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Iosu Perales
Nunca antes en la historia mundial de los conflictos armados se había dado el hecho de que una organización armada opositora quiera desarmarse y el Gobierno se lo impida de forma reiterada. Es algo inédito, insólito y contra el sentido común. Ha ocurrido en el Estado español. Para deshacer el bloqueo ha sido la sociedad civil organizada con el nombre de Artesanos de la Paz quien han asumido la responsabilidad, no sin riesgos de tipo policial y judicial, de facilitar el desarme de ETA (Euskadi ta Askatasuna) y entregar a la justicia francesa las coordenadas de ubicación de los ocho zulos o depósitos del armamento enterrado en territorio del País Vasco francés.
Justamente escribo este artículo en el momento en que se está produciendo esta entrega, en el llamado Día del Desarme, sábado 8 de abril. Un día transcendental para el pueblo vasco pues se pone fin a cincuenta años de una lucha armada que se ha cobrado 850 víctimas de ETA y decenas de víctimas del Estado, entre ellas 16 personas ejecutadas por el escuadrón GAL, organización tras la que se encontraba el Ministerio del Interior del partido socialista en el Gobierno.
Hace cinco años, en octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su lucha armada. Desde entonces ha buscado una vía de negociación con el Gobierno español para hacer entrega de las armas en un escenario que le diera cierto protagonismo. El Gobierno español, en manos del derechista Partido Popular ha negado siempre esa posibilidad, conminando a la organización armada a rendirse incondicionalmente. A finales de ese año 2011, se constituyó una Comisión Internacional de Verificadores, con apoyo discreto del Gobierno Vasco y de algunos partidos políticos y sindicatos. Formado por expertos en los conflictos de Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tanzania, Sri Lanka, Kosovo, Iraq y Nepal, y liderados por Ram Manikkalingam, establecieron contacto con ETA. Inmediatamente el Gobierno español desautorizó a esta comisión, insistiendo en su propósito de detener uno por uno a los militantes de ETA y ponerlos en manos de la justicia.
En febrero de 2014 ETA entregó unas pocas armas a los verificadores antes las cámaras de la televisión inglesa BBC. El acto fue pura teatralización pues la entrega se redujo a cuatro armas de fuego, 16,5 kilos de material para fabricar explosivos, 300 cartuchos SP y dos granadas de carga hueca Hepat, además de nueve temporizadores y 190 metros de cordón detonante. La justicia española citó a declarar a los verificadores y una campaña agresiva del Gobierno español y del partido que lo sostiene, colocó a los verificadores como “tonos útiles” de una ETA que sólo buscaba ser un actor protagónico. Lo cierto es que el número de armas entregadas fue motivo de dura crítica de la sociedad vasca.
En diciembre de 2016 cinco personas de nacionalidad francesa son detenidas en la localidad de Luhuso cuando estaban preparando un operativo para el desarme de ETA. Son parte del grupo Artesanos de la Paz, personas muy conocidas por su activismo social en sindicatos y organizaciones campesinas. La reacción de la ciudadanía vasco francesa es inmediata y miles de personas se manifiestan en la ciudad de Baiona pidiendo su libertad. La misma petición es hecha por 655 electos locales de todos los partidos en la región vasco francesa. Es entonces cuando el presidente francés Hollande toma la determinación de distanciarse del Gobierno español y no poner obstáculos a la iniciativa de la sociedad civil, nombrando a tres personas de su confianza, el primer ministro Bernard Cazeneuve, la senadora Fréderique Espagnac y el delegado del Gobierno en los Pirineos Atlánticos, Éric Morvan, para mantener vínculos con los autodenominados Artesanos de la Paz. La reacción del Gobierno español ha sido la de seguir criticando duramente el desarme, caracterizándolo como una romería, pero dejando a un lado la amenaza de impedirlo.
Es así como llegamos al momento actual. Escribo cuando las cadenas de radio y televisión anuncian que la entrega de armas ha sido ya realizada y la gendarmería francesa interviene en los zulos bajo la presencia de testigos de la sociedad civil: tres toneladas de material explosivo, 120 armas de fuego entre pistolas y fusiles y miles de detonadores. Y justamente a las 15 horas p.m. miles de ciudadanas y ciudadanos llenan la plaza mayor de la ciudad vasco francesa de Baiona, para celebrar la paz.
Las reacciones políticas son unánimes, a excepción de los partidos de derechas, Partido Popular y Ciudadanos. Para estos partidos el Día del Desarme es tan solo un intento de blanquear la historia de ETA. Son incapaces de ver que el paso dado por la organización armada es la antesala de su disolución y pone fin a décadas de atentados. Como digo, la inmensa mayoría de partidos, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía, teniendo siempre en el recuerdo a las víctimas, valoran el punto y final del terrorismo de ETA. Es preciso recordar que cuando el 19 de junio de 1987 puso ETA una bomba en un gran hipermercado ubicado en Barcelona, matando a 21 personas e hiriendo a 45, comenzó un proceso sostenido de pérdida de sus apoyos sociales. Desde esa fecha hasta el cese de sus actividades, hace ahora poco más de cinco años, la sucesión de bombas colocadas muchas de ellas en los bajos de vehículos, llevó a ETA a un envilecimiento que desnaturalizó por completo sus objetivos fundacionales. Lo que ahora toca es su disolución. Se lo exige el conjunto de la sociedad vasca, tanto de Hegoalde (Euskadi y Navarra en el Estado español) como de Iparralde (Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra, del lado francés). Es verdad que la existencia de 350 presos y presas de la organización presiona en sentido contrario, pero lo más lógico es pensar que pueden emprender vías individuales para lograr acortar sus penas y la excarcelación. Ahora bien, la sociedad vasca también exige al Gobierno español algunas medidas que hagan más fácil el proceso de paz, como por ejemplo el acercamiento de los presos y presas, actualmente dispersos por la geografía española, en contradicción con la propia Constitución que indica que las penas deben cumplirse en cárceles cercanas a sus domicilios para facilitar su reinserción social. Pero el Gobierno español ya ha anunciado hoy mismo que no cederá un milímetro en su dura política antiterrorista. Por eso mismo es de esperar que Mariano Rajoy pida a Francia la entrega del armamento a fin de que sea estudiada su posible participación en 225 atentados aún sin resolver. El siguiente paso será el de exigir a los miembros de ETA que puedan ser detenidos que se conviertan en delatores como forma de colaborar con la justicia. En todo caso, para la derecha española se trata de no parar en su utilización de ETA como arma electoral y, sobre todo, como factor de neutralización del nacionalismo vasco.
Pero sea cual sea la posición del Gobierno español, es mi opinión que ETA debe mostrar públicamente un claro desacuerdo con su lucha de 50 años; debe decir que matar estuvo mal.
