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Madrid/AFP
La organización armada independentista vasca ETA sigue adelante con el proceso unilateral de sellado de su arsenal, afirmó el domingo un grupo de expertos internacionales, a lo que el gobierno regional vasco respondió proponiendo un plan «rápido, viable y efectivo».
La denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV), grupo de expertos creado en 2011 y no reconocido por Madrid, «ha recibido informes de ETA de que continúa el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos», informó en un comunicado.
La organización independentista vasca «ha reiterado a la CIV el compromiso que hizo público el 1 de marzo de 2014», agregó este grupo de expertos en resolución de conflictos, encabezado por el exministro de inteligencia de Sudáfrica, Ronnie Kasrils.
Durante una visita al País Vasco en febrero, la Comisión anunció ante los medios de comunicación haber constatado que ETA había «puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos».
Se trataba de un gesto simbólico más de dos años después que la organización armada anunciase el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia, sin conseguir desde entonces entablar negociaciones con el gobierno español para su desaparición.
El 1 de marzo, ETA confirmó en un comunicado su compromiso a «sellar hasta el último arsenal» y ponerlo «fuera de uso operativo». Y el 20 de julio anunció «el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas» utilizadas para sus atentados.
Ninguno de estos gestos recibió respuesta de Madrid, quien exige a la organización, considerada responsable de la muerte de 829 personas en cuatro décadas de atentados, una disolución sin condiciones.
‘El no-desarme impide pasar página’
«Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada», afirmó el ejecutivo regional vasco, dirigido por los nacionalistas del PNV.
«A efectos prácticos y políticos, se trata de una forma de no-desarme», puntualizó, en respuesta al anuncio de la CIV, refiriéndose al método elegido por la organización.
«Ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme», afirmó el ejecutivo vasco, que ante la inacción de Madrid ya ha propuesto anteriormente realizar el proceso localmente.
Propuso así la creación de un comité, con el apoyo del parlamento regional vasco, al que ETA trasmita la localización de sus arsenales.
«La sociedad política y social vasca no es la misma con o sin desarme», enfatizó, estimando que «el no-desarme impide pasar página, constituye un elemento fáctico y simbólico que nos ancla al pasado y recuerda la amenaza de violencia».
El presidente del gobierno vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, se reunió en septiembre en Madrid con el jefe del gobierno español Mariano Rajoy, al que pidió «consensuar entre ambos gobiernos una política de
Estado en torno a la paz y la convivencia» que incluyera «el desarme definitivo y verificado de ETA», había informado su ejecutivo.
Creada en septiembre de 2011, la CIV está compuesta también por Chris Maccabe, exdirector político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido; Ram Manikkalingam, exasesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres tamiles; Satish Nambiar, exjefe de misión de la ONU en la ex-Yugoslavia en 1992 y 1993; Aracelly Santana, exrepresentante adjunta del Secretario General de la ONU y Fleur Ravensbergen, subdirectora del Dialogue Advisory Group.
