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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
El pasado 2 de diciembre, se celebró la clausura del IV Diplomado de Laicidad del Estado, Genero y Democracia, que por cuarto año consecutivo organizan la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro de Estudios de Genero de la UES y el Movimiento por una Cultura Laica, con el objetivo de contribuir a la defensa del carácter laico del Estado, para fomentar la libertad de pensamiento y creencias de todas las personas, así como la autonomía de las instituciones del Estado, ante las iglesias e instituciones religiosas en la definición de leyes y políticas públicas, mediante una formación conceptual que estimule el sentido crítico ante prácticas sociales, políticas e institucionales. En la edición de este año egresaron 55 personas el 84 % mujeres y el 16 % hombres, y el acto de Clausura y entrega de Diplomas se realizó celebrando el Foro “La sexualidad y el control del cuerpo, campo de disputa ideológica”, donde se presentó un análisis de los actores que se oponen en El Salvador, al reconocimiento y garantía de derechos de las mujeres, de la población LGTBIQ y de los derechos sociales y derechos reproductivos de toda la ciudadanía. Y se tuvo la conferencia magistral “La política sexual contemporánea. Las reacciones neoconservadoras en América Latina”, impartida por el académico e investigador argentino Dr. Juan Marco Vaggione.
Esta actividad contribuyo a una reflexión sobre la importancia de fortalecer el principio de laicidad en todas las actuaciones del Estado. Un principio básico del Estado moderno para garantizar, tanto la libertad de creencias y pensamientos de toda la ciudadanía, como la autonomía del Estado en su actuación respecto a las instituciones religiosas, imprescindible para la consolidación democrática de nuestra sociedad.
La articulación de la Universidad de El Salvador, única universidad pública del país con organizaciones sociales para promover el estudio y difusión del principio de laicidad del Estado, está permitiendo que profesionales, funcionarios públicos y líderes sociales, incorporen conocimientos para transformar sus prácticas de actuación y para demandar que el Estado, a través de sus funcionarios, empleados y operadores, garantice la necesaria autonomía entre los ámbitos políticos y religiosos.
