado”. Sino que también se impone una reforma política, “que la oligarquía vía poder electoral jamás lograría impulsar, por falta de correlación política”.
Entre las reformas ejecutadas a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional destacan: la implementación de candidaturas no partidarias, la reducción de cantidad de diputados, debilitamiento de la identificación programática partidaria del electorado vía el impulso de formas de votar que fomentan la individualización y despartidización de las candidaturas, reglas de funcionamiento interno asemejando a todos los institutos políticos, fomentando el internismo electorero y la compra de candidaturas en los partidos.
González denunció la “maniobra en curso, cuyo desenlace aún no está definido”, esto a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional de separar de su cargo al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas.
