Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Un grupo de estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) desarrolló una movilización pacífica, en la cual se tomaron en cuenta todas las medidas para evitar contagios de COVID-19, con el fin de conmemorar el 45 aniversario de la masacre del 30 de julio de 1975, perpetrada por elementos de las extintas Guardia Nacional y Policía de Hacienda.
Los participantes en la marcha lamentaron -mediante un comunicado de prensa- que debido a la incidencia de la COVID-19 en el país no se pudo desarrollar una marcha multitudinaria como en años anteriores.
“Hoy son pocos los que participan en este acto, pero miles los que nos sumamos al sentimiento de rabia y a las exigencias de justicia que 45 años después de la masacre siguen haciendo eco en los oídos sordos de los gobiernos de turno, aquellos estudiantes asesinados se enfrentaron sin miedo pero sin armas ante una dictadura genocida que los ametralló sin piedad”, reza el documento.
Según los universitarios la pandemia ha desnudado un sistema de desgobierno que consideran criminal ya que permite el resurgimiento del militarismo ignorando el daño causado a la población en el pasado.
Otro de los sectores a los que, a juicio de los estudiantes, desenmascaró la COVID-19 es la empresa privada que obliga a sus empleados a ir a laborar, exponiéndolos al virus y aun sabiendo que no hay transporte público disponible para que se movilicen y exigen al Estado recursos para salvar sus negocios.
Los participantes en la movilización también señalaron que el Gobierno aprovecha la emergencia sanitaria para conceder permisos ambientales a las empresas destructoras de nuestro medioambiente y retomar las privatizaciones, como es el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia recién concesiona a empresas israelíes.
Para los estudiantes de la UES, las acciones desarrolladas por el actual Gobierno dejan claro que las transformaciones reales no se hacen en las urnas sino en las calles, con lucha permanente, por lo que llamaron a la población a organizarse fuera de los partidos para implementar un sistema donde los políticos tengan cargos revocables y salarios similares a los de un trabajador y los empresarios sean fiscalizados de forma estricta.